La policía en su caja negra

La reconstrucción oficial de la detención de Marco Antonio depende de las declaraciones de los policías que la realizaron y no hay medios diversos de comprobación de su versión; así de simple, así de grave.

De escándalo a escándalo policial, una y otra vez, año tras año, desde hace casi una década lo venimos repitiendo: México debe crear la autoridad responsable de la supervisión policial externa. Mil veces lo hemos dicho, mil veces más lo diremos. Ahora lo repetimos a propósito de la detención de Marco Antonio Sánchez a manos de policías dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Sean cuales sean las interpretaciones en torno a los hechos, hay algo que es indiscutible: la reconstrucción oficial de la detención depende de las declaraciones de los policías que la realizaron y no hay medios diversos de comprobación de su versión; así de simple, así de grave.

Nadie mira las detenciones policiales más que la policía misma y nadie empuja el diseño de procedimientos operativos formales que permitan documentar esas detenciones y así crear medios de comprobación suficientes para saber la verdad. La experiencia internacional enseña que la supervisión policial externa ayuda a la mejora continua de la policía, en particular en torno a sus más delicados poderes, como la detención y el uso de la fuerza. En Estados Unidos, donde esta figura se ha desarrollado ampliamente en varios formatos, se publicó un reporte que incluye este dato: más del 70 % de los auditores externos de la policía encuestados respondió que la policía implementa de manera frecuente o muy frecuente sus recomendaciones.

El mismo reporte enseña que ese país cuenta ya con casi 150 entidades de supervisión externa de la policía, remontándose el primer experimento hasta la década de los 30 del siglo pasado. Hay casos de éxito recién reportados. En Seattle han operado “cambios dramáticos gracias a las reformas en uso de la fuerza”, como declaró Merrick Bobb, quien es quizá el más prestigiado auditor federal de la policía en el país vecino del norte. Hay entidades de supervisión policial externa operando en Austria, Bélgica, Canadá, Hong Kong, Irlanda del Norte, Inglaterra, Israel, Jamaica, Sudáfrica, entre otros países.

Ninguno de los denominados controles externos de la policía en México revisa sus procesos de trabajo desde una mirada sistémica y con impulso de control y mejora. No están para eso. Ni los fiscales, ni los jueces, ni los organismos públicos de derechos humanos, ni los legisladores, ninguna institución revisa de manera profunda y regular el proceder de la policía, más allá de ella misma, si acaso. Resultado: una caja negra que aloja prácticas policiales buenas que no se reconocen y malas que no se sancionan. En esa caja se aloja la garantía de que la institución no camine hacia la verdadera profesionalización y tampoco se sujete al efectivo control democrático.

En entrevista con Gabriela Warkentin y Javier Risco en Así Las Cosas, Miguel  Ángel Mancera, jefe de Gobierno, a pregunta expresa para reconstruir la detención de Marco Antonio Sánchez, solo repetía lo declarado por los policías y no refirió contar con medio diverso de comprobación.

La Organización de las Naciones Unidas informó hace años que “La tortura es generalizada en México. Ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia…”. Por su parte, una vez que la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México comprobó múltiples violaciones graves cometidas por la policía en los hechos del 1º de diciembre de 2012, recomendó al año siguiente la creación del auditor externo de la policía. Mancera aceptó la recomendación y nunca la implementó.

La policía de Ciudad de México es una caja negra y lo seguirá siendo mientras no haya supervisión externa especializada y permanente. Regresaré el tema en el siguiente escándalo.

@ErnestoLPV

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