Seguridad: todo el poder

Sacar la seguridad pública de la Secretaría de Gobernación sin montar controles democráticos internos y externos robustos no implica necesariamente descontaminarla de la manipulación política sino acaso mover a otro lado el problema e incluso incrementarlo.

En esta ocasión mi análisis sirve principalmente para dejar un testimonio antes de que suceda lo que se viene. Faltan unos días para iniciar el próximo sexenio federal y tenemos plena confirmación formal de una decisión tomada por López Obrador cuyas implicaciones y riesgos parecen escapar a la vista de la inmensa mayoría. Me refiero a lo siguiente: serán concentradas en una dependencia federal todas las atribuciones federales en seguridad nacional y seguridad pública, quedando ahí el tablero más poderoso jamás creado en tales funciones.

El hecho de que tal concentración de poderes no sea cuestionada prácticamente por nadie desde la teoría de los contrapesos democráticos tiene un motivo claro: ni los partidos políticos, ni los gobiernos, ni la sociedad en general concilian la idea de que la mejor política y las mejores instituciones responsables de la seguridad son las que están sujetas al control democrático. México no ha llegado a esa comprensión y quizá no lo haga nunca.

Identifico dos justificaciones principales a la decisión de AMLO; primera, deben sacarse las tareas de la seguridad de la gestión política a cargo de la Secretaría de Gobernación para neutralizar la contaminación política; segunda, deben concentrarse estas tareas en un solo mando para superar los problemas de coordinación al interior del propio gobierno federal. Ambos motivos tienen méritos si se montan en un andamiaje de contrapesos determinado. Y si ese andamiaje no existe, ambos guardan un componente potencialmente explosivo: se podría transitar hacia un margen de autonomía operativa que termine por dejar a la seguridad sin control político alguno.

En el tablero de mando de la nueva supersecretaría estará el control del Consejo de Seguridad Nacional y del Consejo Nacional de Seguridad Pública; en este segundo caso ese control fluirá a través del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, oficina que influye en el flujo de apoyos federales hacia todo el país en esa materia y en la implementación de la reforma penal; por si fuera poco, bajo la autoridad del supersecretario estará la Policía Federal, protección civil, el sistema federal penitenciario y el área responsable de autorizar y supervisar los servicios de seguridad privada.

Cuando la secretaría de seguridad pública federal fue creada por Fox explicó que había que “despolitizar la seguridad pública”. Cuando Peña regresó las funciones a gobernación se dijo que así se contribuiría a la “coordinación y la eficacia debido a que la seguridad es sustancial para la gobernabilidad”. La historia se repite y López Obrador justifica esta decisión en la misma línea que lo hizo Fox: descontaminar la seguridad de la interferencia política indebida.

Pero hay un problema atrás de todo esto. La seguridad pública en los ámbitos federal, estatal y municipal está en efecto enferma de contaminación política indebida y sí, ahí está su problema de origen y esencia. Solo que la medicina puede ser peor que la enfermedad. Sacar la seguridad de gobernación sin montar controles democráticos internos y externos robustos no implica necesariamente descontaminarla de la manipulación política sino acaso mover a otro lado el problema e incluso incrementarlo.

Es aquí donde cobra sentido entender y aplicar la teoría de los contrapesos democráticos en materia de seguridad. En términos sencillos, la experiencia internacional comparada es muy clara: sin control político la seguridad pierde el rumbo; con manipulación política la seguridad pierde el rumbo.

En la Secretaría de Gobernación o afuera de la misma, la política federal de seguridad debe funcionar en un complejo equilibrio que a la vez la someta a control político para impedir la autonomía operativa total y contenga la interferencia política indebida que destruya su profesionalización. Es una relación de tensión virtuosa que jamás debe dejar la operación de la seguridad lejos de la supervisión política y jamás debe ahogarla en la manipulación precisamente política. Así funciona la seguridad en democracia.

La crítica que el propio presidente electo hace a la política de seguridad fallida es acertada, pero justamente en la operación durante dos sexenios de la anterior secretaría de seguridad pública federal se cocinó parte importante de ese fracaso. ¿Por qué? Fue exactamente por el mismo problema, pero acaso exacerbado. La seguridad pública federal con Fox y Calderón salió de la égida de la influencia política directa de gobernación, pero solo para colocarse en un espacio de autonomía operativa desproporcionado y al margen de control político alguno, debilitándose así crónicamente la rendición de cuentas.

La supersecretaría de AMLO tendrá un crecimiento descomunal en presupuesto comparada con la que dejó Calderón; pero además, como anoté, reunirá no solo el mando sobre la seguridad pública sino también sobre la seguridad nacional. Más poderes sin mejores controles anticipa la vía fallida que ya conocemos.

Queda mi testimonio aquí publicado, antes de consumados los hechos: esos poderes reunidos, sin controles democráticos internos y externos renovados, fortalecidos y ampliados, guardan un potencial explosivo de autonomía operativa desproporcionada que envenenaría cualquier posibilidad de rendición de cuentas.

Controles internos que incluyan por ejemplo el rediseño total del área de Asuntos Internos y nuevas herramientas anticorrupción aportadas desde el sistema nacional correspondiente; controles externos como una fiscalía general auténticamente autónoma y profesional, un Congreso que estire al máximo sus poderes de fiscalización y una nueva entidad pública especializada de supervisión policial externa, sumado todo al fortalecimiento de los sistemas nacional e internacionales públicos de protección de los derechos humanos, además de innovadores esquemas del llamado control informal por parte de la sociedad en general.

Poco antes de cerrar este texto me entero que no ha sido instalada la comisión bicameral de seguridad nacional (lo confirmo en los portales del Senado y la Cámara de Diputados). La comisión es ingrediente clave del control democrático sobre esa función y fue incluido en la Ley de Seguridad Nacional de 2005. Por si no fueran suficientes la señales de alarma.

Queda aquí la alerta para la memoria.

 

@ErnestoLPV

 

* Colaboró Arisbeth Hernández Tapia.

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