Tenemos la mejor Ley de Transparencia en el mundo

Hoy tenemos información que antes no teníamos, y somos conscientes de la corrupción y la impunidad gracias -también- al acceso a la información pública. No obstante, falta mucho por cumplir, falta estado de derecho y falta que el Estado nos rinda cuentas.

Por: Ana Cristina Ruelas Serna (@anaruelas)

La participación de la sociedad civil en los procesos legislativos durante el último periodo de sesiones del Senado de la República abrió la puerta hacia un espacio que tenemos que mantener.

A lo largo de este sexenio, la oportunidad que se tuvo para incidir en legislaciones, como la reforma constitucional en materia de transparencia y la ley general respectiva, permitió que contaran con estándares que garantizan el derecho de acceso a la información, e impulsan la transparencia gubernamental como un valor institucional. También fincó las bases para iniciar procesos de co-creación entre sociedad y gobierno.

En particular el proceso legislativo de la Ley General de Transparencia ha sido una importante experiencia que, en el marco de una nueva legislatura, no se puede olvidar.  Esta ley logró convertirse en la mejor del mundo por una razón: los partidos políticos trabajaron, de la mano con la sociedad, para resolver un problema público bien reconocido (la asimetría de información entre distintas poblaciones y la falta de mecanismos para exigir el derecho a la información).

Desde el inicio de las discusiones las reglas fueron claras. En conjunto con un grupo de Senadores/as de las tres fuerzas parlamentarias, prominentes en ese momento, se determinó que trataríamos de llevar al consenso cada uno de los artículos de la ley, que únicamente en casos en los que hubiese un total desacuerdo, dicho articulado sería encorchetado a fin de que los mismos Senadores/as llegaran a una determinación final. Además, otra regla suponía que la ley integraría todos los avances jurisprudenciales y criterios que han sido reconocidos por cortes nacionales e internacionales.

De esta manera, la participación entre las partes fue igualitaria, dotando a todos/as de la posibilidad de debatir y defender nuestras posiciones para encontrar el consenso e identificar mejores prácticas y maneras para combatir los obstáculos para acceder a la información.

En este proceso, logramos que el Estado reconociera, por ejemplo, que no puede criminalizar a la búsqueda, recepción y difusión de información; que la información relacionada con violaciones de derechos humanos y actos graves de corrupción no puede estar sujeta a reserva alguna, fomentando el deber del Estado de recordar y hacer del conocimiento público las atrocidades del pasado; también la ley promueve la difusión activa de información de interés público y genera mecanismos diversos de exigibilidad del derecho de acceso a la información.

Aún queda un largo camino por recorrer para que el acceso a la información sea verdaderamente universal e inclusivo, es decir que la información sea accesible para todos/as (incluidos/as aquellos/as en mayor situación de vulnerabilidad), hoy por hoy, tenemos información que antes no teníamos, hoy somos conscientes de la corrupción y la impunidad gracias -también- al acceso a la información pública.  No obstante, falta mucho por cumplir, falta estado de derecho y falta que el Estado nos rinda cuentas.

El reto sigue siendo mayúsculo: encontrar mecanismos alternativos para el acceso a la información, eliminar la exclusión que la brecha digital supone a las poblaciones en situación de vulnerabilidad e impulsar un proceso de digitalización real con capacitaciones técnicas, multiculturales y lingüísticas; así como asegurar que la información que se acerca a la gente sea relevante y accesible para todas y todos. Sin embargo, un proceso de parlamento abierto como el de la Ley General de Transparencia nos mostró otra forma de participar en la vida pública, de exigir nuestros derechos y el cumplimiento de los más altos estándares internacionales.

 

* Ana Ruelas es abogada y maestra en Administración Pública y Política Pública, actual directora de la oficina regional de @article19mex para México y Centroamérica.

 

 

@FundarMexico

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