El sexenio de los pendientes (parte 1)

Bajo la política migratoria de seguridad nacional en el sexenio de EPN, las violaciones a los derechos de de la población migrante es una constante: extorsión, torturas psicológicas y físicas al interior de estaciones migratorias, falta de acceso a la justicia y a la información, separación de menores y sus padres, nulo acceso a salud, entre otras irregularidades.

Por: Jorge A. Andrade

El 24 de mayo de 2011 el entonces presidente de los Estados Unidos Mexicanos Felipe Calderón promulgó la Ley de Migración, la cual había sido aprobada por el Congreso en abril y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 25 de mayo de ese mismo año. La renovación de la legislación generó expectativas debido a que se visualizó como un instrumento legal que protegería los derechos de las personas migrantes en México sin importar su estatus migratorio.

El 1 de diciembre de 2012 tomó posesión como presidente Enrique Peña Nieto, la represión hacía las manifestaciones que se generaron ese día fue la marca de la administración en el sexenio. La violación a los derechos humanos ha sido una constante, uno de los sectores más vulnerados ha sido el de personas migrantes que han entrado de forma irregular al país.

En el primer año de mandato, fueron detenidas por el Instituto Nacional de Migración (INM) 88 506 personas de las cuales 76 543 fueron hombres y 11 963 mujeres, entre los que se contabilizaron 6 107 menores, la forma en como actuaron (actúan) las autoridades migratorias es un claro ejemplo de la violación de los derechos de las personas migrantes, extorsión, torturas psicológicas y físicas, golpes, falta de acceso a la justicia y a la información.

Si la Ley de Migración daba cierta claridad en cuanto a la reducción de tiempo que pudieran pasar en las estaciones migratorias, así como de brindar atención adecuada a sectores en situación de mayor vulnerabilidad como niñas, niños, adolescentes y mujeres, entre otros, en la práctica esto no sucedió. El 8 de julio de 2014 se publicó en el DOF el Decreto por el que se crea la Coordinación de para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, conocido como Plan Frontera Sur (PFS), que ha tenido como eje principal el control de entradas de personas sin documentos al país, la militarización de las fronteras (principalmente las del sur de México) y el incremento de operativos por parte del INM en todo el país, lo que originó que en ese mismo año las detenciones se elevaran de forma considerable, de acuerdo a las cifras de la Unidad de Política Migratoria (UPM) el INM detuvo a 127 149 personas, de las cuales 98 456 fueron hombres y 28 693 mujeres, entre los cuales se detectaron 23 096 menores.

Los operativos a lo largo y ancho del país en carreteras, estaciones de autobuses y garitas implementadas para la detección y detención de migrantes principalmente de origen hondureño, salvadoreño y guatemalteco llevó a que estas personas estuvieran en mayor riesgo al tomar rutas paralelas a las vías del tren de carga conocido como la bestia. Exponiéndose a las bandas delincuenciales encargadas del tráfico de personas así como de la delincuencia común.

En 2015 la detención de personas por parte del INM se incrementó de forma preocupante ya que se aumentó a 198 141 migrantes detenidos, de los cuales 148 930 fueron hombres y 49 211 mujeres, entre los que figuran 38 514 menores, las extorsiones por parte de policías de los tres órdenes de gobierno se mantenían como una constante, de acuerdo a los datos recabados en trabajo de campo por parte de Insyde, un actor que apareció en las extorsiones a personas migrantes fue el ejército, principalmente en la zona fronteriza de Chiapas en la zona que lleva a Palenque desde la Técnica en Guatemala:

Para 2016 se detuvieron 186 216 personas, 139 337 hombres y 46 879 mujeres, de los cuales 40 114 fueron menores, si bien es cierto que muchos de los informes generados desde las diferentes organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema de migración seguían señalando las violaciones a las que se enfrentaban las personas migrantes durante su paso por México, un elemento en la cadena de violaciones a derechos que repercutía con mayor fuerza contra la población migrante era lo que sucedía (sucede) al interior de las estaciones migratorias. Cabe señalar que la evidencia sobre las condiciones infrahumanas que sufre la población migrante durante la detención es poca ya que los permisos de ingreso son restringidos y sujetos al criterio de cada titular de estación migratoria, frecuentemente sólo se permite el ingreso a un área designada para entrevistas y no a espacios donde se encuentra cotidianamente la población.

En el trabajo que se realizó desde Insyde en la Estación Migratoria de Acayucan se tuvo la fortuna de conocer lo que sucedía al interior de la estación y verificar espacios a los que usualmente no se permite el acceso, como los dormitorios, baños y comedores, el trabajo en población fue fundamental para documentar las condiciones en las que se encuentran las personas detenidas.

En el área de mujeres, las madres arrojan agua al piso de concreto en donde acuestan a los bebes para que soporten el calor que hay en la estación ya que carecen de aire acondicionado y las celdas no cuentan con suficiente ventilación.

Bajo esta política migratoria de seguridad nacional no sólo los migrantes irregulares se enfrentan a las violaciones de sus derechos, también la población mexicana de las zonas indígenas de Chiapas se ven afectados, como ejemplo, en la Estación Migratoria de Tenosique se identificó a tres personas de origen étnico detenidos, dos de ellos hermanos que venían de la zona de Frontera Corozal y un adolescente de origen Tsotsil proveniente de Nueva Palestina, quienes fueron bajados de los autobuses en donde viajaban, que aunque se identificaron como mexicanos presentando la documentación oficial que los acreditaba, los agentes de migración argumentaron que eran falsos y los retuvieron en la estación por una semana.

En 2017 se detuvieron a 93 846 personas y en lo que va de 2018 se han detenido de enero a junio 64 222 personas, las violaciones a los derechos de estas personas siguen siendo una constante, se sigue documentado la forma en como los agentes de migración siguen sin ofrecer la información para que ellos puedan optar por la solicitud de refugio, se ha documentado cómo los menores son separados de sus padres, el acceso a salud en las estaciones migratorias es casi inexistente y las policías los siguen extorsionando, el sexenio de Peña Nieto aún no termina y hasta ahora en su administración se han detenido a 844 mil 378 personas… la historia continuará.

 

* Jorge A. Andrade es investigador del área de Migración y Derechos Humanos en Insyde, A.C. e integrante de la Red SJP.

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