AMLO y control político de la policía

El sistema político ha desdibujado la responsabilidad precisamente política de los gobiernos sobre la policía, facturando a ésta la carga completa de su crisis, al menos en la percepción pública hegemónica. La fórmula ha sido excepcionalmente dañina para la policía y en extremo útil para quien gobierna.

El pasado jueves 18 de octubre se publicó la propuesta de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada por el diputado Mario Delgado Carrillo “por petición expresa” del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. La iniciativa debe ser discutida a profundidad desde múltiples ángulos. Aquí me enfoco en el rol que asumirá el próximo Presidente con respecto a la seguridad, según se lee en la exposición de motivos. Antes ofrezco un breve contexto teórico.

Uno de los aspectos de mayor relevancia y a la vez menos debatidos con respecto a la policía es la relación que ella tiene con el gobierno. Vengo desde hace mucho tiempo presentado el tema ante auditorios informados y no informados y encuentro con enorme consistencia la ausencia incluso de una noción básica respecto a esa relación; se percibe a la policía como un ente aparte y se le cuestiona y critica sin apelar a su contexto político.

En realidad la policía es una institución del Estado formalmente subordinada al gobierno. En palabras del destacado experto argentino Marcelo Saín, “Como parte del andamiaje institucional del Estado, la policía configura una instancia políticamente subordinada al gobierno estatal, ya que es éste quien fija su doctrina, organización y funcionamiento y quien establece los lineamientos políticos y estratégicos en cuyo marco la institución desarrolla sus acciones”.

Hasta ahí el asunto parece claro y sencillo; no lo es. El propio Saín lo aclara: “No obstante, la relación entre gobierno y policía constituye una cuestión históricamente problemática cuyo nudo conflictivo pasa por el permanente contrapunto existente entre la subordinación política y la relativa autonomía institucional de la policía frente al gobierno. En concreto, ¿quién formula y establece la institucionalidad policial (bases doctrinarias, orgánicas y funcionales de la policía) y quién decide el uso de la policía ante los conflictos (violencias y delitos)? ¿El gobierno político o la cúpula policial?”.

El tema es extraordinariamente complejo en parte porque es casi imposible encontrar y construir la evidencia empírica sobre cómo opera la relación de subordinación política y autonomía institucional y operativa de la policía. Pero su relevancia es incuestionable. En un ensayo publicado en el 2000 construí la hipótesis de que, para el caso de México, detrás de esa relación hay un pacto fundacional que compromete a la policía a garantizar su lealtad política a los gobiernos, mientras que éstos, a su vez, se comprometen a asegurar la impunidad de aquélla; lealtad política a cambio de impunidad.

He validado esta hipótesis durante décadas a través de testimonios por igual de gobernantes y de mandos policiales. Puedo confirmar que el sistema político produjo los incentivos necesarios para que la policía proteja primero a los gobiernos y luego –acaso- a los gobernados, al tiempo que gestiona actividades legales e ilegales que le permiten extraer rentas para su auto reproducción. Es una relación política que hunde a la policía en la debilidad institucional permanente, justo para no colocarse ella del lado de la ley, habida cuenta de que ello rompería el pacto fundante mencionado.

Pero hay algo más. Esta relación opera en un contexto político donde en general no funcionan los contrapesos para someter a los gobernantes a rendición de cuentas, lo que permite que esa responsabilidad política sobre la policía, en estricto sentido, tampoco funcione. De ahí que en el imaginario colectivo, como dije antes, ni siquiera existe la idea de que la policía que tenemos depende de un gobierno que debería ser justamente llamado a cuentas, a propósito de la crisis policial perenne.

El sistema político ha desdibujado la responsabilidad precisamente política de los gobiernos sobre la policía, facturando a ésta la carga completa de su crisis, al menos en la percepción pública hegemónica. La fórmula ha sido excepcionalmente dañina para la policía y en extremo útil para quien gobierna.

¿Y a qué viene todo esto? Se ha confirmado en el texto de la iniciativa mencionada lo que López Obrador anunció en varias ocasiones; será él mismo “quien día con día encabezará las tareas del gabinete de seguridad”. La decisión puede ser analizada desde muchos ángulos, pero aquí me interesa destacar que la supervisión política cotidiana directa que ahí se anuncia es completamente disruptiva respecto al modelo de relación antes explicado.

A partir del próximo 1º de diciembre lo que suceda y deje de suceder en la política pública federal de seguridad y en particular en la operación de la Policía Federal, pasará todos los días por la supervisión política presidencial. La iniciativa además promete que el propio presidente será “el garante de la coordinación”, evitando así el déficit en la misma sucedido en el pasado.

En este espacio apenas es posible enunciar el giro descomunal que implica colocar al presidente en el centro de esta responsabilidad política. En todo caso, la decisión está tomada y las oportunidades y los riesgos implicados en ella parecen inestimables. Por lo pronto, anotemos que este modelo de gestión acorta la distancia entre la responsabilidad política y la operativa de tal manera que acaso podríamos ver severamente reducidos los parámetros de autonomía institucional de la Policía Federal frente al gobierno.

De ser así, entonces el equilibrio histórico entre la lealtad política de la policía y el libre acceso a la impunidad, al menos en esa esfera de gobierno, entraría igualmente en crisis. Lo dicho, estamos ante un tema tan relevante como inexplorado.

 

@ErnestoLPV

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