La insoportable levedad de las designaciones

En años recientes, hemos sido testigos de cómo las designaciones públicas que ocurren en el Senado o en la Cámara de Diputados se convierten en un territorio de lucha por el poder político y negociaciones tras bambalinas que se traducen en la selección de perfiles inadecuados, o sin la suficiente probidad y distanciamiento del poder político.

Por: Anaid García Tobón

La designación de Kavanaugh hace unos días como ministro vitalicio de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, a pesar de haber sido acusado de abuso sexual, cimbró a la sociedad de ese país y evidenció la necesidad de elegir perfiles idóneos en las instituciones de justicia, máximos órganos de protección y garantía de derechos constitucionales.

Próximamente nuestro país también renovará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el término de mandato del ministro José Ramón Cossío Díaz. Esto representa una oportunidad para que se elija a un perfil que no solo cumpla con los requisitos legales, sino que demuestre contar con otros atributos indispensables como independencia, conocimientos técnicos, amplia trayectoria y probidad suficiente para poder fortalecer a la Corte.

Un actor clave para que esto suceda es el Senado de la República, que tiene el mandato de ratificar la propuesta que le envíe el Ejecutivo, todavía Enrique Peña Nieto. Es fundamental que esta ratificación se realice mediante un proceso de Parlamento Abierto que incorpore los más altos estándares de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, que aseguren que la designación no será una moneda de cambio en este contexto de transición y/o una mera negociación entre fracciones parlamentarias.

En años recientes, hemos sido testigos de cómo las designaciones públicas que ocurren en el Senado o en la Cámara de Diputados se convierten en un territorio de lucha por el poder político y negociaciones tras bambalinas que se traducen en la selección de perfiles inadecuados, o sin la suficiente probidad y distanciamiento del poder político. Las ratificaciones han sido más limitadas aún, pues se convierten en un mero trámite en el cual las legislaturas aprueban la selección del titular del Ejecutivo sin discusión pública y sin rendición de cuentas sobre la decisión tomada.

En una verdadera democracia estos procesos se deben realizar con una amplia deliberación pública, transparentando el proceso y los criterios e instrumentos con los cuales se evaluarán y seleccionarán a los y las candidatas, y explicando y justificando la elección tomada.

Cuando hablamos de la legitimidad precisamente nos referimos a la capacidad del sistema político para engendrar y mantener la creencia de que las instituciones existentes son las más apropiadas para la sociedad y que funcionan. Si estas instituciones no cuentan con arraigo y respaldo social, la implementación de sus decisiones es muy costosa o definitivamente insostenible.

En 2015 tuvimos ya una mala experiencia en la designación para el máximo tribunal de justicia. El Senado ratificó un ministro altamente cuestionado por no cumplir el requisito legal de residir en el país, por haber recibido recomendaciones por violar derechos humanos y por cuestionamientos sobre conflicto de interés.

Es imperante no repetir esta experiencia y exigir al Senado que ejerza sus facultades de control y lleve a cabo un proceso de designación ejemplar, que cumpla con los más altos estándares de Parlamento Abierto. De lo contrario, habrá una mala designación que se reflejará no sólo en el desempeño de la SCJN, sino que afectará la legitimidad del órgano más importante para la garantía y protección de derechos.

Acá puedes consultar las propuestas que hemos hecho llegar al Ejecutivo y al Senado de la República para que haya un proceso de designación con altos estándares para la elección del próximo ministro o ministra. De igual forma, te invitamos a ver el tercer capítulo del programa de Parlamento Abierto de Fundar, donde exploramos cómo vamos en este tema.

 

@FundarMexico

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