#GobiernoEspía en Nopasanadalandia

Lo deseable sería que Miguel Ángel Osorio Chong fuese llamado a comparecer en el Congreso y que éste solicitara su remoción del cargo y una investigación; sin embargo, la oposición está ocupada haciendo pactos y sirviéndose a sí mismos de cara al 2018.

El reporte hecho por las organizaciones Artículo 19, R3D y SocialTIC con ayuda del Citizen Lab de la Universidad de Toronto es contundente: el gobierno mexicano trató de espiar ilegalmente a periodistas, activistas políticos y defensores de derechos humanos. Las actividades de inteligencia usadas políticamente configuran un patrón reiterado de controlar a quienes investigan o critican al gobierno. No es la primera vez que Citizen Lab y organizaciones mexicanas plantean este escenario; en el 2013 se advirtió de la compra del software Finfisher por parte de dependencias del gobierno federal o gobiernos estatales. Sin embargo, esta es la primera vez que se puede trazar con claridad la forma de operación y el tipo de objetivo del espionaje.

A través de su vocero, la Presidencia de la República ha dicho que no hay pruebas de que sean ellos quienes realizaron los actos de espionaje. No hay tampoco pruebas de lo contrario. El comunicado oficial parece dar por sentado que hay una investigación previa que sustenta los dichos. Desde luego que no la hay, pero no deja de ser sintomático tener un gobierno que evade sus responsabilidades constantemente. Si el software de NSOGroup solo es vendido por el gobierno y éste dice que ellos no espían, entonces un privado está espiando a las personas con anuencia del gobierno.

En contraste, hace un par de años sucedió algo similar en Perú. La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de aquel país había sido acusada en reiteradas ocasiones de espionaje a políticos y empresarios opositores a Ollanta Humala. El conflicto escaló de tal manera que Ana Jara, primera ministra, fue censurada y destituida por el congreso peruano pues la DNI depende administrativamente de la Presidencia del Consejo de Ministros. Lo deseable sería que Miguel Ángel Osorio Chong fuese llamado a comparecer en el Congreso y que éste solicitara su remoción del cargo y una investigación; sin embargo, la oposición está ocupada haciendo pactos y sirviéndose a sí mismos de cara al 2018. Vivimos en Nopasanadalandia.

Desde hace unos años sabemos que los softwares de ciberespionaje o ciberseguridad cuestan mucho y son poco efectivos. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Agencia NAcional de Seguridad usó el programa PRISM para fichar a extranjeros posibles terroristas, espió y clasificó información de cientos de miles de inocentes de forma ilegal. Con estos datos no se pudo detener a un solo terrorista, el único caso fue el de un ciudadano somalí que envió dinero a su país. Si la eficiencia es tan baja, la única razón válida para una inversión de tal envergadura es que el control político vía el miedo es redituable para los fines de los Estados en esta época caracterizada por un estado de emergencia crónico.

Los casos de espionaje a personas con relevancia pública son gravísimos. Más grave es que no sabemos la extensión de esta práctica, a cuántos se ha espiado ilegalmente, cuáles han sido las razones para hacerlo, cuáles son las consecuencias de este espionaje. No es descabellado imaginar que casos de desapariciones, ejecuciones o detenciones arbitrarias no sean fortuitos o casuales sino dirigidos, como una forma de organizar el poder en México. El gobierno no tiene ni la capacidad ni la autoridad para investigarse a sí mismo. La investigación tendría que llegar a sus últimas consecuencias y ser hecha por una entidad autónoma.

 

@antoniomarvel

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