Reproducción asistida, ¿qué viene tras la Corte?

¿Qué medidas va a tomar la Secretaría de Salud Federal para evitar que se siga discriminando en el acceso a los servicios de reproducción asistida?

Por: Alex Ali Mendez (@alex_ali_md) 

El 29 de noviembre, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, por unanimidad de votos, conceder el amparo a María Teresa en contra de los criterios de acceso al Programa de Reproducción Asistida del Centro Médico Nacional “20 de noviembre”.

María Teresa inició el juicio de amparo, con el acompañamiento de GIRE, en abril de 2016 cuando el Centro Médico le negó el ingreso al Programa debido a su edad. En ese momento ella contaba con 36 años, llevaba más de cuatro intentando un embarazo. La sentencia de la Corte llegó 19 meses después de iniciado el juicio.

En su sentencia la SCJN determinó la inconstitucionalidad de tres criterios de ingreso al Programa de Reproducción humana: a) el límite de edad de 35 años, b) el requisito de que sean parejas constituidas legalmente y c) que quienes soliciten el ingreso no tengan anomalías genéticas.

Resalta el tema del límite de la edad porque es el motivo más frecuente para el rechazo de usuarios en estos servicios; al respecto, la Segunda Sala señaló en su proyecto de resolución:

  1. (…) el requisito del límite de edad no está directamente relacionado con la finalidad que tiene el derecho a la salud, toda vez que este derecho incluye el acceso a los servicios de salud reproductiva, por lo que las autoridades deben garantizar que los pacientes que lo soliciten puedan ingresar a los tratamientos de infertilidad que ofrece el Centro Médico Nacional “20 de noviembre”.
  2. Por otra parte, si bien la edad es una cuestión importante a considerar en la aplicación de los tratamientos de reproducción asistida, como se mencionó anteriormente no es el único factor determinante para su éxito, ya que existen otros elementos a considerar como el número de ovocitos de calidad disponibles y las patologías reproductivas tanto del hombre como de la mujer.

Es la primera vez que la Suprema Corte hace un estudio constitucional de los requisitos de ingreso al programa de reproducción asistida. Sin embargo, el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED) ya había alertado lo discriminatorio de estos criterios.

Las decisiones de la SCJN y la de CONAPRED han dejado al descubierto la situación de inseguridad jurídica que se vive en México por la falta de una regulación sobre las técnicas de reproducción asistida.

En el informe Niñas y mujeres si justicia, GIRE expone esta situación señalando que, a pesar de que existen diversas instituciones públicas y privadas que prestan estos servicios, actualmente no hay claridad sobre quiénes y bajo qué criterios (médicos y legales) pueden hacerlo. En dicho material, GIRE sostiene que “en México la falta de una normativa que regule las técnicas de reproducción asistida implica que se prestan sin una verificación sanitaria adecuada que proteja los derechos, la seguridad y la integridad física de las personas que se someten a este tipo de tratamientos”.

Esto repercute en que quienes desean acceder a estos servicios médicos están a merced de los criterios que cada institución establece —de manera arbitraria— para los servicios de reproducción asistida que ofrecen.

Las preguntas que surgen son, ¿en dónde está el poder legislativo?, ¿qué medidas va a tomar la Secretaría de Salud Federal para evitar que se siga discriminando en el acceso a los servicios de reproducción asistida?, ¿cuál es el papel de los gobiernos y congresos locales?

Con esta sentencia se logra un avance importante, pero por tratarse de una sentencia de amparo que beneficia sólo a quien lo tramitó, cualquier otra persona o pareja que quiera hacer valer sus derechos, deberá seguir la misma vía judicial para lograrlo.

Así las cosas, la Suprema Corte ya ha enviado un mensaje claro sobre las violaciones a derechos humanos inmersas en estos criterios discriminatorios. En un estado democrático, un pronunciamiento del más alto tribunal del país debería poner a trabajar a las instituciones para evitar que se sigan violando derechos humanos. Ya veremos cuál es la respuesta: si finalmente logramos tener una regulación efectiva en México, o si, como en tantos otros temas, el gobierno y el poder legislativo prefieren discutir cómo se reparten los bonos en lugar de preocuparse por respetar la Constitución.

 

@GIRE_mx

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