La captura de los recursos para la reconstrucción

El gobierno capitalino ofreció a los damnificados ayuda para renta por tres meses y un estudio de mecánica de suelos. Sin embargo, con el cierre de la Comisión para la Reconstrucción sucedida hace unos días, no saben lo que sucederá y quién dará seguimiento a los acuerdos.

Por: Janet Oropeza Eng

En tan solo unos minutos el sismo del 19 de septiembre pasado afectó la vida de muchas personas, como la de las 48 familias y la locataria que tenían su vivienda y negocio en el complejo ubicado en Escocia 29 en la Colonia Parque San Andrés, donde las tres torres están en proceso de demolición por presentar daño estructural. Para los afectados, muchos de las cuales son adultos mayores, el sismo significó la pérdida de su hogar, de su patrimonio y de su historia de más de 37 años ahí. 

Inmediatamente después del sismo, vino el shock, el miedo y la incertidumbre de haber perdido su hogar.Después de eso vino el tratar de recuperar las pertenencias que pudieran, principalmente esos objetos que simbolizaban los recuerdos de lo vivido. Desde entonces, las familias y la locataria se han organizado para buscar la reconstrucción de Escocia 29, han tocado diversas puertas desde autoridades hasta empresas privadas. El gobierno capitalino les ofreció la demolición, que está en proceso, así como ayuda para renta por tres meses y un estudio de mecánica de suelos. Sin embargo, con el cierre de la Comisión para la Reconstrucción sucedida hace unos días, no saben lo que sucederá y quién dará seguimiento a los acuerdos. Además, como condominio, no han encontrado apoyos gubernamentales para la locataria afectada, lo que es un reto para todos. 

¿Qué esperan de la reconstrucción? Recuperar sus hogares y patrimonio lo antes posible, sin que sea un proceso desgastante. También desean que sea una reconstrucción incluyente, donde todos los condóminos sean parte de ese gran proyecto para poder opinar sobre cómo será su nuevo entorno. 

Los damnificados de Escocia 29, se suman a otros miles que, de un día para otro, vieron sus vidas afectadas, bien sea porque sus centros de estudio, sus negocios u hogares fueron afectados o tendrán que ser demolidos. Estos daños se traducen en afectaciones a derechos como el de una vivienda digna, a la educación, a la salud, a un trabajoPor ejemplo, la inhabilitación de muchos hospitales y clínicas en la CdMx ha significado un mayor tiempo de espera para consultas o estudios clínicos. En el caso de las escuelas, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, más de 120 mil 372 estudiantes en CdMx fueron reubicados, lo que ha significado un mayor tiempo de traslado, además de que la sobrepoblación en algunos planteles afecta la calidad de la educación prestada. Lo mismo ha sucedido con quienes tuvieron negocios dañados y cuya fuente de ingreso para poder vivir dignamente fue afectada. Algunas cifras oficiales sobre el 19S permiten dimensionar los daños en la ciudad: los negocios afectados ascienden a 2 mil 544; las familias que recibían apoyo para renta por daño en sus hogares ascendía a 24 mil 403 en diciembre de 2017; 978 escuelas deben ser rehabilitadas o reconstruidas; y la lista es interminable.

Frente a los daños, el gobierno capitalino creó una Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la CdMx, un Programa para la Reconstrucción y una Comisión para tal propósito integrada por subcomisionados y subcomisionadas con reconocimiento y trayectoria. Estas tres acciones, al menos en el papel, intentaban blindar la asignación de los recursos y daban certeza a las personas afectadas.

Lamentablemente, los recursos para la reconstrucción, sobre todo en un año electoral, están en riesgo constante de captura por actores políticos que buscan asignarlos de forma discrecional y conforme a sus intereses. El último episodio de esta amenaza de captura se dio en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2018(PECdMx), que anuló –de tajo– todos los esfuerzos que se habían emprendido para realizar una reconstrucción basada en una política pública clara. Sin más, un artículo permitió que el Órgano Legislativo a través del Presidente y Secretario de la Comisión de Gobierno y del Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Asamblea Legislativa autorizará, supervisará, vigilará y propusiera el ejercicio de los recursos asignados, que ascendían a miles de millones de pesos. Lo anterior, permitía el uso y asignación discrecional de los recursos por tres legisladores, precisamente en un año electoral. Al mismo tiempo, esta disposición atentaba contra el sistema de pesos y contrapesos de todo sistema democrático, donde el poder legislativo crea y aprueba leyes, más no genera e implementa políticas públicas, pues esto es facultad del poder ejecutivo y de sus agencias especializadas.

La indignación y rechazo público no se hizo esperar: algunos legisladores presentaron una acción de inconstitucionalidad, el Comisionado para la Reconstrucción –Ricardo Becerra-, así como varios de los sub comisionados presentaron sus renunciasAfortunadamente, la presión social logró frenar este intento de captura al aprobarse de “forma express” reformas al PECdMx enviadas por el Jefe de Gobierno. Sin embargo este evento dejó huellas y generó consecuencias negativas en la reconstrucción, empezando por la renuncia del Comisionado y subcomisionados.  Esto trajo como consecuencia que todo el trabajo avanzado en estos meses junto con los damnificados se parara y que estos últimos tengan incertidumbre respecto a quién dará seguimiento a los acuerdos o quién será ahora el interlocutor válido.  

Por esta razón, es necesario volver a tener certeza en el proceso de reconstrucción, blindarlo de forma que se asegure -en todo momento- su transparencia y rendición de cuentas –hay que saber qué se está decidiendo y a quiénes se beneficiará, por qué montos, bajo qué criterios, y con qué impacto esperado. Pero más aún, la reconstrucción debe realizarse genuinamente desde las necesidades de las personas damnificadas, con un enfoque de derechos humanos, que se traduzca en políticas y estrategias no sólo claras, sino aceptables y pertinentes para quienes fueron afectados y quieren de vuelta su ciudad.

* Janet Oropeza Eng es investigadora del Programa de Investigación-Acción de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar @FundarMexico.

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