Corrupción y transparencia: inconsistencias del INAI

En el contexto mexicano de corrupción generalizada, el escrutinio ciudadano sobre el actuar y los recursos públicos ha cobrado relevancia. Al tener acceso a la información, la ciudadanía puede detectar actos de corrupción y denunciar los delitos cuando estos impiden el ejercicio de derechos.

Por: Sarahí Salvatierra y Janet Oropeza

Este 28 de septiembre que se celebra el Día Internacional del Derecho a Saber, se presenta una buena oportunidad para evaluar qué tanto podemos acceder a información pública sobre corrupción, el segundo problema que más preocupa a la ciudadanía.[1]

El sexenio que está por terminar estuvo caracterizado por escándalos de corrupción a nivel federal y estatal, que implicaron desvíos multimillonarios de recursos y a funcionarios del más alto nivel. Por ejemplo, en estados como Veracruz, Quintana Roo o Chihuahua, los gobernadores estuvieron relacionados con estos hechos. En San Luis Potosí, todos los partidos en el Congreso participaron en un esquema de desvíos.[2]  A nivel federal, el propio presidente o sus más allegados colaboradores como Emilio Lozoya con Odebrecht o Rosario Robles con la Estafa Maestra se vieron implicados en esquemas de sobornos o desvíos.

En el contexto mexicano de corrupción generalizada, la labor de escrutinio ciudadano sobre el actuar y los recursos públicos ha cobrado mayor relevancia. Al contar con esta información de manera oportuna y accesible, la ciudadanía tiene la posibilidad de detectar actos de corrupción y poder denunciarlos ante las instancias pertinentes u organismos de derechos humanos cuando estos actos impiden el pleno ejercicio de derechos. Incluso, una vez estos casos han salido a la luz pública, la ciudadanía debe contar con información para monitorear el seguimiento que se les da por parte de instancias de control o de procuración de justicia.

¿De dónde venimos?

Es importante señalar que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública mexicana, aprobada en 2015, ha sido reconocida como una de las mejores leyes. La misma establece que no se podrá reservar información relacionada con actos de corrupción o violaciones a derechos humanos.[3] Es decir, prohíbe explícitamente la reserva de esta información por la gravedad e impacto que estos casos tienen en la vida de las personas.

Posteriormente, en 2016 se dio otro paso fundamental al aprobarse siete leyes anticorrupción, las cuales crearon un mecanismo de coordinación para el combate a la corrupción, el llamado Sistema Nacional Anticorrupción, que tiene -entre sus integrantes- al órgano garante del derecho de información: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Las leyes también modificaron el Código Penal para establecer un nuevo catálogo de delitos de corrupción, pero que no será vigente en tanto que no se cuente con un Fiscal Anticorrupción.

La aprobación de los marcos normativos descritos antes refleja la relevancia pública que el combate a la corrupción ha adquirido en los últimos años. Sin embargo, algunas disposiciones de estas leyes aún no se han materializado y, como se explica más adelante, generan un desafío para garantizar el pleno acceso a información relacionada con actos de corrupción.

¿Dónde estamos?

De forma cada vez más recurrente, la ciudadanía solicita a instituciones públicas información relacionada con actos de corrupción y el seguimiento a los mismos (pliegos de observaciones, recomendaciones, denuncias, investigaciones, sanciones, entre otros). Cuando estas instituciones se niegan a entregar información, el papel del INAI como órgano garante es muy relevante para determinar si esta se otorga o no. Al respecto, el pleno del INAI ha recibido varios recursos de revisión[4] sobre estos casos y ha desarrollado principalmente dos posturas.

En la primera, que podríamos considerar la más garantista, el INAI ha ordenado entregar la información convencida de que el acceso a ésta permite a la ciudadanía hacer un escrutinio y control del actuar público y exigir a la autoridad mejoras en sus condiciones de vida, resaltando el uso instrumental de este derecho. Lo anterior, porque el INAI reconoce que los actos de corrupción afectan derechos humanos y especialmente a las personas en situación de mayor vulnerabilidad.[5]

Como ejemplo podemos mencionar la resolución RRA 3926/18, en donde el INAI ordenó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el órgano fiscalizador, entregar los oficios mediante los cuales el Gobierno de Quintana Roo solventó, entre 2014 y 2018, las observaciones referentes al Fondo para la Infraestructura Social Estatal ejercido en 2013. Es importante señalar que este Fondo financia obras, acciones sociales básicas e inversiones para beneficiar directamente a población en extrema pobreza y a localidades con alto o muy alto nivel de rezago social. [6]

Al determinar la entrega de la información, el INAI argumentó que la propia ASF había documentado irregularidades que revelaban malos manejos de este fondo, destinado a mejorar la vida de la población en alta situación de vulnerabilidad y a generar condiciones de mayor igualdad. También ratificó que acceder a esta información permitiría  a la ciudadanía evaluar las acciones del gobierno, colaborar e identificar posibles actos de corrupción e incluso mejorar su situación de vida.  En este caso, la apertura de la información se relaciona con oficios enviados a la ASF.

La segunda postura se refiere a la reserva de la información que realizan la entidades públicas, cuando ésta  se encuentran en un proceso de investigación judicial en curso. Lo anterior porque la Ley General de Transparencia y Acceso la Información, en su artículo 113 señala que la información contenida en investigaciones judiciales no podrá ser proporcionada en tanto no se haya dictado una sentencia definitiva ya que podría menoscabar la conducción de las investigaciones. Bajo este criterio, en algunos casos graves en donde particulares han solicitado versiones testadas de la carpeta de investigación, instituciones como la Procuraduría General de la República (PGR), suelen reservar totalmente la información.

Al respecto, los comisionados han debatido en qué casos se debe de determinar la entrega de la información. Para unos  es necesario que los delitos de corrupción del Código Penal Federal entren en vigor; que determinada conducta de un o una servidora pública encuadre  con el delito de corrupción previsto en el Código;  y que la PGR -en tanto no se nombre al Fiscal Especializado en materia anticorrupción- o un Tribunal, determine mediante una sentencia que se trata de un acto de corrupción[7]. Aunque ha prevalecido la anterior postura, otros comisionados han valorado entregar esta información por el interés público que conlleva un asunto relacionado con un escándalo de corrupción.

En la práctica, estas resoluciones se traducen en que ninguna entidad pública podrá entregar información sobre los avances de las averiguaciones previas o carpetas de investigación por actuaciones irregulares de servidores públicos hasta que exista certeza de culpabilidad mediante una sentencia que sea emitida por juez o jueza aún cuando la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información prohibió la reserva de esta información en casos de corrupción y aun cuando el INAI cuenta con las facultades para abrirla, al ser la máxima autoridad en el tema.

Por ejemplo, en el caso Odebrecht, el pleno del INAI sí ha obligado a abrir información numérica de la investigación como el número de fojas del expediente y el de servidores públicos que han sido llamados a declarar. Sin embargo, no se han abierto versiones públicas de las investigaciones judiciales en curso.

El camino pendiente

Si bien el INAI ha instruido la apertura de la información en algunos casos de corrupción, es importante que tambié haga uso de sus facultades y asuma una posición más garantista para asegurar el acceso a información -oportuna y en versiones públicas- sobre las investigaciones de hechos de corrupción, y no sólo hasta que se haya emitido una sentencia. Sin la apertura de esta información, la ciudadanía carece de elementos para poder realizar un escrutinio del desempeño de las entidades públicas en el combate a la corrupción y también prevalece la desconfianza en el sistema de justicia. Una mayor apertura podría ser clave para que el país deje de tener un triste récord en materia de impunidad: 95% de los actos de corrupción quedan impunes.

 

@FundarMexico

 

Referencias: 

[1] La inseguridad es el primer problema que más preocupa a la ciudadanía, seguida de la corrupción con 50.9% por ciento en 2015 (Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, 2015, INEGI).

[2] Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, “Desde el Congreso, diputados de San Luis Potosí crearon su propia red de empresas fantasma”, Huff Post, 26 de junio de 2018.

[3] El artículo 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala: No podrá invocarse el carácter de reservado cuando: I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad; o II. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables.

[4] Los recursos de revisión son medios de impugnación que se puede tramitar ante el órgano garante, el INAI, cuando alguna institución pública niega la entrega de la información. El INAI es quien resuelve y determina, en última instancia, si la información se entrega o se confirma la reserva.

[5] Lo anterior sucedió en el recurso de revisión RRA 3926/18 interpuesto en contra de la ASF, el RRA 101/18 interpuesto en contra del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México o el recurso RRA 469/2018 interpuesto en conta de la SCT, en donde la información solicitada no estaba vinculada a ningún proceso de investigación judicial o este ya había terminado.

[6] Artículo 33, Ley de Coordinación Fiscal.

 

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