Uso de la fuerza desde la izquierda

El uso no profesional de la fuerza policial y militar en México mina cualquier política de seguridad y reducción de la violencia propia de un Estado democrático de Derecho y provoca un conflicto sistémico con los Derechos Humanos.

En mi colaboración pasada en este blog lancé más de veinte preguntas al próximo gobierno federal desde una visión amplia respecto a la política de seguridad. Ahora agrego el siguiente cuestionamiento: ¿cuál es su diagnóstico sobre el uso de la fuerza policial y militar y qué medidas implementarán para profesionalizarlo?

Comienzo por una conclusión: si el gobierno de AMLO valida la posición en este tema de los dos gobiernos federales anteriores, los problemas asociados al uso de la fuerza policial y militar serán los mismos o incluso se agudizarán. De ser así, la crisis relacionada con varias de las más graves violaciones a los Derechos Humanos se prolongará y el desempeño de las instituciones policiales y militares aportará más a la reproducción que a la reducción de la violencia.

Esta conclusión se soporta a su vez en la siguiente definición del problema: el uso no profesional de la fuerza policial y militar en México mina cualquier política de seguridad y reducción de la violencia propia de un Estado democrático de Derecho y provoca un conflicto sistémico con los Derechos Humanos. En México esta definición del problema no forma parte del diagnóstico convencional por parte de las autoridades de todos los órdenes de gobierno. La profesionalización del uso de la fuerza suele figurar como un tema secundario o inexistente en la explicación oficial de los problemas y de las soluciones en torno a la seguridad y los Derechos Humanos.

Esta sub valoración fluye desde la cultura política hegemónica, por igual entre gobierno y gobernados, que aún no alcanza a conciliar la idea de que el uso de la fuerza del Estado solo es eficaz y legítimo si es profesionalmente gestionado, con énfasis en la documentación, la evaluación, la corrección, la mejora y el continuo aprendizaje.

Hoy, como a principios de los noventa cuando comencé a entrevistar policías y militares, pero también a funcionarios electos y legisladores, es difícil encontrar a alguien con la convicción de que el uso de la fuerza debe ser gestionado bajo un principio de control; en cambio, de manera más o menos explícita fluye la idea generalizada de que el grado en su uso “debe ser la que tenga que ser” en función de la amenaza o ataque. No me refiero a un criterio de proporcionalidad soportado en un protocolo, sino de oportunidad ajeno a regulación alguna.

Queda así el control del uso de la fuerza fácilmente etiquetado como una expresión de la ingenuidad de quienes no están en la confrontación armada, discurso que construye el Estado y reproduce la gran mayoría de la sociedad, con aportación especial desde la mayor parte de los medios de comunicación a cuyo modelo de negocio sirve explotar la popularidad del discurso de la fuerza.

La crisis de violencia y la popularidad del uso de la fuerza se retroalimentan por canales que nada tienen que ver con la evidencia. A más violencia privada, mayor es la fuerza del Estado que debe usarse, se cree, funcione o no la medida. Por eso la intervención militar gana apoyo mayoritario, aún si la misma no consigue reducir ni la inseguridad ni la violencia y aún acumulándose evidencias públicas que confirman el extendido uso de la tortura por parte de las Fuerzas Armadas.

Reitero y amplío la pregunta: ¿cuál es la definición del problema por parte del próximo gobierno federal y por parte de todas las personas que vienen accediendo a cargos públicos y que se auto denominan de izquierda? En qué lugar colocan la amplísima documentación sobre los graves problemas en el uso de la fuerza policial y militar, respecto a la manera como entienden una política eficaz y legítima de seguridad y de reducción de la violencia.

Hasta ahora, el Estado mexicano ha dado, en el mejor de los casos, muy lentos pasos encaminados a la profesionalización del uso de la fuerza policial y militar. Las resistencias han dominado y un hecho lo prueba de manera contundente: ni Felipe Calderón ni Enrique Peña hicieron lo necesario para promulgar una legislación federal en la materia.

El confuso trazo discursivo de Andrés Manuel López Obrador no permite por ahora saber qué hará el próximo gobierno federal con respecto al uso de la fuerza por parte de la Policía Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. El presidente electo ha dicho más lo que no quiere y menos lo que quiere. Insiste en que la fuerza no estará en el centro de su política de seguridad y reducción de la violencia y en que no se usará la fuerza para reprimir. Cualquier interpretación es posible en torno a ambas afirmaciones, en tanto no sepamos cuáles son “las reglas del juego”.

Acaso el cambio en las palabras de López Obrador a favor de preservar la intervención militar en la seguridad pública enseña que ha modificado su definición del problema, de manera que ahora entiende que es necesario usar más la fuerza del Estado de la que él creía. Si es así, entonces es aún más importante saber en dónde está la problemática asociada al uso de la fuerza en el entender del próximo Ejecutivo Federal.

Si para AMLO todo esto es algo así como un costo necesario, entonces el uso de la fuerza desde la izquierda será el mismo que fue en los gobiernos anteriores, prolongándose su imposible profesionalización, sus efectos contraproducentes con respecto a la seguridad y la violencia y su impulso generador de parte importante de la crisis de violaciones graves a los Derechos Humanos.

De hecho, justo por el referido efecto de retroalimentación entre la crisis de la violencia y la popularidad del uso de la fuerza, sumado a los ángulos discursivos de AMLO que parecen abrir la puerta hacia una mayor intervención militar en tareas policiales, acaso estamos por averiguar que el uso de la fuerza de la izquierda es aún más de derecha que el de la derecha misma.

 

@ErnestoLPV

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