Controlar el presidencialismo

Parte de las funciones legislativas del Congreso de la Unión y de los 32 cuerpos legislativos locales del país es cerciorarse de que cada ente público se mantenga dentro de su esfera de competencia. Asegurarse del acatamiento de sus facultades de acuerdo con las leyes que los legisladores aprobaron.

Por: Manuel Guadarrama

Los legisladores no solo legislan. Desde la perspectiva de la rendición de cuentas, las funciones del Poder Legislativo son diversas y complejas. Existen actividades de representación y protección de los intereses de los ciudadanos. Los legisladores también llevan a cabo funciones político-administrativas y jurisdiccionales. En las primeras ejercen su poder a través del nombramiento, ratificación y designación de funcionarios públicos encargados de otros entes públicos. En la segunda, aplican el derecho, el cual se ejerce a través de la declaración de procedencia y del juicio político.

Los legisladores también controlan. Parte de las funciones legislativas del Congreso de la Unión y de los 32 cuerpos legislativos locales del país es cerciorarse de que cada ente público se mantenga dentro de su esfera de competencia. Asegurarse del acatamiento de sus facultades de acuerdo con las leyes que los legisladores aprobaron.

La división de poderes es uno de los pilares de los estados democráticos, pues tiene la virtud de que cada uno de los poderes públicos frena los abusos y privilegios de sus contrapartes. El artículo 49 de la Constitución establece que el poder se ejerce por el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. A nivel estatal esta división de poderes se replica en el artículo 116. Al respecto, la Suprema Corte determinó[1] que esta división de poderes no es absoluta y determinante, sino flexible y de colaboración.

En la práctica, México ha ejercido el poder como un estado federal presidencialista. Es decir, con una predominancia del Poder Ejecutivo sobre los pesos y contrapesos del sistema político.[2] El ejercicio de facultades constitucionales y metaconstitucionales, en muchas ocasiones, solo estuvo limitado por la imposibilidad de reelección del presidente de la República.

En teoría, la Constitución establece una serie de atribuciones, que al menos formalmente, habilitan la posibilidad de que el Poder Legislativo tenga un papel más relevante en el ejercicio del poder. Esto es, que los legisladores tengan una influencia y control sobre buena parte de las actividades gubernamentales.

Tan solo la función de control del Poder Legislativo comprende la revisión del manejo y gestión de los recursos públicos (a través de la cuenta pública) de todos los poderes, órganos autónomos y entes públicos. De igual forma, se tiene a cargo la coordinación, supervisión y evaluación del desempeño de las funciones de fiscalización (a cargo del ente fiscalizador). El control no solo se limita al monitoreo[3] de los recursos públicos, sino a temas definitorios como la política exterior o la autorización de los viajes del presidente, entre otros.[4]

¿Comparecencias o cacería de brujas?

La función de control se plasma en el mecanismo de las comparecencias, a través de las cuales, el Congreso (también en las legislaturas de las entidades federativas) puede solicitar al presidente presentar y ampliar información sobre el estado general que guarda la administración pública del país.[5] Se faculta citar a los secretarios de Estado, directores de las entidades paraestatales y titulares de órganos autónomos, quienes deben comparecer bajo protesta de decir verdad.

Si entendemos la rendición de cuentas no solo como el acceso a la información, sino como la explicación, justificación, y en su caso sanción, de las actuaciones de los funcionarios públicos, las comparecencias son un mecanismo para la rendición de cuentas.

Las comparecencias no son una cacería de brujas, por el contrario, son un instrumento de control para que quienes ocupan un cargo público rindan cuentas a la ciudadanía por medio del Congreso.

La regulación y funcionamiento de las comparecencias es diverso. Existen fechas específicas para el desahogo de las mismas dependiendo del asunto del que se trate: informe de gobierno, cuenta pública, estrategia de seguridad pública, etc. Además, los legisladores tienen la facultad de establecer comparecencias excepcionales, en temas de interés público o cuando se considere necesario la justificación y explicación de actuaciones de funcionarios.

Un mal diseño

Los números no mienten. Es difícil encontrar casos en que secretarios de estado o funcionarios públicos a cargo de un ramo o dependencia sea perseguido y castigado administrativa, política o penalmente. México tuvo 63 gobernadores entre 2000 y 2013. Al menos se exhibió la relación de 41 gobernadores en casos de corrupción. Sin embargo, sólo 16 casos fueron investigados y 4 gobernadores fueron procesados. En contraste, en EUA en el mismo periodo, 9 gobernadores fueron investigados y los mismos fueron detenidos.[6]

Las comparecencias son un mecanismos imperfecto e incompleto de rendición de cuentas. En ninguna de las regulaciones, desde la Constitución hasta las leyes secundarias, establecen una sanción formal. No hay una consecuencia administrativa, política o penal para los funcionarios públicos. Ni siquiera existe una sanción por la omisión de los funcionarios de comparecer o de los propios legisladores para llamar a comparecer.

Es urgente que las comparecencias sean mecanismos efectivos y completos de rendición de cuentas y participación ciudadana. No solo deben ser públicas las razones y motivos de la actuación de la autoridad, sino incluir dudas y cuestionamientos de los ciudadanos a nuestros funcionarios. De igual forma, las comparecencias deben tener una obligatoriedad y posibilidad de sancionar en casos donde se considere necesario.

A fin de cuentas, la función de control y contrapeso a cargo del Poder Legislativo es pieza clave para un sistema democrático, especialmente en México, en donde el ejercicio del poder se caracteriza por un Poder Ejecutivo que abusa de sus facultades.

 

* Manuel Guadarrama es director de finanzas públicas y buen gobierno de @imcomx.

 

 

[1] Tesis P./J. 78/2009, Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, julio de 2009, p. 1540.

[2] Carpizo, Jorge, El Presidencialismo Mexicano, México, Siglo XXI, 1987.

[3] Artículo 74, fracciones II y VI. Artículo 76, fracción I. Artículo 79, fracciones I y II constitucionales.

[4] Artículo 88 de la Constitución.

[5] Artículo 69 y 93 de la Constitución Federal.

[6] Anatomía de la corrupción 2015, CIDE- IMCO.

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