¿Que sabemos del fideicomiso para defensores?

Aunque la naturaleza del fondo para este fideicomiso conlleva limitantes para conocer de manera amplia su funcionamiento, es necesario que cumpla con mínimos de transparencia para garantizar los derechos humanos de defensores y periodistas.

Por: Sarahí Salvatierra

Este año en México al menos 959 personas se benefician de la protección del Estado debido a los constantes ataques de los que han sido objeto a raíz de su trabajo. El problema no ha logrado solucionarse de raíz. En tanto, existe una herramienta que, con la asignación de  recursos públicos,  aplica diversas medidas de prevención  para garantizar su vida y el respeto a sus derechos: el Mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Sin embargo, su funcionamiento e incluso el monto de recursos con los que opera es poco claro y transparente.

La implementación de las medidas de protección del Mecanismo  depende de un fideicomiso, lo que ya representa una serie de obstáculos para la transparencia y rendición de cuentas. La información pública sobre estos instrumentos es tan general y distinta según la fuente consultada, que resulta poco confiable y pone en duda la efectividad de estos instrumentos. (ver el informe de Fundar: Fideicomisos, el arte de desaparecer dinero público).

Un ejemplo claro fue la información divulgada en días pasados en torno a los recursos del Mecanismo. El pasado 27 de agosto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México hizo un llamado al gobierno para que destine suficientes fondos para la operación de este instrumento. Dijo entonces que el fideicomiso que permite su operación, el Fondo para la protección de personas defensoras derechos humanos y periodistas, no cuenta con recursos suficientes para operar.[1]

Sin embargo, esta ausencia de recursos no se veía reflejada en la información pública. Desde Fundar, documentamos cómo la información sobre los montos ejercidos y disponibles en el fideicomiso es mínima y diferente según la fuente consultada, lo que ha generado confusión sobre el estatus real. Por un lado, la información de los informes trimestrales del presupuesto señalan que, al 30 de junio de 2018, el fideicomiso dispone de 228 millones de pesos para implementar las medidas de protección. Mientras que, distintos organismos de derechos humanos han denunciado la escasez de recursos y el riesgo de quedarse sin fondos para el próximo mes de octubre, y consecuentemente que los beneficiarios se quedaran sin protección.

Fue solo hasta hace unos días que se difundió, vía el portal de internet de la Secretaría de Gobernación, que existen 202 mdp disponibles, pero que se encuentran comprometidos y son insuficientes para seguir operando el Mecanismo[2].

Estos recursos son un insumos fundamentales para salvaguardar la seguridad y la vida de un sector social que enfrenta un agravado contexto de violencia. Por esta razón, cobra mayor relevancia que el funcionamiento, administración y la ejecución de los recursos del fideicomiso se rijan con la mayor transparencia, rendición de cuentas, economía y eficiencia, con respeto y garantía a los derechos humanos.

La importancia de contar con información oportuna que explique de manera precisa cómo se ejercen los recursos y cuál es su destino, disponibilidad, su proyección, los montos comprometidos y no comprometidos y en qué, de manera periódica, permite verificar si el dinero se administra adecuadamente. Además, dota de certeza a los beneficiarios, cuya seguridad y vida pueden estar en riesgo por una administración inadecuada.

Aunque el Fondo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas se trata de un fideicomiso cuya naturaleza conlleva limitantes para conocer de manera amplia su funcionamiento -como es la reserva y confidencialidad de información respecto a los beneficiarios-, es necesario que cumpla con mínimos de transparencia.

La falta de claridad sobre el ejercicio de los recursos públicos y el funcionamiento del Fondo no sólo desinforman a la población en general, también incrementan el riesgo en que ya se encuentran los defensores de derechos humanos y periodistas. Por ejemplo, limita la exigibilidad de derechos cuando sea necesario, o cuando se retiren o reduzcan las medidas de protección con las que cuentan. Esta reciente polémica sobre el Mecanismo es un claro ejemplo de cómo la falta de rendición de cuentas puede afectar la garantía de derechos elementales.

 

* Sarahí Salvatierra es investigadora en Fundar.

 

@FundarMexico

 

 

Referencias: 

[1] Comunicado ONU-DH.

[2] Consultar aquí.

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