IDAIM, el largo camino hacia la transparencia

La calidad de las leyes estatales de transparencia en México es poco alentador, de acuerdo con el Indice del Derecho de Acceso a la Información en México que presenta hoy FUNDAR: 19 leyes no logran una calificación aceptable, 13 leyes pertenecen a la categoría regular y sólo una ley, la del Distrito Federal, está considerada como buena. El promedio general de las leyes analizadas es 5.6.

Por: Justine Dupuy

Pagar 4.9 millones de pesos para obtener una cartografía minera del país —cuando esta información es crucial para las personas que quieren defender sus tierras—. no poder acceder al detalle de los gastos en publicidad oficial que realiza una entidad federativa bajo el pretexto de que se pone en peligro la estabilidad económica —cuando se ha demostrado que este dinero sirve a los gobiernos para controlar las líneas editoriales de los medios—. la imposibilidad de conocer los recursos que se gastan los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, una bolsa de dinero que los legisladores pueden usar a discreción. Estos son algunos de los ejemplos de los múltiples obstáculos y dificultades que aún existen cuando uno quiere acceder a información pública.

El primer paso para tener una transparencia efectiva es construir un marco legal idóneo. Desde el inicio de la década del 2000, México se ha dotado de una batería de leyes de transparencia que buscan proteger y garantizar el derecho de acceso a la información pública en todo el territorio. En 2007, este derecho se plasmó en el artículo sexto de la Constitución Mexicana y se transformó en un derecho fundamental. A pesar de estos esfuerzos, la disparidad y heterogeneidad son comunes en el ejercicio de este derecho.

En 2013, para paliar estas deficiencias, se aprobó una nueva reforma constitucional y en el transcurso de este año los legisladores deberán empujar una nueva ley general de transparencia. Las leyes estatales se tendrán que adaptar a este nuevo marco normativo. Para que este cambio sea realmente un paso más hacia la construcción del pleno derecho a la información en el país es importante que este marco se elabore a partir de un diagnóstico minucioso de la realidad. Esto es justamente el propósito del IDAIM 2014, el Índice del Derecho de Acceso a la Información en México (IDAIM) que Fundar presenta este 30 de abril.

Con base en 196 criterios y las mejores prácticas nacionales e internacionales, este instrumento mide la calidad de las leyes de transparencia en las entidades federativas. Las calificaciones de las leyes van de 0 a 10 (la mejor calificación es 10). El promedio general de las 33 leyes calificadas es de 5.6. El panorama es poco alentador: 19 leyes no logran una calificación aceptable, 13 leyes pertenecen a la categoría regular y sólo una ley, la del Distrito Federal, está considerada como buena.

Estos lamentables resultados son una señal de que aún falta mucho por fortalecer las leyes de acceso a la información en México. El IDAIM es la oportunidad para que cada estado identifique los aspectos a mejorar. Reconocer el derecho a la información como fundamental, perfeccionar la sencillez y expeditez del acceso a la información y consolidar la independencia de los órganos garantes son algunos de los retos que identificó este índice.

Sobre este último punto es importante destacar que el diseño institucional es la variable peor evaluada del IDAIM, lo que evidencia los rezagos que existen en el marco normativo de los órganos garantes. Este dato es preocupante porque gran parte del trabajo para garantizar este derecho viene de las funciones de las instituciones creadas para su protección.

Según el Índice del Derecho de Acceso a la Información en México, los procesos de designación de los comisionados son deficientes, opacos y cerrados a la participación ciudadana. Las facultades de los órganos garantes siguen limitadas: solamente 14 leyes contemplan que el órgano verifique el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Además, estos mismos órganos carecen de una eficiente rendición de cuentas: solamente cuatro leyes establecen las comparecencias del presidente del órgano garante ante el Poder Legislativo local y únicamente 13 obligan a tener sesiones de consejo de manera pública. El IDAIM muestra también que la autonomía plena la tienen, por lo menos, 26 órganos garantes de 33, lo cual no necesariamente ha repercutido en órganos activos y eficientes en su mandato.

Además de la autonomía, será muy importante que los legisladores federales y estatales estén atentos a dotar de independencia real a estos órganos, así como de facultades suficientes. Fortalecer el diseño institucional de estos órganos será sin duda uno de los grandes retos de los próximos años para que cada vez exista más información pública disponible y que se acote el halo de opacidad que envuelve a nuestra clase política.

 

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