Salchichas y leyes, el procedimiento importa

No es suficiente con que las leyes sean buenas técnicamente, su proceso de aprobación las debe legitimar. Por eso es importante que la acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Publicidad Oficial incluya, como concepto de invalidez, las violaciones al proceso legislativo, pues obliga a revisar con atención las prácticas parlamentarias, los procedimientos y las decisiones que condujeron a la aprobación de la #LeyChayote.

Por: Guillermo Ávila

La analogía entre las salchichas y las leyes no caduca porque aún hay quien cree que ninguna de las dos requiere un proceso de elaboración de calidad y a la vista de cualquiera. Esa comparación, al decir que es mejor no saber cómo se hacen para que te gusten, implica que el proceso legislativo es un factor importante para su legitimidad.

El jueves pasado un grupo en el Senado presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de la y uno de sus argumentos clave son las violaciones al proceso legislativo, precisamente porque puede ser decisivo para la calidad de las leyes.

La Ley General de Comunicación Social tiene problemas múltiples que varios especialistas ya señalaron: formaliza las malas prácticas como la ineficiencia y la asignación discrecional de recursos, provoca la censura indirecta a medios y periodistas, y mantiene la vulneración a la libertad de expresión. Por esta razón no es posible afirmar que el Congreso de la Unión cumplió realmente con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estipulaba la obligación de emitir la ley para regular la publicidad oficial, lo cual debía respetar los criterios establecidos en la Constitución.

La gravedad de estos problemas se acentúa porque la manera en que se aprobó la ley la desprovee del respaldo ciudadano. Fondo y forma se reclaman en la acción de inconstitucionalidad. El proceso legislativo careció de pluralidad y espacios de participación. Si bien los documentos de trabajo fueron públicos, esto sirvió de poco ante la falta de inclusión de opiniones distintas a las del partido oficial, autor único de la iniciativa que se convirtió en dictamen y, finalmente, en ley.

Durante las dos legislaturas de este sexenio hubo ejemplos varios en que el Congreso adoptó prácticas de parlamento abierto para desempeñar sus funciones. De hecho, hay ejemplos de incidencia ciudadana en el trabajo legislativo desde hace muchos años: desde la reforma de justicia penal (2008) hasta el Sistema Nacional Anticorrupción. En el caso de la publicidad oficial, a pesar de que el colectivo solicitó, con tiempo suficiente, que la discusión se realizara con transparencia y participación, ni la Cámara de Diputados ni el Senado permitieron un proceso realmente participativo e incluyente. Aunque hubo una sesión abierta de consulta, ésta no puede considerarse suficiente para el trabajo que requiere la co-creación de una ley.

En los Congresos y Parlamentos, la regla primordial es que la mayoría decide. Sin embargo, la calidad de los productos legislativos depende también de la calidad de los insumos, el análisis, la deliberación y la manera en que se informa y justifica la decisión final. En México, el Poder Legislativo mantiene ciertas prácticas que no la garantizan: en el caso específico de la publicidad oficial, el dictamen no incluyó las propuestas que otros grupos parlamentarios distintos al del PRI presentaron mediante iniciativas de ley, ni los comentarios y observaciones de especialistas; para enviarlo al Pleno, en lugar de encauzar el consenso, se hizo una interpretación del reglamento que, más que facilitar el trámite, lo invistió de sospecha. Si las prácticas de parlamento abierto fueran costumbre, podríamos evitar estos inconvenientes.

Esto lleva a preguntarnos si el proceso puede o no ser decisivo para la calidad de las leyes: una de las convicciones detrás del impulso constante al parlamento abierto como forma de trabajo legislativo es que no es suficiente con que las leyes sean buenas técnicamente, sino que su proceso las legitime. Por eso es importante que la acción de inconstitucionalidad incluya, como concepto de invalidez, las violaciones al proceso legislativo, pues obliga a revisar con atención las prácticas parlamentarias, los procedimientos y las decisiones que condujeron a la aprobación de la #LeyChayote.

Veremos de nuevo la dinámica de pesos y contrapesos entre los poderes: si bien el Ejecutivo dejó ir la oportunidad de revisar la ley y mejorarla, la Corte deberá juzgar si el contenido corresponde con la Constitución y pondrá a prueba el funcionamiento del Congreso. La primera resolución sobre este tema obligó al Legislativo a hacer su trabajo. La segunda podría obligarlo a hacerlo bien.

 

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