¿A quién le importa la victimización?

No sabemos qué autoridad, dónde, cuándo y cómo, si es el caso, recoge lo que informa la ENVIPE año con año y lo usa para conducir sus políticas de seguridad.

En uno de cada tres hogares en todo el país hubo en el 2016 al menos una víctima del delito. Sumaron en total 24 millones de víctimas y más del 90 % de ellas no denunció. Y no lo hizo principalmente porque lo considera una pérdida de tiempo o por desconfianza hacia la autoridad. La proporción en el promedio nacional de quienes se sienten inseguros rebasa el setenta por ciento. Todo lo anterior referido a la población adulta.

Es la fotografía del fracaso estrepitoso de las políticas de seguridad en México y ha sido publicada por el INEGI a través de la nueva Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Se trata de la ENVIPE 2017 y corresponde a los resultados del estudio aplicado en el 2016.

Ya es costumbre, en cada mes de septiembre nos enteramos del tamaño de la inseguridad y la violencia en México. Y ya es costumbre también confirmar que lo que el Estado mexicano está haciendo para construir la seguridad no tiene el impacto benéfico deseado para la sociedad. En una palabra, las políticas de seguridad vigentes no funcionan.

Es grave averiguar que la dimensión del problema no se reduce, pero es igual o más grave confirmar la normalización de la noticia. Los datos que nos entrega el INEGI, no importa cuán negativos puedan ser, ya no merecen la atención principal ni de la gran mayoría de los medios de comunicación, ni de las redes sociales, ni de la gente en general. Parece que la seguridad en México es una promesa fallida generalmente aceptada.

Aceptada por los gobernados pero acaso también por las autoridades. No hay evidencia pública disponible de que la información que el INEGI publica cada año desde el 2012 tiene relevancia para la toma de decisiones en las políticas de seguridad. No sabemos qué autoridad, dónde, cuándo y cómo, si es el caso, recoge lo que informa la ENVIPE año con año y lo usa para conducir sus políticas de seguridad. Pero la ausencia de mejoras sostenibles permite suponer que la información de la encuesta anual podría ser irrelevante para los gobiernos mismos.

Aquí algunos de los datos a detalle. La ENVIPE 2017 registró más de 28 mil víctimas por cada 100 mil habitantes, proporción similar a las mediciones correspondientes a 2013, 2014 y 2015. En términos absolutos, en el 2016 se registraron más de 24 millones de víctimas, cifra superior en comparación con las mediciones anteriores. Se contabilizaron más de 31 millones de delitos. El robo, la extorsión y el fraude son los tres crímenes más frecuentes. Se registraron casi 67 mil víctimas de secuestro. En lo que se refiere a la tasa de delitos por cada cien mil habitantes, en el 2016 sumó 37 mil, incrementándose son respecto al 2015, cuando sumó 35 mil.

“En 2016, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 229.1 mil millones de pesos, es decir, 1.1 % del PIB. Lo cual equivale a un promedio de 5,647 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito. La cifra negra, es decir el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa fue de 93.6 % a nivel nacional durante 2016, mientras que en 2015 fue de 93.7 por ciento. La ENVIPE 2017 estima que los principales motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar son circunstancias atribuibles a la autoridad, tales como considerar la denuncia como pérdida de tiempo con 33.1 % y la desconfianza en la autoridad con 16.5 por ciento.

La percepción de inseguridad de la población de 18 años y más, en las entidades federativas al momento del levantamiento de la encuesta (marzo-abril 2017), se ubicó en 74.3 %. Asimismo, la sensación de inseguridad en los ámbitos más próximos a las personas se ha incrementado en 2017, llegando a 66.3 % y 46.0 % de la población de 18 años y más que se siente insegura en su municipio o delegación y en su colonia o localidad, respectivamente”.

En la observación a detalle del comportamiento de la incidencia delictiva en las entidades federativas aparecen algunos incrementos descomunales: 56 % en Baja California; 17 % en Baja California Sur; 30 % en Campeche; 20 % en Chiapas; 23 % en Nayarit y 25 % en Nuevo León. Y en el capítulo de la denominada cifra negra seguimos confirmando que el ministerio público es una institución meramente simbólica: en el 2016 se inició una averiguación previa en el 6.4 % de los delitos.

Y, de nueva cuenta, se confirma que en algunas entidades federativas lo complicado es encontrar adultos que no se sienten inseguros. Véase la proporción de la percepción de inseguridad en estos casos: 74 % en Chihuahua; 85 % en la Ciudad de México; 75 % en Guanajuato; 83 % en Guerrero; 90 % en el Estado de México; 77 % en Michoacán; 86 % en Morelos; 88 % en Tabasco; 85 % en Tamaulipas; 89 % en Veracruz y 84 % en Zacatecas. Estos son los casos extremos, pero solo hay dos entidades federativas donde la percepción de inseguridad no abarca a la mayoría de los adultos: Aguascalientes y Yucatán.

En el exceso del absurdo también normalizado, los gobernantes de las entidades donde casi todos los adultos se sienten seguros seguirán diciendo que ellos lo hacen bien. Y los datos siguen y siguen. La pregunta al final es a quién le importa la Encuesta Nacional de Victimización del INEGI.

 

@ErnestoLPV

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