Hay quien necesita unos coscorrones

La tortura y los malos tratos son parte del quehacer diario de la policía y desconocemos su verdadera dimensión porque el Estado mexicano ha construido una eficaz barrera para evitar el diseño de instrumentos de registro y control en la operación policial en terreno y en particular en la detención.

No me lo cuentan. No lo tengo que leer en informes. Lo sé de cierto porque tengo las fuentes de información suficientes para poder afirmarlo: la tortura y los maltratos a manos de la policía son prácticas regulares en todo el país. El Estado mexicano lo niega y a la vez lo usa. Esas prácticas son herramientas de control útiles para la manera como se entiende el quehacer policial; más como un poder y menos como un servicio. La tortura y los malos tratos son a la vez rituales y rutinas que afirman el poder policial. Se les usa porque se les puede usar. Es un poder en el más estricto sentido del término: el poder de poder hacerlo.

Estas prácticas policiales son a la vez representaciones de instituciones que funcionan como brazos armados del poder político. Así se configura el uso de la policía como medio de control social. La literatura es vasta en cuanto a la manera como la policía en el mundo selecciona sus clientelas para “imponer el orden” con trato diferenciado. En una entrevista para una película sobre la vida de una mujer policía, un uniformado nos relataba cómo hay zonas en Ciudad de México donde se puede y donde no se puede abusar. “Aquí en la Condesa o en la Roma no se puede, pero hay otras lugares donde hay gente a la que le hacen bien unos coscorrones”; luego explicó que así se refería a los jóvenes en los barrios pobres.

Acompañando como observador a un grupo de policías hace unos meses en un operativo de “mantenimiento del orden público”, también en Ciudad de México, atestigüé la manera como detuvieron a una persona de la tercera edad completamente intoxicada y, una vez subiéndolo a la caja trasera de una camioneta, varios le propinaron patadas mientras el sujeto no alcanzaba siquiera a meter las manos. El trato respondía de tal manera a impulsos irreflexivos que varios uniformados tomaron conciencia de que yo los miraba solo después de iniciado el abuso. Cuando les pregunté por qué lo golpeaban solo uno contestó: “ni se va a acordar”.

Ayer martes 26 de junio de 2018 la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura cumplió un año. Me consta el enorme esfuerzo de la sociedad civil y algunos representantes de la autoridad detrás de la construcción de esa norma. Lo que no sé es si hay menos tortura en México gracias a ese instrumento legal y no conozco investigación independiente con evidencia empírica de soporte que haya respondido a esta pregunta.

Hay sin embargo cada vez más y mejores datos disponibles. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer la Primera Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad, donde encontró que “75.6 % de la población privada de la libertad sufrió algún tipo de violencia psicológica al momento de su arresto; 58.3 % fue incomunicada o aislada al momento de su arresto y 52.5 % fue amenazada con levantarle cargos falsos por parte de la autoridad que realizó el arresto”, mientras que “63.8 % de la población privada de la libertad en 2016 sufrió algún tipo de agresión física al momento de su arresto. De ella, 59 % recibió patadas o puñetazos por parte de la autoridad que la arrestó y 39 % recibió golpes con algún objeto”. Los datos son de extraordinaria importancia y veremos qué resultados enseñan las subsecuentes aplicaciones anuales (comentaré a fondo esta encuesta en otra colaboración).

En todo caso, voces autorizadas vienen señalando a México, junto con países como Turquía o Egipto, como ejemplos en donde la situación de la tortura está empeorando.

En mi trayectoria se acumula un relato interminable del uso de la tortura y los malos tratos. Los testimonios que recibo provienen de las víctimas, pero también de los victimarios. Reitero, la tortura y los malos tratos son parte del quehacer diario de la policía y la única razón por la que no sabemos la verdadera frecuencia y las circunstancias en la que se suceden es la eficaz barrera que el Estado mexicano ha construido para evitar el diseño de instrumentos de registro y control en la operación policial en terreno y en particular en la detención.

Cada oportunidad que tengo aplico entrevistas semiestructuradas a las y los policías, siguiendo un guión que permite desnudar el grado de censura o tolerancia y participación con respecto a la tortura y los malos tratos. Casi siempre la conversación alcanza a develar si la o el entrevistado usa o alguna vez ha usado esas prácticas. “No todos los detenidos merecen que les respetemos sus derechos”, me respondió recientemente un mando superior de una entidad federativa. “La mayoría de los compañeros abusa en la calle, es la mala escuela que ya traen”, me comentó hace un par de semanas un escolta con 13 años de servicio.

Hay al menos tres narrativas consistentes en el relato policial: 1. Hay quienes se merecen la tortura y los malos tratos; 2. No hay otra manera de tratar a mucha gente, y 3. Está mal pero no hay manera de evitarlo. Y detrás el subtexto que es la piedra de toque de esta manera del ser y del quehacer policial: “solo quienes portamos el uniforme lo entendemos”. Allá por mediados de los noventa cuando comenzaba yo a proponer mejoras a la policía me lo dijeron por primera vez: “usted no se ha puesto un uniforme policial y salido a la calle, por tanto, no sabe de qué está hablando”. Y el remate en voz de aquel mando con más de sesenta años de edad y cuarenta en servicio: “nosotros en la calle lo sabemos todo”. Vaya confesión de parte, pensé.

Cuando en el Senado abrieron consultas para discutir el entonces proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, afirmé que tal vez era más importante que la propia ley hacer comisiones de trabajo con legisladores y ciudadanos e ir a la calle a tocar las puertas de dos o tres secretarías de seguridad pública y procuradurías de justicia hasta conseguir crear sistemas de vigilancia sobre la detención. Dije que la ley debía ser promulgada pero que nadie debía esperar que ello en sí mismo provocara lo necesario para contener la tortura y los malos tratos.

Cuando en marzo pasado la Suprema Corte de Justicia de la nación aprobó las inspecciones policiales sin orden judicial, discutí públicamente la distancia entre las normas y las prácticas policiales.

La pregunta no es si esta ley que cumple un año es necesaria o no; desde luego lo es porque se necesita la más avanzada precisión formal de lo que se vale y lo que no. El problema es que ninguna ley, estándar profesional o protocolo tiene por sí mismo la potencia para atravesar la resistencia de una cultura institucional que ha normalizado la tortura y los malos tratos.

El tratamiento adecuado a este fenómeno se soporta en una mirada que comienza por entender el ser y el quehacer policial; no el deber ser. El problema, insisto, es que el Estado mexicano a la vez usa e invisibiliza estas prácticas. He confirmado que la institucionalización de la tortura y los malos tratos en ocasiones tiene tal potencia que las y los policías que se niegan a usarlas pierden la confianza de sus pares. También hay vasta literatura sobre la manera como la identidad policial se cohesiona en torno a este tipo de rituales.

La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura puede modificar las prácticas solo si está acompañada de un plan de implementación a su vez soportado en múltiples instrumentos de control interno y externo que verifiquen su eficacia a través de medios de comprobación empírica. Como tales, algunos de estos medios deben ser independientes respecto a la cadena de autoridad política y operativa de las instituciones policiales. Aquí está el núcleo del problema, al menos en términos operativos: romper el monopolio de gobierno e información que los responsables políticos y operativos de la policía mantiene sobre ella misma.

No me queda la menor duda, la “mala escuela” en la calle ha sido, es y será mucho más eficaz que cualquier ley, al menos mientras no se habiliten los contrapesos propios de una función policial democrática.

 

@ErnestoLPV

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