Historias de impunidad: los exgobernadores mexicanos

Al menos el 94 % de los casos corrupción vinculados con exgobernadores quedan impunes. La mayoría no son sentenciados y sus casos están “pendientes de resolver”. Para revertir esto se necesita terminar con el uso político y discrecional de la PGR.

Por: Janet Oropeza

Si algo marcó este sexenio fue la corrupción e impunidad rampantes. Y nadie ejemplifica mejor este binomio que los más de quince (sí, ¡15!) exgobernadores sobre los que recaen denuncias por presuntos actos de corrupción.  Javier Duarte, Roberto Borge, César Duarte, y muchos otros utilizaron su cargo para desviar recursos públicos y favorecer a redes de corrupción. Lo preocupante es que, hoy en día, la mayoría aún se encuentran libres, prófugos de la justicia, o detenidos pero sin condena.

Estos casos ilustran dos problemáticas igualmente alarmantes. La primera tiene que ver con los problemas estructurales en la procuración de justicia, que han favorecido la impunidad. La Procuraduría General de la República (PGR), como instancia encargada de recibir denuncias por corrupción e investigarlas, tiene un actuar deficiente: la cifra negra de delitos no denunciados o que no derivaron en una averiguación previa en 2016 en México fue de 94 %.[1] Esto quiere decir que la mayoría de las denuncias no son investigadas, lo que ocasiona que los casos nunca se presenten ante un juez.  Otro dato que da cuenta de esta ineficiencia tiene que ver con las denuncias hechas por la Auditoría Superior de la Federación. Cada año, la ASF fiscaliza una parte de los fondos federales y cuando encuentra irregularidades que pudieran ser constitutivas de delito (desvíos de fondos, fraudes, etc.) hace una denuncia ante la PGR. Así se tiene que, de mayo de 2014 a mayo 2017, la ASF presentó 700 denuncias penales ante la PGR y esta sólo había resuelto 30 (4%), lo que significaba que el 96 % restante de delitos siguen impunes.[2]

Dado el bajo porcentaje en la investigación y averiguaciones previas, la mayoría de los exgobernadores raramente son sentenciados por delitos federales y sus casos están “pendientes de resolver”. De hecho, en los últimos años, solo Andrés Granier, exgobernador de Tabasco,[3] ha recibido una condena por cerca de 11 años por peculado, en un proceso de investigación que tardó cinco años.[4] Incluso, es de destacar que en casos en donde la PGR dictó órdenes de aprehensión -como las de los dos Duarte y Borge- estas llegaron muy tarde.  Por ejemplo, en el caso de Javier Duarte, a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación había presentado 52 denuncias penales ante la PGR por el presunto desvío de 45 mil millones de pesos desde el año 2014,[5] fue hasta octubre de 2016 -23 meses después-, que se dictó una orden de aprehensión en su contra por presuntos delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita.

Sin embargo, si la impunidad y la falta de justicia es un problema mayúsculo y lastimoso, lo es aún más los efectos que estos actos de corrupción y desvíos tienen en los estados y en las poblaciones donde ocurrieron. Por ejemplo, de nuevo pensemos en el caso de Andrés Granier, la sentencia que recibió fue por el desvío en 2010 de más de 196 millones de pesos del Seguro Popular, programa federal que atiende, sobre todo, a población en situación de vulnerabilidad, que no está afiliada a otro sistema de salud.[6] En el caso de Tabasco, según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2012, el Seguro Popular era el esquema de salud predominante en la entidad, ya que el 53% de la población -y sobre todo aquella en un nivel socioeconómico bajo- estaba afiliada al mismo.[7]Es de suponer entonces que este desvío de recursos afectó la calidad de los servicios de salud prestados. Este caso nos muestra la “otra cara de la corrupción”, la que afecta los derechos humanos. Lamentablemente, casos como el de Granier abundan. De nuevo, pensemos en Javier Duarte: de acuerdo con la ASF, en 2014, durante su gobierno desparecieron mil 700 millones de pesos de los fondos transferidos para el Seguro Popular, [8] con las consecuencias que esto tuvo para la población y su derecho a la salud.

¿Cómo acabar entonces con la impunidad y resarcir las afectaciones que estos exgobernadores han causado? En primer lugar, es importante terminar con el uso político y discrecional de la PGR. Esto solo se logrará cuando se rediseñe para que sea una verdadera Fiscalía autónoma, profesional y eficaz. Para alcanzar esto, ya está en marcha una campaña impulsada por los Colectivos #VamosPorMás y #FiscalíaQuéSirva que, reúnen a más de 300 organizaciones, y que en las próximas semanas  recolectará firmas para promover una iniciativa ciudadana al respecto. En segundo lugar, es igualmente importante que la política de combate a la corrupción en nuestro país comience a poner el foco en analizar las afectaciones de estos actos en la vida de las personas y proponga estrategias para prevenirlas y/o repararlas. Ni el Plan Nacional de Desarrollo que está por concluir ni las estrategias anticorrupción de este gobierno lo lograron. Tocará al nuevo gobierno emprender estas dos necesarias tareas y atender el hartazgo y demandas de una ciudadanía cada vez más desencantada de los asuntos públicos.

 

@FundarMexico

 

Referencias:

[1] Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública 2017, INEGI.

[2] Senado de la República, “Proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a que presente un informe detallado sobre el estatus que guardan las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación en los últimos tres años”,  Gaceta LXIII/2SPR-13/72364, 14 de junio de 2017 y J. Monroy, “Resuelve PGR 4%  de denuncias de la ASF, reportan”, El Economista, 23 de mayo de 2017.

[3] Artículo de proceso: Sentencian a Andrés Granier con 10 años de prisión por peculado; deberá devolver 196 mdp.

[4] “Andrés Granier es condenado a casi 11 años de prisión por peculado”, Expansión, 01 de marzo de 2018 y “Boletín Informativo N° 2036 | Villahermosa, Tabasco”, Fiscalía General del Estado de Tabasco, 01 de marzo de 2018

[5] Aquí pueden revisarse las denuncias penales presentadas por la ASF.

[6] Sin embargo, es de destacar que, según declaraciones de su sucesor en el estado, los desvíos de Granier supuestamente podrían ascender a 1,900 millones de fondos federales (“PGR investigará presunto desvío de recursos en Tabasco”, Animal Político, 07 de marzo de 2013.

[7] Encuesta Nacional de Salud y Población 2012: Tabasco, Instituto Nacional de Salud Pública, pp. 18-20.

[8] A. Angel, “PGR indaga nuevos desvíos en salud con Javier Duarte y Tarek Abdalá, por 1,700 mdp”, Animal Político, 11 de junio de 2018.

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