Las Fuerzas Armadas toman posiciones

Mientras el Presidente Enrique Peña avisa que no emitirá declaratoria alguna de afectación a la seguridad interior, sino hasta que el tribunal supremo decida, las Fuerzas Armadas toman posiciones.

Mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisa la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, la intervención militar en seguridad pública crece aceleradamente. La vía más visible parece ser la multiplicación de las unidades de Policía Militar. Mientras el Presidente Enrique Peña avisa que no emitirá declaratoria alguna de afectación a la seguridad interior, sino hasta que el tribunal supremo decida, las Fuerzas Armadas toman posiciones.

A inicios del 2017 publiqué en este blog un texto que ya discutía la tendencia. El siguiente recuento de información enseña su progresiva consolidación. Según nota publicada por La Jornada en octubre de 2016, “En los tres años de la presente administración el número de policías militares creció más de 230 por ciento, al pasar de 6 mil 145 elementos (325 mujeres) en 2012 a 14 mil 319 (739 mujeres) al mes de septiembre de 2016”. Luego, en julio de 2017, Milenio reportó el crecimiento de la Policía Militar en 88%. Ahí se informa que “Durante 2016 fueron desplegados 2 mil 124 policías militares en cuatro entidades: Durango, Tamaulipas, Nuevo León y Michoacán. Hasta mayo de este año, 4 mil elementos coadyuvan en las tareas de seguridad pública en seis estados: Sinaloa, Durango, Nuevo León, Veracruz, Puebla y Michoacán. Tamaulipas ya no recibió el apoyo. En 2015, solo fueron desplegados mil elementos en Michoacán.”

Sigue la nota de Milenio: “De acuerdo con información obtenida vía transparencia, desde 2013 existen siete brigadas de la Policía Militar ubicadas en Ciudad de México (primera y séptima brigadas); Apodaca, Nuevo León (cuarta); Puebla, Puebla (sexta), y Estado de México (segunda, Santa Lucía; tercera y quinta, San Miguel de los Jagüeyes). Actualmente se encuentran en construcción tres brigadas más: en Puebla, se amplía infraestructura, (sexta), Coahuila (onceava) y Guanajuato (doceava). Para la edificación de las brigadas de la Policía Militar, la Secretaría de la Defensa Nacional celebra convenios de colaboración y concertación con los gobiernos de los estados, los cuales aportan un porcentaje para la construcción con cargo a sus respectivos presupuestos, así como capital privado.

En enero del año en curso Televisa informó de la llegada de 1,500 policías militares a Guanajuato. El sábado 3 de marzo en un noticiero de televisión llamado Telediario, encontré una larga nota de promoción de las bondades de la Policía Militar en tareas de seguridad pública, a cargo de un representante de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien relataba que las personas levantan la mano para decirles adiós y ellos se bajan de los vehículos para saludar. Y el 4 del mismo mes en el portal de El Mañana se avisó sobre la inauguración del cuartel de la Policía Militar en Santiago, Nuevo León.

En Bogotá, Colombia, el viernes 2 también de marzo, en una Audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un sector de la sociedad civil organizada, junto con los organismos públicos de derechos humanos, solicitaron a ella promover ante la Corte Interamericana una Opinión Consultiva sobre la Ley de Seguridad Interior justamente para que profundice en las implicaciones de la norma, habida cuenta de la acumulación de evidencias del creciente conflicto con los derechos humanos provocado por el despliegue militar permanente en labores que no les corresponden. Conflicto, por lo demás, que viene acompañado de la constatación de que la intervención militar no reduce la violencia y acaso la reproduce.

Luego de haber participado en la audiencia mencionada, por la tarde del mismo día hice parte en un seminario internacional denominado Militarización en tiempos democráticos que reunió a expertos de Brasil, Guatemala, Colombia, Chile y México. El moderador de la sesión presentó un breve retrato de la región y puso en el centro la siguiente pregunta: ¿cuál debería ser el rol de los militares en América Latina? Entre lo que llamó trayectorias recientes, hizo notar que en algunos países la investigación ha identificado la “politización de las Fuerzas Armadas”.

Por último, fechado el 7 de marzo, en mensaje que actualiza las principales preocupaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos respecto al mundo entero, el funcionario incluyó la que se refiere a la Ley de Seguridad Interior referida, “que autoriza el uso de las Fuerzas Armadas en tareas policiales sin adecuadas garantías y supervisión y sin cumplir los estándares internacionales de los derechos humanos”.

El escenario es extremadamente complejo y delicado, por decir lo menos. Las Fuerzas Armadas enseñan un proyecto avanzado de intervención en labores de seguridad pública, incluso con apoyo de capital privado y echando mano cada vez más de la promoción política a través de la comunicación. Mientras, la Ley de Seguridad Interior es impugnada, quizá como ninguna otra norma antes, mediante medios diversos de control constitucional, al tiempo que levanta una alerta nacional e internacional mayúscula en el circuito de los derechos humanos.

Hay más. Hágase lo que se haga, la legitimidad y la eficacia policial no llegará en la gran mayoría del país en el corto ni en el mediano plazo y tampoco lo hará la reinvención necesaria de las procuradurías en fiscalías autónomas y profesionales.

Podemos saber en dónde estamos en el debate constitucional y de derechos humanos respecto a la Ley de Seguridad Interior. Pero me temo que hace tiempo dejamos de saber en dónde estamos en términos de las decisiones políticas detrás de este despliegue militar. En este contexto de vacíos civiles, acaso la verdadera piedra de toque está en entender lo que el moderador de aquel seminario llamó la “politización de las Fuerzas Armadas”.

 

@ErnestoLPV

 * Colaboró Arisbeth Hernández.

Close
Comentarios