La corrupción, otro promotor de la desigualdad

Lo grave de lo reportado por la ASF en torno al ejercicio del gasto público en 2016 no es solo el impacto que estas irregularidades generan en las finanzas públicas, sino las afectaciones a la garantía de los derechos de los beneficiarios de los programas sociales afectados, a quienes no les llegan los recursos.

Por: Sarahi Salvatierra

El último informe de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) dejó en evidencia las irregularidades y deficiencias en el ejercicio del gasto público del año 2016, tales como pagos injustificados, subejercicios, desvíos millonarios, contratos simulados, así como diversas operaciones con opacidad.

Algunas de estas irregularidades fueron cometidas durante la administración de gobernadores que ahora están vinculados con actos de corrupción y se dieron en un contexto de opacidad que impide conocer el destino de recursos que se asignaron a fondos y programas para garantizar derechos a la salud, la educación o a mitigar la pobreza. Lo grave no es solo el impacto que estas irregularidades genera en las finanzas públicas, sino las afectaciones a la garantía de los derechos de las personas beneficiarias de dichos programas, a quienes no les llegan los recursos.

De acuerdo con cifras de CONEVAL, para el año 2016 México contaba con 53 millones de personas en situación de pobreza, y al menos el 70 % de la población enfrentaba alguna carencia social, como la falta de acceso a servicios de salud o la falta de acceso a seguridad social. Frente a esta situación, el Estado, como garante de derechos humanos, tiene la obligación de diseñar políticas públicas para enfrentar el rezago y de priorizar la atención a la población con mayor vulnerabilidad para combatir la desigualdad de manera progresiva.

Tal es el caso de algunos fondos y programas destinados al sector salud, como el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) que, a través del Seguro Popular, aporta recursos económicos para la atención a la población sin seguridad social, y el programa PROSPERA, que tiene un componente de atención a la salud para población en pobreza extrema. Y en los que la ASF detectó –el pasado 20 de febrero- diversas irregularidades en el ejercicio de sus recursos.

En el Estado de Veracruz, en donde el 19 % de la población no tiene acceso a servicio de salud y el 68 % no tiene acceso a seguridad social[1], la ASF reveló afectaciones de 316 millones de pesos por importantes subejercicios del programa PROSPERA durante el 2016, año en el que Javier Duarte se encontraba al frente de la administración. Además, tanto el componente de salud de PROSPERA como el FASSA también presentaron subejercicios no justificadas en otras entidades federativas, como Guerrero y Oaxaca, en los recursos asignados para mejorar la infraestructura hospitalaria, el abasto de medicamentos y equipamiento médico necesario.

En estos casos, además de que no se aplicaron los recursos en los rubros asignados, las conductas irregulares e ilícitas también generaron afectaciones a la garantía de derechos humanos, al de la salud y de una vida digna por la falta de infraestructura hospitalaria adecuada.

Además de que el ejercicio irregular de recursos y la comisión de actos de corrupción impide que estos lleguen a los beneficiarios a los que se destinaron -transgrediendo la garantía de los derechos humanos de quienes tienen mayor necesidad de que estos sea protegidos-,  también  propician otras conductas ilícitas o corruptas, como el abuso de funciones, el tráfico de influencias o el clientelismo, a los que la población tiene que recurrir para poder tener medicamentos, hospitalización u otros servicios médicos que no se garantizan mediante los programas y fondos como el FASSA y PROSPERA, con lo cual además se mantiene su condición de exclusión.

El combate a la corrupción no puede verse solo desde el impacto a las finanzas de la hacienda pública. Los costos sociales son muy altos, ya que las conductas de corrupción generan de manera directa e indirecta víctimas, que afecta especialmente a quienes menos tiene y, lejos de limitar la plena efectividad de sus derechos humanos, genera condiciones que incrementan la vulnerabilidad y la desigualdad en el que ya se encuentran.

 

@FundarMexico

Referencias: 

[1] CONEVAL, Anexo estadístico de pobreza en México 2016. Disponible aquí.

 

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