La corrupción, un problema regional

Los casos de Lava Jato / Odebrecht muestran claramente que las fronteras nacionales no son infranqueables para la corrupción y que el abuso de poder y la captura del Estado y de las instituciones afectan los derechos humanos de las personas sin distinguir nacionalidad.

Por: Guillermo Ávila

El fin de semana pasado tuvo lugar la VIII Cumbre de las Américas en Lima, Perú. No sorprende, dada la situación actual en prácticamente todos los países de la región, que el tema principal de este encuentro fuera la corrupción. Según el Latinobarómetro 2017, “Brasil y Colombia son los países con la corrupción como problema principal, pero la corrupción se ha apoderado de la agenda en la región en muchos otros países al llegar al cuarto lugar como el problema más importante (para la población)”.

Con eso en mente, el “club de toby panamericano” convino que el “Compromiso de Lima” se concentrara en la “gobernabilidad democrática frente a la corrupción”. En esta declaración se incluye una serie de buenas prácticas de rendición de cuentas y combate a la corrupción; prácticamente todas las recetas que recomiendan los organismos internacionales, pero también algunas otras que reflejen preocupaciones más recientes y específicas.

Este acuerdo se divide en seis secciones con compromisos heterogéneos, que subrayan de forma desigual la importancia de varias de las medidas sugeridas: la protección de denunciantes, la independencia de las instituciones de justicia y fiscalización, la cooperación entre agencias de gobierno y entre los Estados, la simplificación administrativa, la educación cívica, la adecuación normativa, etc.

Hay que aclarar que los compromisos en las cumbres internacionales nunca son vinculantes –es decir que no es obligatorio que los países firmantes cumplan. Esto significa que aunque el presidente Peña –o cualquier otro–  firme la declaración, el gobierno mexicano no tiene la obligación de adoptar todas y cada una de las medidas y recomendaciones.

Sin embargo, a pesar de su alcance limitado, debemos considerar que esta es una forma de expresar cierto entendimiento común sobre algunos problemas compartidos. Lava Jato / Odebrecht muestra claramente que las fronteras nacionales no son infranqueables para la corrupción y que el abuso de poder y la captura del Estado y de las instituciones afectan los derechos humanos de las personas sin distinguir nacionalidad. Pero ejemplos abundan.

La desaparición de los estudiantes normalistas en Iguala (México), el asesinato de Berta Cáceres en La Esperanza (Honduras), el caso Belo Monte en Pará (Brasil) y la tala ilegal de madera en Saweto (Perú), comparten como característica la preponderencia de intereses particulares sobre los derechos humanos, principalmente de los grupos en condiciones de vulnerabilidad.

La corrupción no es solo un problema de normas o de comportamientos individuales. No es tampoco un asunto exclusivo del sector público: las redes de corrupción se institucionalizan y se convierten, en muchos casos, en parte de la maquinaria electoral. Con sus particularidades, cada uno de estos casos muestra que el desequilibrio de poder es un factor que facilita la corrupción, pues permite que quienes detentan ese poder lo ejerzan de forma desproporcionada para conseguir sus propios fines. Por eso importa que el combate a la corrupción se concentre más en las afectaciones directas en la vida de las personas, y no sólo en los riesgos de inversión, más en el acceso a la justicia o a la representación política y no sólo en las casas de los funcionarios o en su guardarropa.

 

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