El eslabón del conflicto de interés perdido

La interpretación y aplicación limitada de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de la Ley de Obras Públicas refleja que la posición de la Función Pública en relación con Hacienda – y de Presidencia – en la práctica limita el ejercicio de su función de control interno.

Por: Guillermo Ávila

La administración de Enrique Peña Nieto se ha caracterizado por los escándalos de corrupción que, más allá de lo mediático, no han logrado traducirse en sanciones y castigos reales a los involucrados. Esto es resultado de, entre otras cosas, la limitada interpretación de una Ley que podría ser suficiente para poner un alto a las malas práctica de los funcionarios de alto nivel.

El caso más reciente se dio a conocer la semana pasada, cuando el portal Aristegui Noticias publicó un documento con información que revalida las críticas a la investigación que, en 2015, hizo la Secretaría de la Función Pública sobre conflictos de intereses pues confirma la participación, del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en un ‘grupo de trabajo de alto nivel’ formado por los gobiernos mexicano y chino, para impulsar los acuerdos comerciales e inversiones entre ambos países.

De acuerdo con ese documento, el proyecto principal de infraestructura de tal grupo sería el ‘Tren de Alta Velocidad México Querétaro’. Como sabemos, la licitación de esta obra se adjudicó a un consorcio formado por empresas chinas y la mexicana Constructora Teya que forma parte de Grupo Higa, con quien Luis Videgaray tenía una relación contractual privada, y quienes se vieron involucrados en el escándalo de la Casa Blanca cuando se supo que habían construido el domicilio particular de Angélica Rivera, la esposa de Peña Nieto.

Entonces la resolución de la SFP fue duramente cuestionada por considerar que el análisis del caso fue parcial, sesgado y formalista. En lo que toca a Luis Videgaray, se omitió su responsabilidad como coordinador de campaña y – ahora sabemos – como integrante del grupo de trabajo en el que se elaboró la propuesta del proyecto del tren.

Según su propio informe, la SFP se abocó a investigar ‘si existió o no algún conflicto de interés en el otorgamiento de contratos de obra pública… con el grupo empresarial (Higa) que celebró un contrato de compraventa… con el Doctor Luis Videgaray Caso.’ Para ello, definió que ‘lo central en el conflicto de interés es acreditar una actuación parcial del servidor público en el ejercicio de sus propias atribuciones. De otra forma, no se incurriría en conflicto de interés.’ La conclusión fue que el secretario de Hacienda ‘no intervino de forma alguna en los procedimientos de contratación, por lo que no puede imputársele una falta de imparcialidad o una actitud parcial a favor de alguien’. Pero los documentos publicados recientemente demuestran lo contrario.

De la investigación de la SFP, la de la Comisión especial de la Cámara de Diputados y de las explicaciones de la SCT podemos concluir que el proceso de contratación no debería considerarse únicamente bajo la lectura hiperformal de la ley de obra pública, pues ésta no incluye los contactos previos entre funcionarios y las partes interesadas en participar en las licitaciones. El grupo de trabajo con los empresarios chinos debió considerarse una condición de ventaja frente a las otras empresas interesadas, porque hay un acceso diferenciado a información privilegiada. Esta condición de ventaja se agrava al incluir a Teya en el consorcio participante y ganador – no sobra decir que, al final, no tuvo competencia pues la suya fue la oferta única.

El conflicto de interés de LVC radica en estar en esa posición de contacto con los participantes, en un proceso de contratación pública, mientras sostiene una relación contractual con uno de ellos. Según la definición más popular: hay un interés particular que puede influir indebidamente en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades. Ese es el sentido, precisamente, de incluir la ‘actuación bajo conflicto de interés’ en el catálogo de faltas administrativas graves en la nueva ley de responsabilidades. Los beneficios o las afectaciones no tienen que ser, necesariamente, producto directo de la adjudicación. La sola coincidencia temporal debió bastar para identificar el conflicto de interés, sin que fuera necesario buscar los elementos formales como si el momento específico de la adquisición de la casa de Malinalco o si el secretario instruyó directamente a las y los funcionarios involucrados en la licitación.

Como sucedió en 2014 y 2015, este asunto sigue mostrando claramente las fallas de los mecanismos e instituciones de rendición de cuentas, en las leyes y en su implementación. La interpretación y aplicación limitada de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de la Ley de Obras Públicas refleja que la posición de la SFP en relación con la SHCP – y de Presidencia –, en la práctica, limita el ejercicio de su función de control interno.

De acuerdo con el informe de resultados de la Comisión especial, durante la reunión de trabajo de diciembre de 2014, la subsecretaria de Transportes de la SCT explicó que, entre los objetivos del Tren estaba conectar ‘a la Ciudad de México con la ciudad de Querétaro… con el objetivo de mejorar la calidad de vida de 27 mil usuarios diarios, quienes se ahorrarían 4 horas de viaje redondo, tiempo que pueden dedicar a la familia, al estudio, al deporte, a la diversión o actividades deportivas’. Ese es el costo social del desempeño arbitrario de la función pública, en los límites de la interpretación a conveniencia de la norma.

@FundarMexico

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