México ante CEDAW, más preguntas que respuestas

México reportó haber llevado a cabo solo 89 interrupciones de embarazo por violación, sin necesidad de presentar denuncia, durante 2017. Sin embargo en el país se calculan 600 mil abusos sexuales al año, entre los cuales, 9 de cada 10 son mujeres.

Por: Rebeca Lorea (@rebeca_lorea)

 

-Díselo tú –le dijo el Gordo a Valdivia y éste le contestó,

“no, díselo tú”, y así estuvieron un rato.

Jorge Ibargüengoitia, Los relámpagos de agosto

 

 El pasado viernes 6 de julio el Comité para Eliminar todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) examinó el avance de los derechos de las mujeres en México. Desde GIRE participamos con la elaboración y envío de un informe alternativo, en específico, sobre el estado de los derechos reproductivos de niñas, mujeres y adolescentes en México. Asimismo, acudimos a presenciar los cuestionamientos que las expertas independientes del Comité hicieron a la delegación del Estado mexicano sobre algunos temas que aun están pendientes para alcanzar la igualdad en el país.

Han pasado seis años desde la última vez que se llevó a cabo un diálogo constructivo sobre los derechos de las mujeres entre este órgano de Naciones Unidas y México. ¿Qué cosas han cambiado en los últimos seis años en derechos reproductivos?, ¿sobre qué nuevos –y otros no tan nuevos– temas en esta materia se interesó el Comité CEDAW en esta ocasión?

En el tema del aborto, que ha sido abordado por el Comité con anterioridad, actualmente contamos con la Ley General de Víctimas (LGV) y la NOM 046, que contemplan el acceso al aborto por violación sin necesidad de presentar denuncias o autorizaciones, y sin necesidad de tener el consentimiento de padre, madre, o tutor, a partir de los 12 años. Sin embargo, tal como le hicimos saber al Comité, estos cambios normativos no han logrado que en los hechos haya un efectivo acceso a servicios de aborto legal y seguro bajo esta causal.

Ante este panorama, la experta independiente Magalys Arocha reconoció la importancia y avance que estas normativas representan. Pero, dado que México reportó haber llevado a cabo sólo 89 interrupciones bajo esta causal durante 2017, en un país en el que se calculan 600 mil abusos sexuales al año, entre los cuales, 9 de cada 10 son mujeres, la experta también pidió al Estado mexicano que explicara qué retos se siguen presentando en este tema, saber el porqué de la falta de consistencia entre estas cifras. Asimismo, pidió información sobre las medidas tomadas por el Estado para asegurar que haya personal no objetor de conciencia en todos los servicios de salud reproductiva.

Como respuesta, la delegación mexicana informó sobre las dos sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en abril pasado en casos acompañados por GIRE, y señaló que está pendiente de resolución una Acción de Inconstitucionalidad  contra el artículo 10 bis de la Ley General de Salud (LGS), así como la emisión de lineamientos para regular debidamente la objeción de conciencia. No se rindió información sobre los retos que persisten, independientemente de lo adicionado a la LGS, para asegurar que lo plasmado en la NOM 046 y la LGV sea una realidad en México; tales como la vigencia de requisitos en Códigos Penales, el desconocimiento de personal de salud sobre el marco legal vigente o, incluso, el desconocimiento de las propias niñas y mujeres sobre este derecho.

Por otra parte, este noveno examen periódico fue la primera vez que el Comité CEDAW cuestionó a México sobre violencia obstétrica. A pesar de que la inclusión de este tipo de violencia contra las mujeres en la ENDIREH 2016 ha sido un avance, ningún cambio estructural dentro del Sistema Nacional de Salud se ha llevado a cabo para asegurar que existan personal e insumos suficientes que garanticen la atención del parto en un marco de derechos humanos.

Frente a esta realidad, Magalys Arocha cuestionó las medidas que ha tomado el Estado para mejorar la atención de salud en el embarazo, parto y puerperio; así como qué planes se tienen sobre otras formas de medición y diagnóstico de esta violación a derechos humanos. Al respecto, el Estado sólo proporcionó cifras sobre capacitaciones en la materia y abiertamente reconoció ante el Comité que la violencia obstétrica es un problema de salud en México que tiene un camino por recorrer para ser erradicado. Pero, lamentablemente, este reconocimiento no se acompañó de alguna referencia a planes o estrategias integrales, más allá de capacitaciones, que se tengan pensadas para efectivamente erradicar la violencia obstétrica.

En lo relativo a las mujeres, el empleo y la corresponsabilidad social, preguntas sobre la redistribución de los cuidados fueron hechos por varias expertas. Pero, una vez más, el Estado sólo reconoció que se tiene un enorme desafío para liberar de trabajos de cuidados a las mujeres en México, sin señalar cómo se afrontará ese desafío. No se hizo referencia a la responsabilidad que como Estado mexicano tienen de, como mínimo, reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social para contemplar igual acceso a licencias de paternidad y estancias infantiles para hombres y mujeres trabajadoras y, con ello, avanzar en la conciliación de la vida laboral con la vida personal.

Acertadamente, una problemática presente durante todo el diálogo constructivo fue la necesidad de evaluar de forma efectiva las múltiples medidas reportadas por el Estado para eliminar la discriminación contra las mujeres. ¿Se ha hecho una evaluación de PROSPERA con perspectiva de género?, ¿cómo pueden medirse las capacitaciones sobre perspectiva de género en los poderes judiciales si no se puede acceder a las sentencias?, ¿qué sabemos de las razones que orillan a las mujeres a desplazarse internamente para eliminar este fenómeno?, ¿qué evaluación se tiene de la ENAPEA para los embarazos de menores de 15 años?

El Comité tiene claro que los esfuerzos e inversiones del Estado se han enfocado en la cantidad de leyes reformadas, creación de protocolos, diseño de programas, etcétera. Pero, tal como fue expresado por la experta Gladys Acosta, “tiene que haber una parte que no estamos entendiendo.” Las mujeres en México seguimos esperando respuestas claras por parte del Estado, pero sobre todo, resultados.

 

* Rebeca Lorea es abogada para Políticas Públicas de @GIRE_mx.

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