Fideicomisos públicos: lo bueno, lo malo y lo feo

Por sí mismos, los fideicomisos son instrumentos útiles, pero su estructura y marco legal han permitido que los recursos públicos involucrados se ejerzan con poca transparencia y rendición de cuentas, lo cual propicia su uso discrecional y deja abierta una puerta para la comisión de actos ilícitos o de corrupción.

Por: Sarahí Salvatierra

Cuando escuchamos la palabra “fideicomiso” pensamos en algo muy ajeno a nuestra cotidianeidad, como un negocio bancario que sólo funciona para resguardar fondos para estudios universitarios. Pero en el ámbito público los fideicomisos tienen más impacto en nuestra vida de la que pensamos, no sólo porque a menudo se forman con recursos públicos, también porque se destinan para el cumplimiento de fines públicos como gestionar servicios públicos, desarrollar proyectos de infraestructura y garantizar a determinados grupos sociales mejoras o la protección de sus vidas. Actualmente, existen 379 de estos fideicomisos públicos federales en los cuales hay 835, 477 millones de pesos.

Por sí mismos, los fideicomisos son instrumentos útiles, pero su estructura y marco legal han permitido que los recursos públicos involucrados se ejerzan con poca transparencia y rendición de cuentas, lo cual propicia su uso discrecional y deja abierta una puerta para la comisión de actos ilícitos o de corrupción. Así pasó con el endeudamiento ilícito en Puebla bajo el esquema de fideicomisos, en donde los recursos provenían de la recaudación de impuesto de la nómina a favor de una empresa vinculada con un ex secretario de Hacienda[1], o el fideicomiso que se creó en Veracruz en 2016 para pagar el endeudamiento del gobierno estatal durante la gestión de Javier Duarte[2].

Estos son los puntos que debes conocer sobre lo bueno, lo malo y lo feo que los fideicomisos públicos en México.

Lo bueno…

  1. Permiten destinar bienes y derechos para fines como la construcción de proyectos de infraestructura, u otorgar apoyos a pequeños productores, sin que estos puedan ser tocados por otras entidades ni utilizado para otros fines, aun en procesos de transición.
  2. Al transferirse bienes a una institución financiera para que los administre, permite que estos tengan rendimientos y se incrementen, generando un patrimonio autónomo.
  3. Los recursos públicos que están integrados en un fideicomiso no tienen que ejercerse en el mismo año que ingresaron, lo que permite que la proyección del gasto sea mejor planeada.
  4. Permite tanta flexibilidad para la realización de distintos negocios y contratos, siempre que se cumplan con los fines por los cuáles se crea.

Lo malo de los fideicomisos públicos es la forma como se usan y se abusa de éstos.

  1. Sólo 19 fideicomisos públicos a nivel federal cuentan con controles propios de vigilancia, lo que debería asegurar su transparencia y rendición de cuentas sobre sus operaciones, es decir, que sepamos en qué se gasta y con qué actores realiza negocios o contratos, así como la toma de decisiones sobre su funcionamiento. Lo malo es que estos 19 representan sólo el 6% del total de recursos en fideicomisos.
  2. Y el 92% de total de recursos en fideicomisos públicos, por su naturaleza, no cuentan con controles de vigilancia del gasto, ya que se crean como un simple contrato entre distintas entidades en donde se diluyen las responsabilidades y se dificulta el seguimiento del gasto y de la información. Entre estos se encuentra el fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales, cuya poca transparencia y efectividad fue denunciada recientemente por Epicentro[3]; el fideicomiso para el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, en donde su proyecto, financiamiento y licitación han sido criticados en los últimos meses, o el fondo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
  3. Existe mínima información que explique y justifique su ejercicio. La mayoría sólo tiene disponible información general de los montos de sus ingresos, egresos y contrato de creación, pero no tienen disponible información sobre detallada del destino de los bienes o los negocios que se realizan, ni mucho menos si existe seguimiento sobre el cumplimiento de sus fines.
  4. La posibilidad de que los recursos que se integran a fideicomisos no tengan que ejercerse en el mismo año y que el gasto y utilidad carezcan de vigilancia, permite que existan en ellos recurso ociosos que podrían ser utilizados para otros asuntos.
  5. A pesar de que está prohibido el secreto bancario o fiduciario respecto al ejercicio de recursos públicos, los fidecomisos públicos que son administrados por instituciones financieras privadas, tienen la posibilidad de resguardar la información de las operaciones que realizan como confidenciales y solamente rendir cuentas a las entidades públicas que les transfieren esos bienes.

Lo feo…

  1. A través de los fideicomisos, las entidades públicas evitan regresar a la Tesorería de la Federación lo que no gastaron de su presupuesto, sin señalar a qué fideicomisos ni la justificación de ese gasto. De esa forma podrían crear nuevos fideicomisos sin ninguna utilidad social o transferirlos a fideicomisos privados en donde no existe la posibilidad de seguir el destino final de estos.
  2. Cada año se destinan del presupuesto montos a las entidades públicas para que éstas los transfieran a los fideicomisos que administran, pero estas transferencias se sobreejercen de manera exponencial sin que exista justificación de dicho sobreejercicio y sin que se especifiqué a cuáles fideicomisos van esos montos. Por ejemplo, en 2017, se aprobó en el presupuesto que 42 mil millones pesos de destinarían para fideicomisos, sin embargo, las dependencias en realidad transfirieron 310 mil millones pesos, es decir 600% más. Lo cual muestra un problema de control presupuestario en estas figuras.
  3. No hay seguimiento el cumplimento de sus fines y su utilidad, lo que permite que sean usados discrecionalmente, incluso para otros fines que no sean legales, como contrataciones fuera del procedimiento normativo, incremento de la deuda pública, como sucedió con el fideicomiso denominado Evercore, en Puebla, o hasta actos de corrupción.
  4. A pesar de que la Auditoría Superior de la Federación ha hecho diversas observaciones sobre los riesgos de discrecionalidad que permiten los fideicomisos y las afectaciones que pueden generarse en las finanzas públicas, siguen las prácticas de opacidad y no se vigila su uso.

En el nuevo contexto de transparencia presupuestaria del que México es parte[4], la información sobre fideicomisos no pude limitarse a datos generales, ésta además de ser veraz y oportuna, tiene que ser sistemática y detallada para que los ciudadanos puedan evaluar si la toma de decisiones sobre el uso y destino de recursos públicos en éstos, son necesarios, suficientes y efectivamente son útiles para los fines por los que se crearon.

 

@FundarMexico

 

 

 

[1] Revisar nota: Díez, Rodrigo. La madriguera del conejo de la transparencia poblana.

[2] Ver nota aquí.

[3] De acuerdo con el “Informe sobre Transparencia y Rendición de Cuentas de los Recursos Públicos para la Reconstrucción a seis meses de los sismos”, que presentó Epicentro el pasado 9 de marzo de 2018, “no es posible dar seguimiento físico y financiero a los recursos públicos para la reconstrucción debido a cómo se presenta la información publicada en el Portal” de transparencia, ya que “los datos no son consistentes, no se vinculan o están incompletos, y esto impide una adecuada rendición de cuentas”. Disponible aquí.

[4] En donde México obtuvo el sexto lugar dentro de 115 países como los que mayor información presupuestaria ponen a disponibilidad, según  la Encuesta de Presupuesto abierto (OBI por sus siglas en inglés).

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