La violencia contra las mujeres centroamericanas

Los principales delitos contra mujeres, adolescentes y niñas migrantes en la frontera sur se relacionan con las violaciones sexuales, extorsiones y robos, formas de violencia normalizadas, al grado que las mujeres las asumen como consecuencias que se tienen que pasar para llegar a EU.

Por: Paola L. García

La extrema violencia que experimentan los países que conforman el Triángulo Norte Centroamericano ha provocado un éxodo de personas que huyen hacia México buscando mejores condiciones de vida. Sin embargo, a raíz de la implementación del Programa Frontera Sur, México violenta sistemáticamente los derechos humanos de personas migrantes, teniendo esta violencia un impacto diferenciado en mujeres adolescentes y niñas.

Honduras, El Salvador y Guatemala, países que conforman el Triángulo Norte Centroamericano, enfrentan una severa crisis de violencia, que, por sus niveles de incidencia, pareciera que están fuera del control gubernamental. De acuerdo a datos del Council of Foreign Relations 2018, la región está ubicada como una de las más peligrosas del mundo, alcanzando cifras de 103 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Este hecho ha provocado que decenas de miles de personas abandonen todos los días sus hogares huyendo de la persecución de pandillas como la Mara Salvatrucha y la Barrio 18, las cuales han permeado en las instituciones generando en la población una percepción generalizada de indefensión e impunidad.

De acuerdo a informes de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 2017 (COMAR), las cifras de solicitudes de refugio pasaron de 2,137 en el año 2014 a 14,596 para 2017, de estas últimas fueron reconocidas únicamente 4,475. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha enfatizado que el 90% de estas solicitudes provienen de personas originarias del Triángulo Norte Centroamericano.

Existe un rezago de datos para determinar el número exacto de mujeres desplazadas desde los tres países del TNC. Sin embargo, un estudio de ACNUR en Honduras también ha estimado que, de la población desplazada, cerca del 51% son mujeres y los hogares con mayor presencia de menores de edad son los más propensos a ser afectados por hechos de violencia o inseguridad, llevando a sus familias a tomar la decisión de dejar sus países como un mecanismo de protección.

En los meses de agosto a diciembre de 2016, como parte de una investigación de posgrado a título personal, realicé trabajo de campo en Tapachula, Chiapas, con el fin de identificar las violencias a las que son sometidas las mujeres migrantes en su residencia y tránsito por México.

En la frontera sur, una de las constantes era conversar con mujeres que habían huido de sus países para proteger a sus hijos del reclutamiento de las pandillas o de la violencia de sus parejas que pertenecían a alguno de estos grupos. En esta zona del país, la violencia hacia migrantes es algo que forma parte de la cotidianeidad.

El gobierno mexicano, al haber firmado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967, incurre en responsabilidad internacional al no reconocer el derecho de protección a personas que sufren una amenaza contra su vida, para la cual no han tenido una resolución interna. Sin embargo, a raíz de la implementación del Programa Frontera Sur en julio de 2014, las autoridades han utilizado vacíos legales y mecanismos fácticos para frenar la migración, como lo son: el despliegue de retenes en carreteras, la privación de la libertad por tiempo indefinido en estaciones migratorias, la deportación expedita y detenciones arbitrarias hacia la población migrante.

Estos dispositivos gubernamentales que responden a una lógica de criminalizar la migración, han ocasionado que las y los migrantes busquen rutas cada vez más peligrosas, siendo víctimas de violencia por parte del crimen organizado y por los mismos agentes del Estado.

La violencia y criminalización tiene un impacto diferenciado por género; mujeres, adolescentes y niñas migrantes, principalmente aquellas que no cuentan con documentos para transitar libremente por México, corren peligro diariamente de sufrir violencia a manos del Crimen Organizado, agentes y funcionarios del gobierno e incluso por parte de migrantes varones. De acuerdo con Amnistía Internacional en su informe publicado en 2010 muchas de las bandas delictivas utilizan la violencia sexual como parte del “precio” que exigen a migrantes.

En los grupos focales que realicé con mujeres provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala en conjunto con el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, los principales delitos y violencias identificadas se relacionan con las violaciones sexuales, extorsiones y robos. Sin embargo, la peligrosidad del trayecto y las múltiples formas de violencia están normalizadas, ya que a pesar de que se tiene un amplio conocimiento de lo difícil del trayecto, se asumen como consecuencias u obstáculos que se tienen que pasar para alcanzar el objetivo de llegar a Estados Unidos.

Como se ha mencionado, las mujeres centroamericanas asumen como un precio el verse sometidas a abusos sexuales. Esta problemática es de tal incidencia que las mujeres se administran una inyección anticonceptiva antes del viaje, como precaución contra el embarazo derivado de la violación.

Sean hombres o mujeres quienes tomen la decisión de partir de un país, el proceso está marcado por los distintos roles, que van desde las relaciones domésticas, los tipos de trabajo disponibles, así como las formas de explotación, discriminación y violencia. Estas circunstancias, además de tener claramente distinciones por sexo, se ven marcadas también por la raza, la clase y la nacionalidad.

Ante la realidad que viven miles de mujeres que ingresan a México buscando un lugar seguro para vivir y que encuentran en su trayecto nuevas formas de violencia, se vuelve imprescindible que la sociedad encuentre mecanismos de exigencia para que el Estado garantice y proteja sus derechos humanos. Es urgente que para ellas el acto de sobrevivir no signifique que han cometido un crimen.

 

* Paola Lilí García Alanís es Directora de Desarrollo Institucional en la Red NPSP A.C. e integrante de la Red SJP @RedNPSP @Red_SJP.

 

@Insyde

Close
Comentarios