Seguridad: control democrático imposible

Las campañas terminan y no recuerdo oferta política alguna que haya asociado la democracia y la seguridad a través de la rendición de cuentas. Mientras continúe dominando la impronta autoritaria de la seguridad, jamás llegará la rendición de cuentas: la falta de resultados no provoca la corrección.

He expuesto esta tesis por todos le medios posibles durante más de un cuarto de siglo y a mi entender es hoy aún más pertinente que nunca. Afirmo que las políticas y las instituciones de seguridad están al margen del control democrático y gracias a ello su profesionalización es inalcanzable. Lo explico en los términos más simples posibles: los responsables políticos y operativos de la seguridad, civiles y militares, hacen lo que hacen sin interferencia alguna que los someta a una efectiva rendición de cuentas.

Hay un andamiaje formal de pesos y contrapesos que permite simular la rendición de cuentas. Se supone que múltiples mecanismos e instancias evalúan las políticas y las instituciones civiles y militares responsables de la seguridad. No es así en estricto sentido y  la prueba quizá más evidente ante los ojos de quien quiera verla es que la falta de resultados no provoca la corrección. En una lectura macro es simplemente imposible negarlo: esas políticas e instituciones no merecen correcciones de fondo, es decir, desde los fundamentos que las sostienen, aún si la violencia nos ahoga. En esta función pública, para decirlo claramente, el control democrático a través de la rendición de cuentas está colapsado.

Con una mano cuento a las y los actores políticos que han mostrado empatía ante esta tesis; voy más allá: entre la inmensa mayoría de la sociedad también parece haber una dificultad hasta hoy insuperable para reconocer la validez del postulado. Lo he dicho antes y es tiempo de insistir en ello: en la cultura política hegemónica permanece rota la vinculación entre democracia y seguridad. Esto es, si la primera implica auténtica rendición de cuentas por parte de la autoridad, la segunda no entra en ese paquete. El sustrato de ello, a su vez, es el resabio ideológico que coloca la seguridad dentro de un imaginario autoritario donde a mayor poder del Estado para imponerse mediante el uso de la fuerza, mayor será la seguridad. El armamento más potente representa bajo tal perspectiva la mejor promesa de seguridad. A esto se asocia el impulso incremental de recursos que gobernantes y gobernados aplauden, justo porque contribuye a la imagen de fuerza.

Vamos más a fondo. Desde tal concepción dominante si la seguridad equivale a la fuerza entonces el control de la fuerza equivale a la inseguridad; el poder fortalece mientras que el control del poder debilita. Por eso entre nosotras y nosotros es aún de imposible conciliación la democracia y la seguridad.

Esta narrativa se representa de la manera más clara posible mediante una actitud que opone resistencia tenaz ante cualquier propuesta de formalización del control del uso de la fuerza. La impronta autoritaria profunda del paradigma dominante de la seguridad en México impone sobre las instituciones policiales y militares un desequilibrio estructural entre poderes y controles, a favor claro de los primeros, de manera que, aún hoy día, la documentación confiable sobre el uso de la fuerza es prácticamente inexistente.

Por eso no hay legislación suficiente sobre el uso de la fuerza en buena parte del país o bien cuando la hay no existen los medios de verificación que midan en la práctica en qué medida se cumple o no la norma. Para el caso del gobierno federal los hechos hablan por sí mismos y aún no existe la norma correspondiente. Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto representan bien el desequilibrio estructural entre poderes y controles: uso al máximo posible de la fuerza civil y militar sin sacar adelante la norma especializada de control.

Pero el imposible control democrático de la seguridad y de las instituciones responsables no se agota en el tema del uso de la fuerza; en realidad atraviesa todo el sector, pasando por la prevención, el quehacer policial y militar en sentido amplio y la procuración de justicia. El sistema político no impone controles en las decisiones macro y micro en todo el racimo de esas funciones públicas. Reitero: la evidencia irrefutable es que la ausencia de resultados a favor de la seguridad no activa la corrección del rumbo.

Las cosas son aún más graves si se mira la evolución del desempeño de esas autoridades de cara a la evolución de la violencia. A más violencia privada, el impulso ha sido justamente responder con más violencia del Estado, a su vez cobijada por la crónica debilidad de la redición de cuentas. El resultado es el desastre porque los enfrentamientos se multiplican sin que las autoridades policiales y militares logren imponerse a través del uso profesional de la fuerza, el cual estaría garantizado precisamente por la funcionalidad de la rendición de cuentas.

Las campañas terminan y no recuerdo oferta política alguna que haya asociado la democracia y la seguridad a través de la rendición de cuentas. No tengan la menor duda, mientras continúe dominando la impronta autoritaria de la seguridad, jamás llegará la rendición de cuentas y las políticas e instituciones responsables seguirán haciendo lo que sea, llegue a donde llegue el extremo de la violencia en México.

 

@ErnestoLPV

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