¿Muerto el fideicomiso… se acabó la rabia?

Acabar con los fideicomisos, como lo plantea López Obrador, resulta una medida poco factible, porque existen fideicomisos que se necesitan para impulsar el desarrollo. Aun logrando transparentarlos, subsiste el problema de que funcionan en una línea casi imperceptible entre lo público y privado.

Por: Sarahí Salvatierra

Muerto el perro se acabó la rabia”, o al menos parece que eso sucederá con los fideicomisos públicos en la administración de Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con el punto 18 de sus 50 lineamientos de austeridad “se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo para ocultar fondos y evadir la legalidad y la transparencia”, como una medida para combatir la corrupción. A diferencia del popular refrán, cancelar los fideicomisos no termina ni atienden el problema público, que radica en la forma discrecional como se usan los fideicomisos desde el ámbito privado y que está permitido por la ley.

Desaparecer los fideicomisos no resuelve el problema de fondo y en realidad resulta una medida extrema que no es estratégica ni factible, porque existen fideicomisos que son necesarios para impulsar el desarrollo; pues permiten destinar bienes y recursos para fines específicos sin que estos fondos puedan ser tocados por otras administraciones. Por ejemplo, los fondos de estabilidad financiera sirven para que las dependencias cuenten con recursos para el cumplimiento de sus funciones en caso de que se presente alguna crisis financiera; entre éstos se encuentra el Fondo para la Estabilización de los Ingresos Presupuestarios o el Fondo de Desastres Naturales.

El problema con estos fideicomisos públicos es que, a pesar de que existe un avance normativo en materia de transparencia, en la práctica siguen siendo muy opacos. Por esto es importante que el nuevo gobierno federal tome acciones para que la información sobre el uso y destino de este dinero sea público y accesible, así como los detalles de su funcionamiento y el cumplimiento de sus objetivos.

Sin embargo, aun logrando transparentarlos, subsiste otro problema que es estructural y que tienen que ver con la naturaleza de los fideicomisos y con la manera como fueron adoptados en nuestro país, pues permite que funcionen en un espacio en donde la línea entre lo público y privado es casi imperceptible. Actualmente, los fideicomisos se encuentran regulados por marcos jurídicos que chocan entre sí, uno es de naturaleza privada y el otro pública. El primero sigue reglas financieras y mercantiles que obligan a resguardar la privacidad y confidencialidad de sus operaciones; mientras que el segundo sólo regula los fideicomisos que son creados por entidades públicas y con recursos públicos, pero dejan fuera a los fideicomisos privados que intervienen en asuntos públicos.

Esta ambigüedad abre la puerta al uso discrecional de estas figuras. Actores privados pueden crear fideicomisos privados que intervienen en asuntos públicos, o actores públicos pueden crear fidecomisos privados y en ambos casos pueden ser resguardados por el secreto bancario o fiduciario.

El escándalo del fideicomiso “Por los demás”, que despertó mucha controversia debido a que se creó como un instrumento privado por militantes de Morena –y, por tanto, sin la posibilidad de ser transparente, pero para fines que pueden considerarse de interés público– es un ejemplo de uno de los principales pendientes en el tema. Representa una importante oportunidad ya que pone sobre la mesa la necesidad de regular el alcance de los fideicomisos privados que interviene en asuntos de interés público o en la garantía de derechos, de definir el límite de su actuación, las responsabilidades a los que pueden estar sujetos y qué tan transparentes deberían ser.

Incluso, el actual funcionamiento de los fideicomisos públicos también se encuentra entre lo público y lo privado. Por ejemplo, aún es indispensable que se limite a los tomadores de decisiones en los fideicomisos –es decir, a sus comités técnicos–, pues en la mayoría de los casos se integran por particulares y los asuntos de interés público terminan en manos de personas que no son funcionarios.

También es necesario que se defina el régimen de contrataciones bajo el cual se deben sujetar los fideicomisos. No queda duda que aquéllos que son integrados por entidades públicas deberían seguir los principios de adquisiciones y contrataciones públicas. Sin embargo, al menos 139 fideicomisos públicos están administrados por instituciones financieras privadas, que no están sujetas a este marco jurídico.[1]

El próximo gobierno federal debe poner atención en un tema que durante muchos años y administraciones fue dejado de lado, al punto de permitir el uso de estas figuras como instrumentos de corrupción. Pero sería más realista que comience con diagnósticos de los fideicomisos de los cuales se tiene registro, así como de aquellos que sin ser públicos tienen impacto en intereses públicos , y exigirles el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y tener mayor control y vigilancia de ellos.

Es indispensable que se atienda el seguimiento, control, transparencia y regulación de los fideicomisos privados que intervienen en asunto de interés público, sobre todo si tienen impacto en la garantía de derechos de los ciudadanos.

Tomar la decisión de cancelar los fideicomisos y desaparecerlos del ámbito público sería contraproducente, pues abriría la puerta para que se ejerzan a través de la vía privada; y esto abriría otros canales para la opacidad, el desvío de recursos, la corrupción y la afectación a las finanzas públicas y la garantía de derechos humanos.

 

Referencias: 

[1] Ver “Fideicomisos en México. El arte de desaparecer dinero público”. Disponible aquí.

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