Ciudadanos contra la sobreexplotación pesquera

El nulo funcionamiento de los consejos estatales en 31 de los estados con excepción de Baja California, refleja que en México diseñamos mecanismos de participación sin implementarlos y que la política pesquera se decide de manera central.

Por: Renata Terrazas (@Renaterra_zas)

Existen varios mecanismos de participación ciudadana en México, unos mejores que otros, pero cuando revisamos su composición y funcionamiento, el tema se agrava.

Un ejemplo es la participación en el sector de la pesca. Un estudio reciente demuestra que el primer gran problema al que nos enfrentamos es que aún cuando los mecanismos estén contemplados en ley, no significa que funcionen.

Podríamos pensar que los consejos en el manejo pesquero y acuícola son exclusivos de los estados costeros, sin embargo, la actividad también se desarrolla en lagos, lagunas y ríos. Es decir, en todos los estados existe actividad pesquera o acuícola. Por ello, todos los estados, por ley, deben tener un mecanismo institucional de participación.

El estudio desarrollado por la organización Causa Natura demuestra que de los 32 posibles consejos, sólo se han instalado ocho; de esos, sólo tres han sesionado y sólo uno lo ha hecho en los últimos años.

Sin entrar en demasiados detalles, el nulo funcionamiento de los consejos estatales en 31 de los estados –sólo Baja California tiene un consejo que ha sesionado en los últimos años- refleja dos cosas: la primera, que en México diseñamos mecanismos de participación sin implementarlos, y segundo, que la política pesquera se decide de manera central.

Por ello, el Consejo Nacional de Pesca se convierte en el mecanismo de participación por excelencia, tanto por la centralización de las decisiones como por estar los consejos estatales en el papel más que en la realidad institucional.

En un intento de construir un Consejo nacional que funcione mejor, diversos actores del sector se dieron a la tarea de construir junto con integrantes de la Comisión de Pesca del Senado una propuesta para convertir al Consejo en un mecanismo más incluyente y transparente.

Derivado de un proceso participativo que duró varios meses y que incluyó a comunidades de pescadores, el sector productivo, academia y organizaciones civiles, construyeron una propuesta de reforma a la ley de pesca donde se modifican los artículos relacionados con el Consejo para incluir no sólo al sector productivo sino a cualquier actor relacionado con la actividad.

Las reformas propuestas tienen el principal objetivo de fortalecer la participación en la pesca mediante el establecimiento de acuerdos mínimos para el funcionamiento de los consejos, la obligación de instalar los consejos estatales y que éstos participen de las discusiones centrales y, muy importante, abrir la puerta a actores distintos que puedan poner sobre la mesa temas relevantes para el fortalecimiento de la política pesquera y acuícola.

Las pesquerías son un tema de impacto ambiental pero también de desarrollo comunitario. Fortalecer al sector implica la construcción de acuerdos para evitar la sobreexplotación pero también para la creación de condiciones dignas para las y los pescadores del país.

México tiene una riqueza enorme en sus mares que hoy se ve en riesgo porque el 84 % de sus pesquerías se encuentran sobreexplotadas o a su máxima capacidad de aprovechamiento, según la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Requerimos tomar mejores decisiones sobre nuestras pesquerías que no afecten el desarrollo de las comunidades que se dedican a esta actividad. La apuesta debe ser colectiva, debe ser una decisión de país; una forma de lograrlo es fortaleciendo al Consejo Nacional de Pesca e incluyendo a una mayor diversidad de actores en las decisiones.

 

@FundarMexico

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