Opacidad y recortes en protección al ambiente

México es uno de los países privilegiados en cuanto a biodiversidad, sin embargo, también nos encontramos en los primeros lugares de deforestación y hacemos muy poco por cuidar nuestros recursos naturales

Por: Renata Terrazas (@renaterra_zas)

México es un país que protege al ambiente sólo de manera discursiva. No sólo no garantiza un presupuesto suficiente, sino que, además, no recauda las multas por violación a la ley ambiental y lo recaudado se gasta en cualquier otra cosa.

El sector ambiental ha sido uno de los más afectados con los recortes presupuestales de este sexenio. Para 2018, la disminución del presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) con respecto al año anterior es de 2 %. A lo largo del sexenio alcanza más del 30 % de reducción. Para la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), si bien su presupuesto se ha mantenido, es tan insuficiente hoy como lo era hace seis años.

Aunado a ello, la ley federal de responsabilidad ambiental contempla la creación de un fondo que tendrá como objeto la reparación de daños ocasionados al ambiente. Idealmente el fondo se compondría de las multas impuestas por la Profepa, sin embargo, estas son cobradas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el sector ambiental no ve jamás un peso de ellas.

Un reporte de la Auditoría Superior de la Federación en 2016 reveló que en el periodo de 2011 a 2015 la Profepa impuso un aproximado de mil 500 millones de pesos en multas de los cuales el SAT únicamente cobró el 10 % y no existe información sobre el destino de estos recursos. ¿Por qué se cobró únicamente el 10 %? Tampoco existe información al respecto.

México es uno de los países privilegiados en cuanto a biodiversidad, sin embargo, también nos encontramos en los primeros lugares de deforestación y hacemos muy poco por cuidar nuestros recursos naturales. Las multas que impone la Profepa son pequeñas comparadas con las ganancias de muchas empresas. Por ejemplo, la multa impuesta a la empresa minera de Grupo México responsable del derrame que contaminó el Río Sonora fue de 23.5 millones de pesos, cantidad que representó el 1 % de las ganancias de esa empresa en un año.

Esta empresa se comprometió a crear un fideicomiso para cubrir medidas de remediación, reparación y compensación por daños ambientales, económicos, materiales y a la salud de las personas. En teoría, el fideicomiso sería por 2 mil millones de pesos, sin embargo, una reciente investigación de Fundar identificó que únicamente se pagaron mil millones, de los cuales se conoce muy poco sobre su destino dada la opacidad del fideicomiso. Lo que sí sabemos es que el río continúa contaminado, la economía afectada y la salud de la población sigue estando en riesgo, con un hospital prometido que se encuentra en obra negra. Aun así, la Semarnat, como parte del comité del fideicomiso, consideró que las medidas de remediación y reparación estaban cubiertas y no era necesario pagar los otros mil millones de pesos que la empresa había prometido.

Hoy tenemos serias dudas sobre las acciones de nuestro gobierno para proteger el ambiente. No se garantiza un presupuesto suficiente, no se cobra la totalidad de las multas y éstas no regresan a las autoridades ambientales, pero, sobre todo, nuestras instituciones renuncian a su obligación de velar por el interés público y garantizar nuestros derechos al dar por bueno acciones a medias de empresas que contaminan nuestro recurso más valioso y ponen en riesgo la vida de las personas al permitirles que continúen operando, a costa de nuestros derechos.

 

@FundarMexico

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