Aborto y la cuarta transformación

México aún considera que el aborto debe ser castigado como un crimen. A excepción de CDMX, el avance de este tema en los estados ha sido mínimo ¿Cambiará algo en los años próximos? AMLO pondría el tema a votación, lo que nos hace pensar que él no se la va a jugar con este tema.

Por: Regina Tamés (@reginatames)

 

El aborto es un tema que siempre divide. La gente suele posicionarse en los extremos, a favor o en contra, como si no hubiera lugar para colocarse en el medio o tomar postura dependiendo de cada el caso.

Son estos extremos, precisamente, los que han llevado a México —entre otros países de América Latina— a considerar el aborto como un delito. Sí, México aún considera que las mujeres que, por razones diversas, deciden no continuar un embarazo deben ser castigadas como criminales. Las sanciones por aborto en nuestro país oscilan entre 15 días a seis años de prisión, trabajo a favor de la comunidad e incluso tratamiento psicológico.

En cada entidad federativa existen algunos supuestos bajo los cuales la mujer, o quien la auxilie a abortar, no será sancionada. Pero estos supuestos son distintos en cada entidad, por lo que una mujer tiene más o menos derechos dependiendo de su lugar de residencia (sólo cuando el embarazo es producto de violación, se contempla el aborto en todo el país). Sin embargo, incluso cuando existen las causales legales, implementarlas es complicado, pues el personal desconoce la ley, ignora los procedimientos o se niega a realizarlos.

En 2007 en la Ciudad de México se modificó la ley de salud y el código penal para permitir la interrupción del embarazo hasta las doce semanas de gestación. Desde entonces, las modificaciones legales para avanzar este tema en el país han sido paupérrimas: Michoacán incluyó la causal socioeconómica, y Colima, Coahuila y Guerrero, la causal salud. Los gobernadores de Morelos, Guerrero y Sinaloa presentaron iniciativas de ley para despenalizar el aborto de manera similar a la CDMX sin suerte ni apoyo político por lo que dichas iniciativas no avanzaron a nivel legislativo.

Lo que sí avanzó fueron las reformas legislativas para “proteger la vida desde la concepción”. Desde 2008 se cambiaron 18 constituciones, la última el pasado 27 de septiembre, cuando Sinaloa modificó su constitución, el último día de la legislatura saliente. Además, el 8 de octubre, Nuevo León presentó una iniciativa en el mismo sentido. Sin embargo, a pesar de su objetivo inicial, las reformas señaladas no constituyen un obstáculo legal para el acceso al aborto bajo causales, ni para futuras reformas que pudieran despenalizar el aborto en otras entidades federativas. Lo que sí han logrado es promover un clima de confusión e incertidumbre jurídica entre el personal de salud y de procuración de justicia, así como entre las mujeres sobre la legalidad del aborto en los supuestos establecidos en la ley.

¿Cambiará algo en estos próximos años respecto al aborto en México? Lo que sabemos es que Andrés Manuel pondría el tema a votación (a pesar de que los derechos no se votan), lo que nos hace pensar que él no se la va a jugar con este tema. Por otro lado, sabemos que Olga Sánchez Cordero, como Ministra de la Suprema Corte, votó a favor de que pudiera legislarse sobre este tema en 2008, cuando se analizó la acción de inconstitucionalidad contra la reforma de la CDMX. Tanto Olga Sánchez Cordero, nombrada Secretaria de Gobernación, como Loretta Ortiz, Coordinadora de la Consulta de pacificación y reconciliación han hablado de una posible amnistía para aquellas mujeres que están presas acusadas por aborto.

Dicha amnistía podría transformar la vida de las mujeres que están en prisión como consecuencia de una legislación discriminatoria, pero existen dos problemas sobre esta medida: 1) De acuerdo a datos oficiales solicitados vía acceso a la información, en los últimos diez años solamente 53 mujeres han estado en prisión definitiva. Este número podría ascender si se revisan los expedientes de las mujeres acusadas por homicidio en razón de parentesco, pues seguramente algunas no debieron ser procesadas por este delito sino por aborto; 2) Sin minimizar lo transformador que sería para las mujeres liberadas, la amnistía es una medida superficial que no resuelve el problema de fondo, pues las mujeres en México seguirían siendo criminalizadas por abortar. Esta medida resolvería muy poco pues dejaría a las mujeres denunciadas en el futuro, vulnerables a ver su vida trastornada por el proceso penal en su contra, obligadas en ocasiones a pagar una fianza o a tomar terapia psicológica. Y aquí cabe añadir que las mujeres denunciadas y perseguidas por este delito suelen provenir de contextos de marginación económica. La norma que las castiga quedaría intacta.

Como Senadora, Sánchez Cordero declaró que “la amnistía por parte del Congreso federal invadiría la esfera de competencias de los congresos locales, inclusive de los ejecutivos locales”. Dijo que sería mejor iniciar una despenalización en los estados, porque se trata de un delito del orden común y la competencia es estatal. Sánchez Cordero tiene razón al señalar que la solución para terminar la criminalización contra las mujeres es eliminar el delito de aborto del código penal. El aborto debería despenalizarse al menos durante el primer trimestre de gestación, reformando tanto los códigos penales como a las leyes locales de salud.

Yo añadiría la posibilidad de que eliminar este delito también del código penal federal, pues las instancias de salud federales se rigen bajo este marco legal. Ello permitiría a las derechohabientes, por ejemplo, del IMSS y del ISSSTE, acceder a servicios de aborto legal y seguro en dichas instituciones.

El 2 de octubre, la Senadora del PRD, María Leonor Noyola presentó una iniciativa para despenalizar el aborto en la Constitución Federal. Esta iniciativa, en realidad, carece de técnica legislativa, pues la Constitución no es el documento para penalizar conductas y, por lo tanto, no lo es para despenalizarlas.

Un elemento fundamental en este sentido para que en México todas las mujeres tengan los mismos derechos, y sean consideradas ciudadanas plenas capaces de tomar sus propias decisiones y no unas delincuentes, es la voluntad política. Las mujeres pueden tomar decisiones y sólo ellas saben si pueden continuar o no un embarazo. El Estado debe respetar esa decisión y facilitar las condiciones para la misma. Este sería uno de los primeros pasos para la transformación que Morena promete.

 

*Regina Tamés es directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

 

@GIRE_mx

 

 

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