Combate a la corrupción: deuda pendiente del sexenio

Culminamos un sexenio con un Sistema Nacional Anticorrupción incipiente, que aún no establece políticas anticorrupción integrales, que logren atender las causas estructurales de este fenómeno y tener un impacto real en la vida de las personas. Aunado a esto queda otro pendiente: la impunidad.

Por: Janet Oropeza Eng

Hace unos días, el presidente Peña Nieto dio su último Informe de Gobierno. A pesar de que hubo ciertos avances, el balance en términos de combate a la corrupción es negativo. Los numerosos escándalos de corrupción del sexenio (Odebrecht, La Estafa Maestra, el Socavón, La Casa Blanca, etc.) muestran que este fenómeno fue sistémico, involucró a funcionarios y funcionarias del más alto nivel, y que no hubo una voluntad real para detectarlo y -menos- sancionarlo.

Aunque en este sexenio se aprobó una reforma constitucional y siete leyes anticorrupción que crearon un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), éste ha enfrentado numerosos desafíos para su funcionamiento adecuado. A nivel nacional, existen designaciones importantes pendientes como la de la Fiscalía Anticorrupción -quien investigará los delitos de corrupción- o de los y las Magistradas Anticorrupción -quienes sancionarán las faltas administrativas graves-. Incluso cuando sí hubo designaciones, algunas carecieron de estándares de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, por lo que nunca pudimos conocer bajo qué criterios se nombraron estas personas y si tenían una sana distancia del poder político, lo que era indispensable para combatir decididamente la corrupción (este fue el caso de la actual Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez).

En los estados también hubo desafíos: al día de hoy, nueve entidades aún no cuentan con un Sistema Local Anticorrupción funcional.[1] De esta forma, culminamos un sexenio con un Sistema Nacional Anticorrupción incipiente, que aún no establece políticas anticorrupción integrales, que logren atender las causas estructurales de este fenómeno y tener un impacto real en la vida de las personas.

Otro segundo -y muy lastimoso- pendiente se refiere a la impunidad. Durante todo el sexenio, la Secretaría de la Función Pública (SFP), la encargada de detectar e investigar la corrupción al interior del gobierno, tuvo un rol más bien reactivo frente a escándalos de corrupción. Un ejemplo que ilustra esto es el Socavón del Paso Express, donde perdieron la vida dos personas en 2017. Aunque la Auditoría Superior de la Federación había detectado irregularidades en la obra y pagos en exceso ocurridos en 2015, la obra continuó y fue incluso inaugurada por el Presidente. Posterior a la tragedia, la SFP se vio obligada a auditarla, haciendo 22 observaciones y determinando irregularidades por mil 34 millones de pesos, equivalentes al 47% del costo de la obra.[2]

El castigo por la vía penal es otro gran pendiente. El 95% de las denuncias por delitos relacionados con actos de corrupción que recibe la Procuraduría General de la República (PGR) no son investigadas, por lo que las y los presuntos culpables nunca son presentados ante un juez o jueza.[3] El mejor ejemplo de esto son los más de 13 ex gobernadores acusados de corrupción en este sexenio que aún no tienen una condena, aunque tengan como Javier Duarte más de 50 denuncias en su contra  por el desvío de miles de millones de pesos. Estos altos niveles de impunidad se deben al uso político que se da a la PGR y a sus propias debilidades institucionales (en términos de personal profesional y suficiente, recursos económicos y materiales, etc.). Para lograr una justicia efectiva, debe fortalecerse la autonomía y diseño de la Fiscalía General y la Fiscalía Anticorrupción; agencias que fueron aprobadas en la Constitución y sustituirán a la PGR, pero que aún no están vigentes por la falta de una Ley Orgánica y una declaratoria expresa por parte del legislativo.

Finalmente, la falta de transparencia e información pública oportuna, accesible y exhaustiva  propiciaron la opacidad y discrecionalidad, que tiende a generar un ambiente propicio y permisivo para la corrupción. Aunque en este sexenio aprobamos una Ley de Transparencia de avanzada, el 90% de los Comités de Transparencia, quienes son los encargados de garantizar este derecho dentro de cada institución, no sigue lineamientos claros para reservar la información, a pesar de que estos ya fueron desarrollados por el Sistema Nacional de Transparencia.[4] Incluso, cuando se publica información, esta es inconsistente y no está desagregada. Esto es lo que sucedió con la Reconstrucción. A un año de los sismos del 7 y 19 de septiembre, la información disponible en las distintas plataformas de gobierno no permite evaluar las acciones emprendidas ni identificar, por ejemplo, “cuántas viviendas se han reconstruido, quiénes han recibido los apoyos de vivienda o cómo se puede comprobar que los recursos entregados fueron recibidos por las personas que lo requerían”.[5]

De esta forma, la corrupción, impunidad rampante y opacidad serán deudas de este sexenio. Por eso no sorprende que el presidente se va con el porcentaje de aprobación más bajo de la historia -apenas de 18%-[6] y que 9 de cada 10 mexicanos consideramos que se gobierna para “los grupos poderosos” y no para el bien común.[7] Ojalá que ahora que ya sabemos lo que está mal, el nuevo gobierno emprenda acciones para combatir decididamente y de forma integral la corrupción, poniendo en el centro las afectaciones que esta causa en las personas.

 

* Janet Oropeza Eng es investigadora del Programa de Investigación-Acción de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar @FundarMexico.

 

Referencias: 

[1] “Sistemas Locales Anticorrupción”, Sistema Nacional Anticorrupción, 18 de septiembre de 2018.

[2] José Tenorio, “Irregularidades en el Paso Express por $1,034 millones de pesos”, 13 de septiembre de 2017.

[3] Por ejemplo, del 1 de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la PGR, reportó haber iniciado 265 carpetas de investigación, pero haber ejercido acción penal en sólo 15 averiguaciones previas (5.6 por ciento), sin brindarnos mayor información pública sobre el avance del resto de las investigaciones. Otro dato importante es que,  en tres años (2014-2017), la ASF presentó 700 denuncias penales ante la PGR y, para mayo de 2017, ésta sólo había resuelto 30 de ellas (4 por ciento). Ambas cifras son congruentes con la cifra negra de delitos en México, que es de 94 por ciento) La cifra negra de delitos en México se refiere a los delitos que no son denunciados o que no derivan en una averiguación previa (Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública 2017, INEGI).

[4] Guerra Ford. Oscar (2017), Diagnóstico de Transparencia de sujetos obligados federales. Ver aquí.

[5] Informe de Transparencia y Rendición de cuentas de los recursos públicos y privados a un año de los sismos, Fundar-Transparencia Mexicana, septiembre de 2018.

[6]  “Evaluación 23 de trimestres de gobierno de Enrique Peña Nieto “, Consulta Mitofsky, 18 de septiembre de 2018,o

[7] Informe Latinobarómetro 2017, Corporación Latinobarómetro, Argentina, CAF-BID, 2017.

Close
Comentarios