Seguridad: ni un peso más

Las evidencias del desastre del modelo incremental en México son, si se les quiere ver con cuidado, apabullantes. Estos tres últimos sexenios ha traído al país los fierros más modernos imaginables y con todo la impunidad para un homicida es la misma o mayor que antes, por poner solo un ejemplo.

Hace unas semanas asistí a un evento en Tijuana que reunió a destacados expertos en seguridad, algunos con varias décadas de experiencia operativa en el sector, todos los cuales se postularon a favor de incrementar el número de integrantes de la Policía Federal. El encuentro es parte de una serie de conversaciones que llevará una propuesta amplia en seguridad a los candidatos a la Presidencia. En mi turno, tomé el micrófono y lo primero que dije fue esto: no comparto la idea de incrementar el tamaño de la Policía Federal; es más, no comparto la idea de incrementar el presupuesto público para la seguridad. Ni un peso más para la seguridad, afirmé. Mi posición provocó el sobresalto inmediato.

Lo empecé a decir públicamente cuando llevaba apenas unos pocos años en el tema en la década de los noventa. Leí que la crisis de los aparatos de seguridad en las democracias más avanzadas, en el contexto de la crisis de los derechos civiles del siglo pasado, explotó justamente cuando la policía, ante la protesta social, respondía de dos maneras: incrementando el uso de la fuerza y pidiendo más recursos. Leí que el punto de quiebre de las políticas de seguridad y del modelo policial convencionales vino cuando fue evidente que desde ellas se producía no menos sino más conflicto, al tiempo de ser cada vez más costosas. Aquellas imágenes por ejemplo de los policías con cascos blancos apaleando masivamente a la población negra, fueron la síntesis del fracaso de un paradigma de seguridad que pedía más recursos y daba menos resultados.

Cuando en 1994 publicamos el libro Seguridad Pública en México (UNAM), usamos una frase para representar la propuesta: “no más sino mejores policías”. Y fue justamente en esos años, cuando Ernesto Zedillo crea los primeros subsidios federales para la seguridad pública, arrancando así la multiplicación desbocada de presupuesto público para la seguridad. Años después, en el 2003 publiqué en esta compilación un ensayo en donde recogí datos desde diversas fuentes respecto a la cantidad de policía en Ciudad de México, donde se demostraba que ya teníamos “más policías que el resto de las grandes urbes del mundo, más policías en atención a los delitos denunciados y más policías en relación al número de habitantes”.

Hoy día se publican estudios sobre el gasto público en seguridad y sobre toda la evidencia destaca el sostenido crecimiento del mismo. Se ha documentado por ejemplo que el gasto federal en seguridad se duplicó en términos reales entre 2006 y 2016. La evolución del gasto federal en seguridad, según un reporte de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, enseña un incremento desde 130 mil millones de pesos, hasta 209 mil millones en 2015; esto es un crecimiento equivalente mayor al sesenta por ciento.

Hace un cuarto de siglo ya sabíamos que el Estado mexicano iniciaba el ciclo de repetición  del llamado modelo incremental que metió en crisis desde hace muchos años a los aparatos de seguridad en las más avanzadas democracias: pedir más y ofrecer menos. Palidece en todo caso cualquier hipótesis y dato de aquellos años de cara a lo sucedido hasta hoy: el crecimiento del gasto para la seguridad es incontenible, tanto como lo es la crisis de inseguridad, violencia y violaciones graves a los Derechos Humanos.

Los dos reportes antes citados desde luego no encuentran coherencia entre gasto y resultados: cada vez más gasto y cada vez menos resultados. En el texto de Ethos se apunta que el llamado subgasto nacional enseña centenas de auditorías donde se encontró que las entidades federativas ni siquiera cumplen con los estándares mínimos de diagnóstico, rendición de cuentas y evaluación para poder usar los recursos de manera eficaz y eficiente.

Me viene a la mente aquel curso al que asistí en 1996 con los Carabineros de Chile sobre evaluación de proyectos de seguridad ciudadana. Era el primero en su tipo para esa institución que apenas comenzaba a preguntarse cómo medir la eficacia y la eficiencia del gasto público en seguridad. El tema sin embargo ha evolucionado dramáticamente en el foro internacional, construyéndose un racimo interminable de metodologías cada vez más finas en el diseño, implementación y evaluación de proyectos de seguridad.

En México he atestiguado esfuerzos para construir dichas metodologías pero son en el mejor de los casos a la vez excepcionales y germinales. En el panorama general, la inercia es exactamente la misma que hace un cuarto de siglo: se incrementa el gasto público, independientemente de los resultados, incluidas ahora con creciente protagonismo las fuerzas armadas. El sustrato de la inercia se soporta en una convergencia política y social que no construye un filtro de racionalidad a la escalada presupuestal, en tanto la misma se justifica en sí misma. Es ante todo un postulado de orden ideológico que entiende a la seguridad como un poder que se impone y que se impone mejor si hay más recursos. Los helicópteros son buenas representaciones simbólicas de esto, por cierto, no solo en México, también en América Latina. Un colega consultor que anda de país en país me actualiza con frecuencia la larga historia de anécdotas donde la autoridad, en particular la municipal, compra helicópteros para la policía independientemente de que se pueda colegir que el artefacto es o no idóneo para la política pública y sus objetivos estratégicos.

Al final es un Estado que adquiere mayor equipo, más infraestructura, más tecnología y más armamento y a la vez es cada vez menos eficiente y eficaz, precisamente porque todo eso termina siendo un poder “vacío”, en la medida que funciona más para despliegues propios de fuerzas de ocupación que para la gestión del conflicto social de la mano y en beneficio de las comunidades, perfil éste propio de un modelo democrático de seguridad.

Las evidencias del desastre del modelo incremental en México son, si se les quiere ver con cuidado, apabullantes. Estos tres últimos sexenios ha traído al país los fierros más modernos imaginables y con todo la impunidad para un homicida es la misma o mayor que antes, por poner solo un ejemplo. Y la defensa del crecimiento del gasto desde el propio aparato de seguridad ha sido, es y será tenaz. Un buen caudal de literatura desde varias disciplinas propone que los aparatos de seguridad y justicia penal están, primero y antes que nada, para reproducirse a sí mismos; por tanto, siempre pedirán más, independientemente de que le sirvan o no al ciudadano. Las carreras armamentistas en estos nuevos formatos de guerras o aparentes guerras entre actores estatales y no estatales (crimen organizado por ejemplo) son idóneas para explotar la popularidad del modelo incremental.

Cuando en aquel evento de Tijuana terminó nuestra mesa, me aproximé a uno de los expertos que había propuesto mayor gasto y le pregunté si en un caso hipotético él pondría más de su propio dinero bajo el actual modelo de política pública; respondió que no.

A 25 años lo vuelvo a decir: no más, sino mejores recursos. Ni un peso más a la seguridad bajo el actual modelo de política pública.

 

@ErnestoLPV

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