Contar lo bueno “cuesta” y nos seguirá costando

¿Qué sigue ahora que la #LeyChayote fue aprobada? El ejecutivo aún podría objetar la Ley y proponer reformas a la misma, lo que parece improbable dado que su partido generó la propuesta de ley aprobada y a que su gobierno ha gastado mucho más de lo aprobado contando “lo bueno” aunque nos haya costado “mucho”.

Por: Janet Oropeza Eng

La semana pasada, la Cámara de Senadores aprobó la Ley General de Comunicación Social –la denominada #LeyChayote- que, lejos de regular de forma efectiva y clara la asignación de publicidad oficial, afecta uno de los derechos fundamentales de nuestra democracia: la libertad de expresión.

¿Por qué es importante esta Ley? La publicidad oficial son los espacios que compran los gobiernos en medios de comunicación para informar a la ciudadanía de nuevos programas y/o acciones que pueden beneficiarle y mejorar su calidad de vida. En nuestro país, sin embargo, se ha utilizado para influir o “dar línea” en los contenidos de los medios. Así, aquellos que son críticos al gobierno son “amedrentados” reduciéndoles o retirándoles la publicidad oficial, con lo que se vulnera la libertad de expresión y se promueve la “censura indirecta”.

Los gobiernos tanto a nivel nacional como estatal han utilizado la publicidad oficial como un mecanismo para promocionarse políticamente, en vez de usarlo para dar información relevante a la ciudadanía. Como ejemplos, tenemos a Moreno Valle en Puebla, a César Duarte en Chihuahua o el mismo presidente Enrique Peña Nieto, quien tiene años contándonos “lo bueno”. El uso político de la publicidad oficial llega al extremo de que algunos gobernadores “presumen” sus logros en estados distintos al suyo, con claros fines políticos. Más aún, los gobiernos gastan más en publicidad oficial de lo que les aprueban en el presupuesto.

Así, de enero de 2013 a diciembre de 2017, el gobierno federal gastó 40 mil 600 millones de pesos, que es 70 % más de lo autorizado para ese rubro. Para dimensionar este monto, valga decir que con ello el IMSS podría construir 380 clínicas para atender el cáncer de mamá, que es la primera causa de muerte en mujeres mayores de 25 años en México, con 15 muertes al día. Este ejemplo muestra la gravedad del problema: dinero que debería irse para garantizar nuestros derechos, como el de la salud, se reasigna para otros fines. Por estas razones, en noviembre de 2017, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de la Unión expedir, antes del 30 de abril de 2018, una ley para regular la publicidad oficial. De acuerdo con la Corte, “la ausencia de dicho marco normativo permite un uso arbitrario y discrecional de la repartición de la publicidad oficial y genera censura a los medios de comunicación y periodistas críticos.”

Lamentablemente, como se mencionó, la recién aprobada Ley General de Comunicación Social perpetúa y legaliza estos problemas, además de que sienta un mal precedente por la manera en que se construyó. El proceso de esta ley careció de elementos de participación ciudadana y de rendición de cuentas. Desde que la Corte dictó sentencia, colectivos de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil,[1] así como partidos de oposición hicieron llegar propuestas de ley o recomendaciones sobre aspectos mínimos que la ley debía incluir para que la publicidad oficial se volviera un verdadero instrumento para fomentar el pluralismo y para informar a la ciudadanía. Sin embargo, estas propuestas no fueron atendidas y menos plasmadas en la ley aprobada, sin que se justificara su no inclusión por parte del Congreso. Por otro lado, las falencias más grandes de la ley aprobada son que otorga más poder a la Secretaria de Gobernación (SEGOB) para controlar el gasto en publicidad oficial y permite que continué la discrecionalidad en la asignación de este rubro, al no haber establecido criterios claros. Parece ser que el Congreso optó por “cumplir” con la sentencia de la Corte con una ley que perpetúa el estatus quo.

¿Qué sigue ahora que la #LeyChayote fue aprobada? El ejecutivo aún podría objetar la Ley y proponer reformas a la misma, lo que parece improbable dado que su partido generó la propuesta de ley aprobada y a que su gobierno ha gastado mucho más de lo aprobado contando “lo bueno” aunque nos haya costado “mucho”. Tal vez la esperanza podría venir de la SCJN que tendrá que valorar, en última instancia, si la ley aprobada es efectiva en fomentar el pluralismo y la libertad de expresión.

Para conocer las razones por las cuales el Colectivo #MediosLibres se opone a esta ley, puedes consultar sus últimos comunicados aquí.

 

* Janet Oropeza Eng es investigadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.

 

[1] Uno de estos colectivos es el de #MediosLibres que buscó apoyar el proceso de elaboración de la Ley proponiendo recomendaciones y puntos mínimos que esta debía contener.

Close
Comentarios