Contramarea verde

En materia de aborto resulta preocupante la creación de un tipo penal que criminaliza la “promoción del aborto” en Guatemala pues criminaliza las labores de organizaciones que difunden información sobre el aborto. Atenta directamente contra la libertad de expresión y el derecho a la información.

Por: Omar Feliciano (@tipographo)

La marea verde, el movimiento feminista argentino articulado en torno a la despenalización del aborto, encontró eco en toda América Latina. Sin embargo, la respuesta de los movimientos antiderechos regionales se ha hecho presente también, como una contramarea que busca blindar las legislaciones nacionales. El frente más reciente es Guatemala, donde una iniciativa busca impulsar la criminalización de la educación sexual, la información sobre aborto, restringir el concepto de matrimonio y aumentar las penas por aborto.

Desde su campaña presidencial Jimmy Morales, un cómico de televisión sin ninguna experiencia política, advirtió una agenda conservadora en temas de derechos humanos: “Gracias Dios mío, por el privilegio que me has dado de servir a mi pueblo y a mi gente” aseguró en su toma de posesión. Con el lema de “Ni corrupto ni ladrón”, arropado por el partido conservador FCN-Nación fundado por militares retirados, logró convertirse en presidente.

Hoy Jimmy Morales enfrenta una crisis política y protestas que exigen su renuncia por los cargos de corrupción que enfrenta. Paradójicamente las iniciativas legislativas anticorrupción no tienen oportunidad de ser aprobadas en el congreso, mientras que la iniciativa “Protección de la vida y la familia” que busca limitar derechos humanos va avanzando.

Esta iniciativa es una propuesta de la Coordinadora Evangélica Nacional y fue presentada por el diputado Aníbal Rojas Espino, del partido Visión con Valores, quien en 2015 postuló a la presidencia a la hija del ex dictador Efraín Ríos Montt, juzgado por genocidio en 2011. Sin empacho asegura que Guatemala es “una sociedad totalmente conservadora que cree en la vida…”.  En resumen, la iniciativa busca elevar las penas y renovar definiciones sobre la diversidad sexual, el matrimonio, el aborto terapéutico y el aborto culposo o de tentativa. Si bien la iniciativa se presenta como protectora de la “libertad de conciencia y de expresión”, lo cierto es que criminalizaría y restringiría estos derechos.

Por ejemplo, en materia de aborto es muy preocupante la creación de un tipo penal que criminaliza la “promoción del aborto”, que es definida como la promoción o facilitación de medios para la realización del aborto, de manera pública o privada, directa o indirecta, por sí mismo o por conducto de terceras personas, con o sin finalidad lucrativa. La multa es de 50 mil a 100 mil quetzales, es decir 125 mil a 250 mil pesos; además de una pena de prisión de seis a diez años.

Esta disposición pretende criminalizar las labores de organizaciones que realizan un trabajo de difusión de información sobre el aborto. Atenta directamente contra la libertad de expresión y el derecho a la información. Es el sueño de los cruzados evangélicos que buscan imponer el reino de Dios en la tierra, la finalidad política de estas organizaciones que buscan imponer legislaciones en la región afines a su visión del mundo, por encima de los derechos humanos.

El proyecto también prohíbe que en las instituciones educativas se promuevan políticas o programas relativos a la diversidad sexual y “la ideología de género” (sic) o enseñar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad. Además de restringir el concepto de matrimonio pretende extender protección a quienes ataquen la diversidad sexual o la igualdad de género al pretender que “ninguna persona podrá ser perseguida penalmente por no aceptar como normal la diversidad sexual o la ideología de género”.

Esto es dar carta blanca a la misoginia y a la homofobia, es asegurar la discriminación como política de Estado. El proyecto va en contra de los sistemas interamericano y universal de los derechos humanos, en particular en lo que respecta a la protección de los derechos de las mujeres y de las comunidades de la diversidad sexual. El Estado guatemalteco debe de honrar sus compromisos regionales e internacionales en derechos humanos.

Aunque en México el partido de corte evangélico, Encuentro Social, no logró los votos suficientes para asegurar su registro, la presencia de sus representantes en el Congreso asegura que buscarán combatir iniciativas progresistas. Los candidatos apoyados por el Frente Nacional por la Familia no aseguraron presencia en el Congreso, sin embargo el Frente seguirá buscando aliados para impulsar medidas que busquen limitar los derechos humanos. Seguiremos con atención cualquier intento de limitar los derechos humanos como esta iniciativa guatemalteca.

 

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