LSI: gobierno civil o militar de la seguridad

La SCJN tiene en sus manos nada menos que el poder de prolongar la alteración en curso de la relación cívico-militar, rompiendo acaso de manera definitiva e irreversible el pacto político original de subordinación del poder militar al civil.

Las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen en sus manos acaso la más grave decisión que ha enfrentado órgano alguno del Estado con respecto al paradigma de seguridad y las políticas públicas que el mismo sostiene en México. Al reconocer en su caso la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior harán una contribución quizá definitiva hacia la petrificación de un modelo de seguridad; si hacen lo contrario pueden provocar un golpe terminal al mismo.

Esa ley es la fase superior de una historia que va desde 1995 hasta 2017. Comienza con la creación en aquel año de los noventa de un Sistema Nacional de Seguridad Pública que sentó a la mesa a las Fuerzas Armadas formalmente como apoyo de las autoridades civiles y terminó, al paso del tiempo, cediendo a los militares una intervención protagónica en la seguridad pública, hasta llegar a la promulgación en diciembre pasado de la Ley de Seguridad Interior.

La historia combina el debilitamiento de la autoridad civil y el empoderamiento operativo de la autoridad militar en un contexto que da paso a la más aguda crisis de inseguridad, delincuencia, violencia y violaciones graves a los Derechos Humanos registrada en el México contemporáneo. La Ley de Seguridad Interior es hija de un modelo fallido de seguridad que no solo es incapaz de garantizar el monopolio de la violencia en manos del Estado sino, aún peor, reproduce la violencia desproporcionada desde el Estado mismo.

Y el trasfondo político de la historia es que la Ley de Seguridad Interior representa la fase superior del desgobierno civil de la seguridad, fenómeno que consiste en la renuncia del poder público electo precisamente a cumplir con su responsabilidad de ejercer la función de la seguridad pública, tal como le ordena el artículo 21 de la Constitución.

No es esa ley un instrumento de auxilio sino una herramienta de reemplazo de la autoridad civil por la autoridad militar. Por tanto, lo que las y los ministros tienen en sus manos es nada menos que el poder de prolongar la alteración en curso de la relación cívico-militar, rompiendo acaso de manera definitiva e irreversible el pacto político original de subordinación del poder militar al civil.

Las y los ministros enfrentan la disyuntiva que habrá de definir el paradigma de seguridad hegemónico para México: civil o militar. Estamos ante una decisión de gravedad tal que cuesta trabajo dimensionarla. El eventual reconocimiento de la constitucionalidad de esa ley guarda implicaciones potenciales de alteración estructural en el arreglo político en su conjunto.

¿Por qué? Contesto esta pregunta desde mi observación sistemática hacia la operación policial, ministerial y militar acumulada durante casi tres décadas. Desde que puse atención a inicios de los noventa al quehacer de la desparecida Policía Judicial Federal, hasta las entrevistas a mandos policiales preventivos y de investigación y a fiscales apenas hace un par de semanas, he encontrado perfecta consistencia en el siguiente hallazgo: las operaciones civiles en materia de seguridad y procuración de justicia y las operaciones militares son generalmente independientes, aún si presentan vínculos formales de colaboración. He recibido centenas de testimonios policiales y ministeriales que confirman la desvinculación operativa, por igual en ámbitos de intervención estatales y federal.

A pesar del difícil acceso a testimonios de miembros del ejército y la marina, los he podido acumular por diversas vías en todos estos años, también hallando consistencia en su apreciación respecto a la imposible operación coordinada con los civiles, policías o ministerios públicos, dado que, repiten, “es imposible confiar en ellos y no les podemos compartir la información”. Por lo demás, la mayoría de los operadores civiles de la seguridad a quienes he preguntado sobre su relación con los militares, también han referido con frecuencia su propia desconfianza.

Las vías de operación civil y militar en la práctica están excepcionalmente vinculadas y regularmente funcionan en paralelo; conviene repetirlo para aquilatar la relevancia de lo que estamos hablando porque todo el andamiaje normativo de la intervención militar se fundamenta en un mandato de apoyo militar subordinado a la autoridad civil, mismo que es verificable en la norma pero no en la práctica.

Por eso en todo el trayecto del debate sobre la Ley de Seguridad Interior, antes y después de su promulgación, jamás un vocero a su favor ha podido responderme a la siguiente pregunta: ¿cómo supervisa la autoridad civil las operaciones militares en terreno, en materia de seguridad pública?

Afirmo que las Fuerzas Armadas en México funcionan dentro de un amplio margen de autonomía operativa que debilita crónicamente su rendición de cuentas ante las autoridades civiles. Esto es resultado de un doble proceso convergente: los militares buscan operar por su cuenta y los civiles generalmente se auto contienen en sus funciones de control democrático sobre la operación militar, lo cual incluye, además del control político desde la Presidencia de la República misma, el control ministerial, el judicial y el legislativo. No por otra cosa las más graves violaciones a los derechos humanos que se documentan a manos de miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina permanecen en la impunidad.

La autonomía operativa militar de la que hablo es potencial puerta de entrada hacia la alteración del arreglo político en su conjunto, precisamente porque desde su agenda de riesgos y amenazas y mediante sus esquemas de intervención en paralelo al control civil se abre cualquier ruta posible hacia un proceso expansivo de influencia precisamente política por parte de las Fuerzas Armadas.

Y esto me lleva a una pregunta que parece menor y es todo lo contrario: ¿qué saben las y los ministros de la Corte respecto a las operaciones militares en terreno? Un reciente y potente indicio sugiere que muy poco. En entrevista el pasado ocho de agosto en el noticiero matutino Así las Cosas de W Radio, al hablar sobre su experiencia al escuchar a las víctimas, la anterior ministra Olga Sánchez Cordero afirmó: “… las madres me comentaron y estaban manifestándose que efectivamente hay tortura en nuestro país, cosa que podríamos haber dicho que ya estaba superada; que sus hijos o confiesan algo que no han cometido o simplemente se mueren en la tortura”. En la misma entrevista ella relata posteriormente que conoció casos de tortura en funciones de Ministra. Confieso haberme consternado al escuchar la percepción de un fenómeno de tortura superado en México, viniendo de quien ha tenido la más alta responsabilidad judicial de imponer las medidas necesarias para contenerla y sin duda los medios para saber que la tortura a manos de operadores civiles y militares aquí es una práctica ampliamente documentada por organismos públicos de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil defensoras mexicanas y extranjeras y por los sistemas interamericano y universal de protección de los Derechos Humanos.

Lejos de estar superada, la tortura se ha multiplicado justamente en el marco de políticas de seguridad que colocan en el centro el uso de la fuerza. Y así regresamos al enfoque de análisis en torno al paradigma que sostiene esa política: la Ley de Seguridad Interior es la fase superior de un paradigma autoritario de seguridad que, precisamente, al habilitar las mayores cláusulas normativas posibles para usar la fuerza, justo así se aleja de las mejores lecciones aprendidas en el paradigma de seguridad democrático fundado en el equilibrio entre la prevención, el control y la participación ciudadana.

La Ley de Seguridad Interior es la expresión involutiva más severa de cara a los mandatos constitucionales que, por un lado, responsabilizan a las autoridades civiles de la función de la seguridad pública y, por el otro, someten todo el quehacer del Estado a la obligación de “promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos”, tal como ordena el artículo 1º de la Constitución. Esa ley es en tal sentido una abierta deslealtad del Estado a sí mismo, luego de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos del 2011 dio vida al artículo citado y, por cierto, el propio Estado celebró y presumió ante el mundo como el más importante avance en la materia en la historia moderna del país.

Deberían conocer las y los ministros todo, absolutamente todo lo que se ha estudiado y documentado sobre la intervención militar en la seguridad pública en México, desde el plano teórico más abstracto hasta el plano de la evidencia más concreta de las operaciones en terreno. Justo así el máximo tribunal encontraría que la Ley de Seguridad Interior no es otra cosa que una cláusula de habilitación de poderes militares con efectos potenciales de petrificar el paradigma y las políticas públicas de seguridad que, además de haber fracasado en la contención de la violencia, han multiplicado las violaciones más graves a los Derechos Humanos como la tortura y las desapariciones forzadas.

Deberían las y los ministros hacerse responsables de un hecho irrefutable: la Ley de Seguridad Interior fue aprobada en un entorno de crónica debilidad de los controles democráticos sobre las Fuerzas Armadas de la que el máximo tribunal también hace parte.

Tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación la más grave decisión que ha enfrentado órgano alguno del Estado en materia de seguridad en mucho tiempo. Gobierno civil o gobierno militar de la seguridad. Paradigma democrático o paradigma autoritario. Todo en un país donde, según el INEGI, en el 2017 hubo casi cuatro millones más de víctimas, comparando con el 2012, periodo en el que, por cierto, las Fuerzas Armadas han mostrado el más intenso despliegue que nunca para “reducir la violencia”.

 

@ErnestoLVP

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