Ser mujer adolescente en Sinaloa: el caso de Marielos

Una mala atención médica prenatal dejó secuelas de por vida en la salud de Marielos, embarazada a los 13 años. Hoy la Secretaría de Salud de Sinaloa se niega a aceptar su responsabilidad, por lo que el litigio continúa.

Por: Anel Ortega

Imaginen, por un momento, que estamos en el año 2015 y ustedes viven en Sinaloa, uno de los estados más complejos del norte del país, por la cantidad de sospechas y datos duros sobre la inseguridad[i], la corrupción política y los cárteles.

Recuerden que en los municipios de Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y Navolato, en el marco de la solicitud de alerta de violencia de género, se analizaron  casos y estadísticas de violencia contra las mujeres entre 2005 y 2017, concluyéndose que en Sinaloa existe “un contexto complejo de prácticas culturales que coloca a las mujeres en situación de vulnerabilidad, lo que contribuye a que se generen las condiciones idóneas para que se produzca y reproduzca la violencia contra las mismas”.

Ahora miren un segundo al espejo y vean que son una mujer que nació y creció en Sinaloa. En particular, que viven en el municipio de Ahome, que sólo tienen 13 años y que acaban de iniciar la escuela secundaria. Piensen en su pueblo de seis mil habitantes, donde solo hay un centro de salud de primer nivel y que, un día, acuden por un dolor estomacal pero les dicen que está embarazadas.

Piensen que, como ustedes, al 2010 habitaban en México más de 3 millones de niñas entre los 12 y 14 años, de las cuáles poco más de 79 mil vivían en Sinaloa y más de 11 mil en Ahome. Sin embargo, solo contaban con derechohabiencia al Seguro Popular 960,435 a nivel nacional, 24,625 en Sinaloa y 3,013 en Ahome.

Tal vez no lo saben, pero al 2014 en el país se registraron más de 11 mil nacimientos de madres que eran niñas menores de 15 años. En Sinaloa —quinto lugar nacional en embarazo adolescente— se registraron 380 casos, de los que 42 ocurrieron en Ahome con 1 de una niña de 10 años, 2 de 12 años, 9 de 13 años y 30 de 14 años.

Vuelvan a mirarse: su caso no es aislado ni el único, por el contrario, muestra la necesidad de adaptar los servicios y políticas públicas hacia un sector de la población que es especialmente vulnerable, por el contexto particular del estado y por las necesidades que las niñas y adolescentes requieren una vez que se continúa con el curso del embarazo.

Así, en un primer momento lo preocupante de las cifras de embarazo en niñas y adolescentes, además de las causas subyacentes como la desigualdad de género, la pobreza, la violencia y coacción sexual, son las políticas nacionales que restringen el acceso a anticonceptivos y educación sexual adecuada a la edad, y la falta de acceso a educación y servicios de salud reproductiva.

En un segundo momento, si reflexionamos en el número de casos de embarazos y nacimientos, deberíamos preguntarnos qué pasa con la cobertura médica de los servicios obstétricos que esas niñas, como ustedes, requieren.

Creerían que, con esas cifras, existirían en el país y en Sinaloa los servicios médicos adecuados y efectivos para proporcionar especialmente a las adolescentes un control prenatal adaptado, atender sus emergencias obstétricas y vigilar su puerperio con especial cuidado porque esos embarazos, médicamente hablando, son clasificados como de alto riesgo[ii] para la vida y la salud de la madre y del bebé.

Si miran más detenidamente en ese espejo, si ustedes tienen 13 años, no se preocupan por conocer las cifras o los detalles del precario sistema nacional de salud o la falta de cobertura de todos los servicios para el necesario cuidado de la salud materna —porque a veces, ciertas secuelas derivadas de la atención de los partos no son cubiertas por el Seguro Popular al momento de su implementación estatal—. Y no se preocupan porque no es su responsabilidad, sino es obligación del Estado en su conjunto proporcionarles acceso a los servicios de salud que requieran de forma accesible, sin discriminación, de calidad y sin obstáculos.

Un día antes, tan solo uno antes de ese dolor estomacal, ustedes eran una de las hijas e hijos que dependen del trabajo que realiza por horas su madre en una tortillería, única fuente de ingresos que les permite tener una cobertura médica con el Seguro Popular, porque su padre trabaja en alta mar y por temporadas en las aguas del mar de Cortés.

A lo largo de su embarazo los médicos que llevaron su control prenatal se limitaron a prescribirles como tratamiento que cuidara sus emociones y no comiera sal para evitar que la presión aumentara, pero ni ustedes ni su familia recibieron mayores indicaciones ni cuidados. Las pocas veces que les atendieron ni siquiera revisaron su peso.

Con el paso del tiempo tuvieron que dejar sus clases, pero su tenacidad les hizo continuar estudiando en su casa mientras vieron su realidad transformarse sin tener mucha certeza de hacia dónde se dirigían y el día que comenzaron a presentar contracciones informaron a sus familiares que ustedes tenían preclampsia y la presión muy alta, a pesar de lo cual en el Hospital General de Los Mochis les hicieron esperar casi 7 horas para atender su parto. A su familia le dijeron que estaban bien e, incluso, las dieron de alta al día siguiente. Pero ustedes no estaban bien, incluso, su visión estaba afectada.

Hasta aquí ustedes recuerdan qué sucedería los próximos días de agosto y septiembre del 2015, pero sus familiares les narran que a partir de ese momento padecieron temperatura y desconocieron a las personas a su alrededor, para volver a ser admitidas en el Hospital General de Los Mochis donde les informan que ustedes padecen eclampsia[iii] y Síndrome de Hellp, complicaciones graves del embarazo: ustedes enfrentan un infarto cerebral. Y tras recibir muchas transfusiones de sangre, las autoridades piden a su familia que cubran los gastos para sus tomografías porque no cuentan con el equipo necesario. Incluso, ustedes terminan en coma.

Por insistencia de su familia y porque su estado de salud no mejoraba, gracias a la presión mediática que se enfocó en los motivos de su embarazo pero no en las omisiones de la atención del parto y el alta médica, ustedes son llevadas a Culiacán: la travesía del puerto a Los Mochis ahora termina a 250 kilómetros, en la capital del estado, porque en cada escala los servicios médicos tuvieron deficiencias.

Esto que leyeron y pudo ocurrirle a millones de mujeres ha sido la vida de Marielos durante los últimos tres años, tras sobrevivir a esas complicaciones médicas. Ahora con casi 16 años, con una niña a su cargo, estudiante de Preparatoria (gracias a lo cual tiene seguridad social), que trabaja los fines de semana pero que depende de los cuidados y apoyo de su madre, no ha dejado de exigir justicia, porque sabe y siente que no es normal que las adolescentes y las mujeres que se embarazan sufran, ni que sea natural que un parto cause estragos en su salud o tome la vida de las mujeres. Intuye que no es normal que en Sinaloa el hecho de ser madre adolescente asigne un papel trágico que normaliza la violencia en la atención obstétrica o que pretenda culpabilizar a las mujeres por quedarse embarazadas.

A mí ella me ha demostrado que más allá de las discusiones estériles de académicas que desde un escritorio banalizan las agresiones y acoso sexuales, la violencia o los patrones escondidos que no nos permiten ejercer con libertad nuestra autonomía sexual, esos mismos alimentan las barreras para el cuidado y atención de nuestra salud reproductiva.

Esos estereotipos abiertos de que las mujeres merecemos que nos pase la violencia o las agresiones o esos estigmas encriptados que normalizan el sufrimiento o la muerte tras el parto, están ahí, bien presentes y arraigados también en un gremio médico que está convencido de que ellos no cometen errores, de que es natural y normal que se compliquen las cosas, que nos siguen tachando de quejumbrosas, de alarmistas, de chinga quedito o de histéricas, o que hasta acusa a nuestras familias por entorpecer sus tratamientos médicos —que, dicho sea de paso, no cumplen con los estándares legales de cómo debe proporcionarse orientación y explicación de las enfermedades y tratamientos médicos para obtener el consentimiento informado de las mujeres y sus familias en todo momento—.

Durante el transcurso de estos años descubrimos que Marielos presentó varias complicaciones médicas derivada de una preeclampsia severa que evolucionó a un síndrome de Hellp, debido a la omisión de los factores de riesgo (como lo era el embarazo adolescente y su aumento de índice de masa corporal), la falta de detección de la preeclampsia, y la falta de vigilancia y detección de los daños ocasionados a órganos blancos por anemia hemolítica, trombocitopenia, encefalopatía hipertensiva (daño en el sistema nervioso central), coagulación intravascular diseminada e insuficiencia renal (la cual derivó en secuelas como la realización de hemodiálisis hasta por tres meses posteriores al parto).

A pesar de esa mala atención, en algún momento a su familia le dijeron que “dieran gracias, que ya la habían ayudado mucho”, porque dicho sea de paso el Seguro Popular no cubre ni abarca enfermedades crónicas como la renal y se niegan a reconocer formalmente que sus padecimientos se derivaron de la atención del parto.

Con ese cinismo, durante el trámite de la queja que se presentó ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del estado de Sinaloa, descubrimos que Marielos tiene secuelas permanentes, pues se dañó su nervio óptico y ahora padece, además, Hemianopsia homónima izquierda, habiéndose constatado que perdió aproximadamente el cincuenta por ciento de campo visual en ambos ojos.

Con sus quince años a mí ella me ha enseñado que indignarse no es suficiente y que no hay que abandonar el tortuoso camino de los procesos legales —una carpeta de investigación penal, una queja de derechos humanos y dos amparos en su currículum ya—, no importando si al mismo tiempo hay que estar peleando porque le den atención médica, le hagan la hemodiálisis o sus estudios, la reciban en consulta o si no hay aparatos para realizar los estudios que requiere y hay que ir, otra vez, del puerto hasta Culiacán. Todo esto sin abandonar sus estudios y aprender a hacerse cargo de su hija.

Con la emisión de la Recomendación 18/2017 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del estado de Sinaloa que acredita violaciones a su salud por la atención del parto, las consecuencias que causaron estos años y las secuelas de por vida, sentí que tuvimos un momento de respiro, a casi tres años de que todo comenzó.

El 24 de enero de 2018 formalmente nos hicieron saber que la Secretaría de Salud del estado de Sinaloa simplemente se limitó a indicar que no aceptaba la recomendación. ¿Por qué? No lo sabemos.

Más allá de que intenten refutar algo que debieron hacer en otro momento procesal, Marielos me enseña que hay que seguir en este camino, porque de una u otra forma las autoridades siempre encuentran la salida fácil de la negación en cadena de nuestros derechos como niñas y mujeres, rayando “en el porque pueden”, porque en un estado sumido en la violencia, inseguridad y narcotráfico, no importa una niña que se embarazó y que ahora debe aguantarse lo que le haya pasado en el parto y debe dar gracias que está viva, porque hay otras prioridades.

Marielos no es una, sospecho con tristeza que, entre los millones de embarazos adolescentes hay más de una como ella, pero que, ante las negativas y sus necesidades, se ven obligadas a sobrevivir su día a día. Marielos me enseña que también por ellas hay que hacer uso de todos los medios jurisdiccionales disponibles y exigir cuentas, porque no es normal el límite de desvalorización de la vida de las mujeres y nuestros cuerpos.

* Anel Ortega es abogada de documentación y litigio de casos de @GIRE_mx. 

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