Peña Nieto y la corrupción, 3 años de gobernar de la mano

El tiempo ha pasado y ahora podemos echar un vistazo de lo que ha sido esta administración y el lastre con el que han cargado desde su arranque, la corrupción.

Por: Óscar Arredondo Pico

El primero de diciembre de 2012, miles de personas hartas de la corrupción se manifestaron ante la toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto, lejos de celebrar y adornar su triunfo, la administración entrante optó por estrenar su poder con guardias y vallas de seguridad. Mucho se habló del uso excesivo de la fuerza, de detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos. Hoy se cumplen tres años de esa lamentable forma de transitar de una administración a otra.

Es natural que las acusaciones de irregularidades que se hacen en los procesos electorales entre contendientes mermen la confianza y credibilidad del grupo triunfante. Muchos pensamos que con el tiempo se podría visualizar con más claridad el panorama. Pues bien, el tiempo ha pasado y ahora podemos echar un vistazo de lo que ha sido esta administración y el lastre con el que han cargado desde su arranque, la corrupción.

El 15 de noviembre de 2012, las fracciones del PRI y del PVEM del Senado presentaron un proyecto de reforma para la crear la comisión anticorrupción. Un órgano autónomo con amplios poderes. Quince días después el Presidente hizo suya dicha propuesta y en enero de 2013, el Congreso a solicitud del ejecutivo reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública, a fin de desaparecer a la Secretaría de la Función Pública, y preparar el terreno para la creación del órgano autónomo anticorrupción.

El 26 de febrero de 2013, muchos nos sorprendimos cuando la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, fue detenida tras ser acusada de desviar 2,600 millones de pesos de recursos del magisterio para su uso personal. La líder sindical había abusado de su poder durante los 12 años que gobernó el Partido Acción Nacional (PAN). La aprehensión pese a su contundencia no representó la actitud que tendría la actual administración frente a la corrupción y los desvíos de recursos públicos, pues a la fecha no ha habido ninguna otra aprehensión o sanción que amerite señalarse. Fue más un reacomodo de piezas políticas o un ajuste de cuentas. En diciembre del mismo 2013 el Senado aprobó el proyecto en el que se creaba la Comisión Nacional Anticorrupción, proyecto que la Cámara de Diputados optó por congelar y en su lugar trabajar la creación de un sistema articulado contra la corrupción.

En 2014 distintas fracciones parlamentarias en la cámara de diputados presentaron iniciativas tendientes a crear el Sistema Nacional Anticorrupción, se logró un acuerdo con el que convergieron todos los partidos y organizaciones de la sociedad civil, el cual sin complicaciones se aprobó en ambas cámaras, el 27 de Mayo de 2015 se expidió la reforma constitucional.

A finales de 2014 se revelaron mediante reportajes periodísticos graves conflictos de interés entre las empresas concesionarías de infraestructura federal, con el Presidente y su secretario de Hacienda. El jueves 6 de noviembre de 2014 el gobierno mexicano revocó, de manera sorpresiva, el fallo de la licitación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, ganada por un consorcio en el que figuraban tres empresas mexicanas vinculadas estrechamente al PRI y al Presidente de la república. La razón: al día siguiente se daría a conocer en los medios que una las empresas ganadoras era parte del grupo Higa, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, quien se benefició con varias obras de infraestructura en el Estado de México cuando Peña Nieto era gobernador de dicha entidad y Luis Videgaray Secretario de Finanzas. Dicha empresa entregó una casa a Enrique Peña Nieto con valor de más de 7 millones de dólares, mediante un contrato de crédito hipotecario celebrado con su esposa Angélica Rivero. Semanas después se supo que la misma empresa de infraestructura pública entregó bajo el mismo esquema una casa de campo al secretario de Hacienda. Investigaciones periodísticas señalan que se han adjudicado más de 30 obras de infraestructura pública a grupo higa.

El 3 de febrero de 2015, Enrique Peña Nieto nombró a Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública, recordemos que en enero de 2013 se eliminó dicha secretaría de la Ley Orgánica y para esa fecha la dependencia ya llevaba dos años sin titular. El nombramiento fue exprofeso para que un dependiente jerárquico analizara y dictaminara si existieron irregularidades en la adquisición de “la casa blanca” de EPN y la casa de Malinalco de Luis Videgaray. El 21 de agosto de 2015 Andrade, empleado de confianza del Presidente, exoneró a ambos al dictaminar que conforme a nuestro marco jurídico y su limitada interpretación no hubo conflicto de interés y declaró el caso como cerrado.

Desde finales de mayo de este mismo año se han dado a conocer, de igual forma, en medios de comunicación fragmentos de audios, llamadas telefónicas hechas en distintos momentos por funcionarios públicos federales y del estado de México con directivos de la filial en México de la constructora española OHL, las grabaciones involucraban en al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruíz Esparza; en otras conversaciones difundidas en julio y agosto se hace referencia al Presidente de la República como conocedor de las irregularidades que ahí se exhiben.

El 7 de septiembre la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo al abogado Paulo Díez Gargari, abogado de la empresa Infraiber por una investigación relacionada con el espionaje telefónico a directivos de OHL México y por presuntamente portar un arma de fuego, que fue sembrada por los mismos agentes que lo detuvieron. Los agentes ya han sido procesados, pero todos sabemos que no se mandan solos. El asunto no detonó ninguna investigación en las instituciones mexicanas, no obstante apenas esta semana se dio a conocer que la Fiscalía Anticorrupción Española ha comenzado las investigaciones de corrupción de la filial en nuestro país.

Actualmente en el Congreso de la Unión se han presentado diversas propuestas de legislación secundaria para darle vida al Sistema Nacional Anticorrupción. En Junio de 2016 deberemos de contar con un nuevo sistema y un nuevo marco jurídico que sin duda será más eficaz de lo que actualmente tenemos, no obstante es muy perfectible.

En el futuro inmediato las cosas apuntan a garantizar impunidad en los actos de corrupción aquí narrados y de los que hemos sido testigos; los magistrados del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa actuales serán los que integren el cuerpo colegiado del tribunal que sancione la corrupción; el actual secretario de la función pública seguirá en su cargo hasta que el Presidente nombre otro que deberá aprobar la Cámara de Diputados y la actual procuradora general de la República seguirá al mando de la instancia que investigue delitos relacionados con actos de corrupción. No se podrán abrir cuentas públicas anteriores para efectos de imponer sanciones en ejercicios que se presuman revisados; no se observan propuestas para detectar redes de corrupción en particular en obras de infraestructura y adquisiciones públicas. Así que habrá nuevas instituciones operadas por los mismos personajes, con los mismos vacíos en el control del gasto. Pese a todo, están las piezas puestas para esperar que en los próximos 3 años se note un considerable avance en la rendición de cuentas.

 

@FundarMexico

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