Seguridad: ¿bombero o ingeniero?

Desde 1994 los gobiernos federales han mostrado negligencia e incompetencia en materia de seguridad. Si el nuevo Ejecutivo Federal se propone en serio recuperar la paz en el país, primero debe construir la mejor definición posible del problema para, comenzando por ahí, marcar la diferencia.

Desde el enfoque de las políticas de seguridad he observado detenidamente la llegada de cuatro gobiernos federales. Hay comportamientos idénticos en todos los casos. El más dañino de todos ha sido la toma de decisiones sin metodologías adecuadas. Se instalan las nuevas administraciones y generalmente toman las decisiones quienes tienen el poder para hacerlo, no quienes tienen el saber para hacerlo. Incluso se echan a la basura sesudos trabajos que llegan a hacerse en los llamados periodos de transición y luego, con la toma de posesión, lo de menos es lo que se preparó. El fenómeno no es diferente al comportamiento del resto de la administración pública. La diferencia son las consecuencias de las malas decisiones en seguridad y en otras materias. La evidencia irrefutable y devastadora es que desde 1994 hasta nuestros días los gobiernos federales conectaron una historia de negligencia e incompetencia que llevó al país al pináculo global de los contra ejemplos en seguridad. México y tres países más, Brasil, Colombia y Venezuela han llegado a aportar 1 de cada 4 homicidios violentos en el mundo. Nuestro desastre es total.

Tal vez algún día la justicia y la historia contarán de qué tamaño las decisiones adoptadas en estos 24 años de operaciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) no solo no redujeron sino incluso sumaron a los factores de riesgo que explican la matanza que no cesa un solo día en el país. O no. La auténtica rendición de cuentas acaso nunca llegará o no al menos para la gran mayoría de las víctimas.

Hace un par de años reuní a un equipo de expertos para explorar la posibilidad de reconstruir la historia del SNSP. Luego de escucharlos, mi conclusión fue lamentable: a lo más que pudiera llegarse sería a una pálida y débil aproximación, dada la combinación de la inexistencia de información oficial documentada sobre la gestión de los recursos, incluyendo montos de gasto público multiplicados exponencialmente, y el imposible acceso a la información del sector resguardada en el cobijo de la reserva y la confidencialidad. De hecho, parte de los expertos laboró en el Sistema en alguna etapa de ese cuarto de siglo e intentó ejercer control del gasto amarrándolo a indicadores de impacto, sin lograr resultados sostenidos. Y el peor escenario que escuché tiene que ver con la también imposible investigación de los desvíos de los subsidios para la seguridad hacia otros fines, eso sin contar las prácticas institucionales que por todo el país aseguran el flujo de recursos independientemente de la consecución de los resultados formalmente esperados. “El dinero llega año con año mientras que el resultado no llega nunca”, impecable síntesis compartida por un operador municipal experto.

En pocas palabras, por difícil que sea aceptarlo, si bien es casi imposible encontrar a alguien que defienda los resultados del SNSP –más allá de quienes viven de él, desde luego- también parece imposible hacer el recuento de daños.

Pues vuelta a la página y a lo que sigue, diría alguien. Nada de eso.  Lo que haya hecho y dejado de hacer el SNSP no es la causa total de la crisis de inseguridad, violencia y violaciones graves a los Derechos Humanos, pero ésta no se explica sin incluir aquello.Si el nuevo Ejecutivo Federal se propone en serio recuperar la paz en este país, entonces debe construir la mejor definición posible del problema para, comenzando por ahí, marcar la diferencia.

Una de las expertas incluida en el grupo que referí puso en la mesa la pregunta más inquietante y profunda a la vez: ¿el SNSP fue en efecto creado para construir seguridad? Comenzamos a discutir a modo de hipótesis de trabajo la posibilidad de que no haya sido así. Nuestro ejercicio no culminó pero no tengo la menor duda que esta hipótesis debe ser demostrada o refutada por el nuevo gobierno federal, si en efecto quiere hacer las cosas de otra manera. Cuatro presidentes ya dispusieron del Sistema y, para lo que haya servido, no fue para construir un país seguro.

Toda esta discusión institucional debe estar inserta, a su vez, en otro de los históricos ausentes: una sólida teoría de cambio. La revisión y en su caso reconstrucción del SNSP no es desde luego un fin en sí mismo; la institucionalidad le sigue a la política de seguridad, no al revés. Esto es algo que se sabe poco en México. Aquí muchas veces se crean instituciones y luego se decide qué deben hacer. No se construyen primero las políticas y sus fines superiores, para luego edificar el andamiaje idóneo. Por eso aún en este 2018, por increíble que parezca, por todos lados aparecen las y los que con plena certeza basada en no se qué discuten dónde debe estar orgánicamente ubicada la Secretaría de Seguridad Pública Federal en el próximo sexenio, sin mostrar que se han tomado la molestia al menos de intentar sistematizar la evidencia empírica de las prácticas reales de lo que fue esa institución. Lo mismo sucede con la idea del crecimiento de la Policía Federal, tan popular como débil en su argumentación, al menos desde un enfoque de auténtica revisión del paradigma de seguridad que se quiere, que es donde se aloja la mencionada teoría del cambio.

Apenas imaginable la presión sobre el nuevo Ejecutivo Federal para ponerse de inmediato el traje de bombero, haciendo lo mismo: salir a apagar fuegos con gasolina. Si, por el contrario, se uniforma de ingeniero porque entiende que la diferencia está en la reconstrucción de los paradigmas, las políticas y las instituciones, entonces habrá esperanza. ¿Qué sigue?

 

@ErnestoLPV

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