¿Delincuencia organizada, busca apropiarse del Estado?

La expansión de la violencia en México sin consecuencias configura la progresiva pérdida del monopolio legítimo de la misma a manos del Estado. Puede verse así: crece el crimen organizado y se achica el Estado.

¿Cuál es el proyecto político del crimen organizado en México? Cuando en la década de los noventa comencé a estudiar el tema, parecía haber un consenso entre los expertos en el sentido de que la delincuencia organizada, en particular la dedicada al narcotráfico, no necesitaba atacar al poder político para operar porque había nacido de él y siempre se había beneficiado de una relación de interdependencia. Luis Astorga, investigador de la UNAM, reconstruyó mejor que nadie la historia del mercado de las drogas ilegales en este país, dejando en claro que los orígenes del mismo solo se explican con el soporte político. Un soporte que a su vez fue apalancado gracias a la capacidad de arbitraje e imposición del gobierno federal ante las fracturas violentas en el tejido de complicidades entre los grupos criminales y el poder político estatal y federal mismo.

En coherencia con estas hipótesis, de cara a la fractura del régimen de partido de Estado, la emergencia del régimen de partidos y el crecimiento de la violencia entre las organizaciones y entre éstas y las autoridades, se elaboró una nueva discusión que explicó dicha violencia precisamente desde la fractura de las complicidades tradicionales y de la capacidad de arbitraje y control. Luego de la alternancia del 2000 algunos llamamos a esto algo así como un costo no deseado de la transición democrática. La nueva diversidad de los grupos en el poder político en el país había roto las cadenas de lealtad, proceso simultáneo al empoderamiento acelerado del crimen transnacional en decenas de actividades además del narcotráfico.

Después las discusiones evolucionaron hacia la nueva hipótesis de la democracia electoral sin Estado de derecho; democracia de baja intensidad le llaman algunos, democracia fallida le llamamos otros. Esto es, por un lado se garantizan elecciones regulares y por el otro, en el contexto general, no se garantiza la rendición de cuentas ante la violación a la ley y por lo tanto el poder criminal se impone.

Por mi cuenta, he dicho que la expansión de la violencia en México sin consecuencias configura la progresiva pérdida del monopolio legítimo de la misma a manos del Estado. Puede verse así: crece el crimen organizado y se achica el Estado.

Llegaron las elecciones de 2018 y se suceden sin parar homicidios contra personas vinculadas a las campañas políticas. En entrevista publicada en Excélsior el pasado 13 de mayo, el ministro José Ramón Cossío afirmó: “Yo no creo que sea un problema coyuntural, no me parece que sean casos aislados, me parece que la delincuencia organizada está eliminando personas para apropiarse de las instituciones del Estado, particularmente de las policías municipales, o para evitar que un grupo rival se quede con las instituciones del Estado. El número es muy grande, 93 personas en este momento, cuando todavía nos falta más de mes y medio de proceso electoral, es altísimo; quiere esto decir que hay un juego y un rejuego muy complejo de intereses, de posiciones, de maneras de querer o eliminar a algunos por la posición que pueden ocupar o poner a otros que, por las razones que sean, se busca que estén en un cargo. Los dos fenómenos son muy complejos”. Según el periódico, el ministro asocia el fenómeno a un “mutación importante del fenómeno de la delincuencia” y llama a revisar las posibilidades, los paradigmas y las estrategias en las políticas de seguridad, justo de cara a la oportunidad que implican las elecciones.

La entrevista tiene a mi parecer una trascendencia histórica, dada la fuente. Tiempo de actualizar hipótesis. Tiempo de hacer la pregunta quizá más importante de todas: ¿cuál es el proyecto político del crimen organizado hoy en México? ¿Qué responden a ello las autoridades civiles y militares y los exoperadores de larga experiencia? ¿Qué dicen las personas expertas en los ámbitos académicos y entre los liderazgos sociales independientes? Y lo más importante, ¿qué dicen las comunidades y las víctimas donde sucede la violencia?

En todo caso, la investigación especializada con evidencia empírica, más allá de lo que dice o más bien de lo que no dice la autoridad, se va acumulando. Nuevas publicaciones ubicadas en el conocimiento de frontera en México, analizan, por ejemplo, los factores de riesgo asociados al reclutamiento de los(as) jóvenes por parte de grupos de narcotraficantes. No hay la menor duda de la influencia expansiva del crimen organizado, incluso desde etapas tan tempranas como el nivel secundaria, donde se aplicó el estudio citado.

El ministro Cossío observa una disputa por el poder del Estado. Nada menos. ¿Quién ve lo mismo, quién no y bajo qué argumentos y evidencias? Más allá de generalidades, cuáles son los incentivos de la violencia del crimen organizado y entre ellos cuáles tienen que ver con la intención de capturar a las instituciones para colocarlas al servicio de sus intereses. ¿Los asesinatos contra personas vinculadas a las campañas representan en efecto esa disputa? ¿Cuándo sí y cuándo no?

Y desde otro ángulo, ¿acaso esta violencia homicida representa solo el componente más visible de un largo y avanzado proceso de captura institucional pública y privada no violenta y relativamente silenciosa? ¿Será que la alerta del ministro por la matanza implica una paradoja que a la vez pone luz sobre un ángulo desde luego relevante pero no sobre otros normalmente invisibilizados, como por ejemplo la depredación financiera y de múltiples sectores de la economía?

Y aquí entramos a otro gran problema: el diagnóstico que tienen las autoridades civiles y militares no es público. Este tema lo he tratado con insistencia de manera pública y de cara a las elecciones es crítico. He recibido varios relatos, todos de imposible confirmación, sobre los escenarios en materia de seguridad nacional que le presentan a los presidentes entrantes al menos desde 1994. ¿En diciembre próximo que le dirán al nuevo Poder Ejecutivo Federal? Y para todos los que asuman cargos de elección popular a lo largo del país, ¿cuál será la calidad de la información que tendrán a la mano sobre la delincuencia organizada, y en particular respecto a la referida disputa por el poder del Estado?

¿La delincuencia organizada en México es “solamente” un negocio violento altamente redituable o es un asalto al poder propio de una etapa predatoria incontenible? El campanazo del ministro es, por decir lo menos, escandaloso. O debería serlo. ¿Quién acusará recibo?

@ErnestoLPV

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