Ya hay ley antitortura… pero la tortura sigue

La tortura existe en México y de manera generalizada. Es una lastimosa y continua enfermedad social. Presupone la violencia y todavía la justifica como una técnica para obtener la verdad. Es necesario reconocer que la tortura no otorga verdad y ni clarifica delitos, sino que produce nuevas víctimas y obstruye la memoria de las víctimas y la sociedad.

Por: Andrés Marcelo Díaz Fernández (@AndresTeix)

El pasado 26 de junio se aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, mejor conocida como Ley Antitortura. Esta ley es general, pues su contenido aplica para todo el país, por lo que se evita que cada entidad federativa entienda y juzgue de manera distinta este delito.

Esta Ley es para prevenir, puesto que crea mecanismos para hacer que esta práctica sea contenida desde sus causas, como las acciones que realizará el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, adscrito a la CNDH. Este tiene el reto de identificar, de la mano de su Comité Técnico de expertos independientes, las razones en las que se produce esta práctica y los impactos diferenciados que presenta.

También sirve para investigar, porque la tortura es un crimen de Estado que, a su vez, es quien monopoliza las acciones de investigación penal. La tortura, junto con otras violaciones a los derechos humanos, presume las más altas tasas de impunidad, ya que es un delito cometido por servidores públicos o afines a éstos y es investigado por otros funcionarios. Además, la ley contempla que todos los dictámenes médicos y psicológicos que realicen peritos independientes –pudiendo ser el Protocolo de Estambul o no– sean valorados con el mismo peso que las realizadas por los servicios periciales oficiales.

Esta ley sanciona, ya que impone penas privativas de la libertad a quienes lo cometan, a quienes lo encubran y a quienes se nieguen a apoyar en las investigaciones. Si bien las penas a imponer a quienes la cometan no son la parte central de ley ni de la exigencia de justicia por este delito, es la manera de hacer efectivo el derecho a no sufrir tortura, que es un derecho absoluto. Jamás existe justificación para cometer tortura.

Este último punto es muy importante, puesto que la tortura muchas veces es presentada y justificada como una suerte de “método de investigación” de otros delitos; falacia que es de imposible realización puesto que, bajo tortura, la persona víctima es sometida a decir lo que las autoridades quieren que diga para autoinculparse.

El hecho de que exista esta ley, como tantas otras, no implica que su cumplimiento es automático. Primero, es necesario comprender que la problemática de la tortura en México es endémica y tan antigua como las primeras gestiones de la imposición del colonialismo. José María Morelos ya la mencionaba en sus “Sentimientos de la Nación”; el Constituyente de 1917 ya la consideraba en el artículo 22, y después de la llamada guerra sucia de los años 70’s y alrededores, se había hecho una ley federal en 1986 sustituida por otra en 1991. Aunque existen tantos marcos jurídicos adoptados, el fenómeno también ha mutado y sigue existiendo.

Es cierto que la tortura, además de tener la triple dimensión delito–violación a los derechos humanos–crimen de lesa humanidad, es también una horrorosa acción que puede ser llevada a cabo por personas que no sean autoridades ni estén avaladas por estas. Sin embargo, es necesario entender que, aunque podríamos reconocer esos actos como tortura, el fin que persigue la ley es visibilizar cuando el Estado, ostentando todo su poder y control sobre la sociedad, la comete con fines específicos como obtener una confesión, castigar a alguien, amenazar, etc.

Además, es muy común escuchar que quienes alegan tortura son personas –generalmente imputadas– que la denuncian como una manera de evadir acusaciones y obtener su libertad. Si bien no podemos absolutizar la veracidad de las denuncias, sí podemos decir que lamentablemente esos dichos son impulsados desde las propias esferas gubernamentales para evadir la responsabilidad del Estado y sus funcionarios públicos. Si hay un clamor de justicia generalizado por los crímenes atroces en el país, el Estado ha preferido acallarlo actualizando sus estadísticas de combate a la impunidad a través de la fabricación de delincuentes e incluso delitos. De todas maneras, aún los Poderes judiciales en muchas ocasiones decide no estar apegado a los más altos estándares internacionales en materia de tortura y ha puesto trabas para liberar personas de procesos viciados por torturas y pruebas ilícitas.

La tortura existe en México y de manera generalizada. Es una lastimosa y continua enfermedad social. Presupone la violencia y todavía la justifica como una técnica para obtener la verdad. Es necesario reconocer que la tortura no otorga verdad y ni clarifica delitos, sino que produce nuevas víctimas y obstruye la memoria de las víctimas y la sociedad.

Implementar integralmente la Ley Antitortura no es solamente un deseo o exigencia, es una obligación del Estado frente a sus propias leyes, su ciudadanía y frente a la comunidad internacional. En la medida en que reconozcamos que el Estado mexicano la sigue empleando, quizá podremos abrirnos camino para tener mejores instituciones que no fabriquen verdades sino las investiguen; autoridades que no generen nuevas víctimas, sino que las reparen; y una sociedad que no tenga el miedo a ser torturada, y con ello, a ser juzgada de delitos inexistentes antes de juicio. #NoMasTortura

 

* Andrés Marcelo Díaz Fernández es abogado e investigador en Derechos Humanos.

Nota de edición: esta ley se construyó de forma colaborativa por lo que es un buen ejemplo de las prácticas de Parlamento abierto. Para conocer más, visita aquí.

 

@FundarMexico

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