El triste relato de un fracaso anunciado

Después de cinco años de existencia de la Alianza parael Gobierno Abierto en México, las condiciones para un diálogo abierto y franco entre sociedad civil y gobierno se deterioraron hasta que fue imposible e insostenible para las organizaciones quedarse en la mesa de trabajo legitimando una falta de avance y concreción de los compromisos.

Por: Justine Dupuy

No será en este sexenio que los procesos de designación de los titulares de los Órganos Internos de Control (OIC) se abrirán al escrutinio público ni a la participación ciudadana. Los OIC juegan un rol fundamental en el combate a la corrupción, pues son instancias encargadas de asegurar que las agencias públicas hagan un manejo adecuado de los recursos, procesos y programas públicos. La última posibilidad de avanzar en esta agenda que fortalece la profesionalización y la autonomía de estos agentes determinantes para la prevención y el combate a la corrupción se desvaneció por completo hace un año, cuando la sociedad civil decidió levantarse de la mesa de trabajo del tercer plan de acción de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA).

Después de cinco años de existencia de la AGA en México, las condiciones para un diálogo abierto y franco entre sociedad civil y gobierno se deterioraron hasta que fue imposible e insostenible para las organizaciones quedarse en la mesa de trabajo legitimando una falta de avance y concreción de los compromisos. Sin embargo, el espionaje digital y la falta de respuesta del Estado fue el detonador. Varias figuras relevantes de la sociedad civil, entre ellos participantes en la AGA, fueron espiados a través de un malware que solo el gobierno está autorizado a comprar y usar. El 23 de mayo del 2017 se retiró la sociedad civil del proceso.

Con esta salida, el seguimiento a los compromisos co-creados con el gobierno depende solo de la administración pública. En pocas palabras, su cumplimiento ya escapa al escrutinio social previsto por la AGA. Además del espionaje, la falta de ambición y avances en el cumplimiento de los compromisos fue otra de las razones que empujo a la sociedad civil hacia la puerta de salida.

El caso relativo al combate a la corrupción ilustra muy bien la pérdida de seriedad de un compromiso que fue vaciándose de su sentido inicial. En 2016, el compromiso aparece en el Tercer Plan de Acción como “Incluir mecanismos de participación ciudadana sustantiva en los procesos de designación que establece el Sistema Nacional Anticorrupción”. Hoy en día se transformó, en el tablero de seguimiento de la Secretaría de la Función Pública, en: “Criterios de selección para los Titulares de Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal”. Estamos muy lejos de la ambición inicial del compromiso que implicaba no solo la designación de los OIC sino incluía a los titulares de las instancias que conforman el conjunto del Sistema Nacional Anticorrupción.

La ambición era alta. Como se explica en el tercer plan de acción, “para garantizar una adecuada operación de la reforma Constitucional en materia anticorrupción es necesario asegurar que las personas que ocupen los cargos que se derivan del Sistema Nacional Anticorrupción cumplan con perfiles adecuados y profesionales. (…) Debe evitarse que las designaciones respondan a cuotas partidistas. En este sentido, una alternativa es crear mecanismos de participación ciudadana sustantiva para el nombramiento de todos los cargos derivados del Sistema y formular una serie de procedimientos y criterios de selección para los titulares de órganos internos de vigilancia, asegurando una participación activa de Sociedad Civil.”

A tres años de este compromiso, el Sistema Nacional Anticorrupción sigue sin contar con titulares indispensables para su funcionamiento. Por solo citar uno, no existe fiscal anticorrupción cuyo proceso de designación inició hace cuatro años y tuvo lugar dos veces sin poder terminar su curso. En el segundo proceso, se abrió la designación a la participación de la sociedad civil, pero los Senadores no quisieron que las valoraciones del grupo de expertos fueran vinculantes. Los representantes de la sociedad civil renunciaron y nunca se terminó el proceso. Por otro lado, el SNA sigue sin contar con magistrados anticorrupción. Esta situación preocupa tanto que el mismo Comité de Participación Ciudadana del SNA acaba de interponer un amparo en contra de la omisión legislativa en este tema.

Y en cuanto a los titulares de los OIC, parte del compromiso estaba completamente al alcance de la Secretaría de la Función Pública, ya que es la responsable de su designación, pero la posibilidad de abrir el proceso a la participación ciudadana se esfumó. En lugar de esto, la acción gubernamental se limitará a formular criterios de selección. La transformación de este compromiso ilustra la renuencia del gobierno a abrir estos espacios a la sociedad civil. En su más reciente reunión pública, el mismo Comité de Participación Ciudadana recordó la importancia de contar con comisiones de selección autónomas que evalúen las competencias de las y los aspirantes a titulares de los OIC.

A pesar de los compromisos de gobierno abierto y de los reiterados llamado del CPC, lo más probable es que este sexenio se termine sin que se abran estos procesos de designación de los OICs. Será entonces un pendiente para la nueva administración que llegará en 2019.

 

@FundarMexico

Close
Comentarios