¿Y las víctimas?

Actualmente, las personas afectadas por un delito o por violaciones a sus derechos humanos a nivel local están desprotegidas debido, principalmente, a que los esfuerzos se han dirigido a generar normas locales de atención a víctimas, y no a crear un proceso de armonización legislativa.

Por: Ernesto Cárdenas y Antonio Rueda

 

El derecho de las víctimas en nuestro país se ha construido a partir de estándares internacionales y de la necesidad de atender legítimas demandas sociales. Los antecedentes inmediatos de adecuaciones a normas internas para implementar un sistema de atención a víctimas los encontramos en las reformas constitucionales del 3 de septiembre de 1993, 21 de septiembre de 2000, 18 de junio de 2008, 10 de junio de 2011 y 14 de julio de 2011, en las que se advierten avances significativos que han logrado visibilizar a las víctimas y dotarlas de derechos en la integración de procedimientos, principalmente en materia penal y en procedimientos sobre violaciones a derechos humanos.

Las dos últimas reformas señaladas en el párrafo que antecede permiten dar una perspectiva de género y derechos humanos en la implementación del derecho de la víctima, a través de conceptos propios como el enfoque diferencial y especializado, establecido en la Ley General de Víctimas (en adelante LGV), que encumbra las reformas antes referidas y les da cuerpo a través de una norma que, en principio, pretende homologar en el país la asistencia, ayuda, protección, atención y reparación integral para las víctimas.

En consecuencia, se creó una institución que fuera garante de los derechos contenidos en la LGV, denominada Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (en adelante CEAV), que basa su funcionamiento en tres ejes de la atención victimal: la Asesoría Jurídica Federal, el Registro Nacional de Víctimas y el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

Desde su creación, la CEAV ha enfrentado problemas importantes, como la falta de personal calificado y sensible, que provoca importantes fallas en la operación e impacta en el acceso de las víctimas a sus derechos; a esto se suma la dificultad y lentitud en la ejecución de sus funciones, reflejándose, por ejemplo, en el escaso número de personas asesoras jurídicas a nivel nacional que, en relación al número de personas defensoras públicas federales, resulta totalmente desproporcionado.

Con respecto al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación, éste se ha convertido en un elemento sumamente complejo en la operación. En principio, el fondo de emergencia es una garantía para las víctimas en su trayecto al acceso a la justicia, por lo que se constituye también como una herramienta para el afrontamiento temporal de los impactos del hecho victimizante. No obstante, lo que en realidad observamos es un alentamiento de procesos y producción de cuellos de botella atribuibles, en el mejor de los casos, a un problema administrativo derivado de la revisión y tramitación de una gran cantidad de comprobantes de gastos que se les exige a las víctimas.

Otro enorme problema es el involucramiento efectivo de sectores, tanto a nivel federal como estatal, a través de instituciones relacionadas con salud, educación, trabajo, vivienda y desarrollo social, pero la falta de inclusión de miles de víctimas – principalmente mujeres – en sus programas y políticas públicas. Por ejemplo, la atención psicosocial y especializada en esta materia es prácticamente desconocida y no parece preocupar el impacto que tiene en ellas el hecho victimizante; los integrantes de los colectivos de personas desaparecidas reflejan con toda claridad esta problemática que ya rebasa cualquier pronóstico.

Es claro que tanto en el ámbito federal y su reflejo en el entorno estatal, hay muchísimo por hacer. Especialmente en los estados se dista mucho de una adecuada implementación para alcanzar un verdadero sistema nacional de asistencia, ayuda, protección, atención y reparación integral. La integración de equipos especializados de cobertura estatal en las comisiones de víctimas de los estados es un buen indicador de inicio; el Estado de México, Coahuila y Nuevo León son posiblemente casos que avanzan por esta senda ciertamente diferenciada. Naturalmente, el éxito dependerá mucho de la participación de la sociedad civil y de las organizaciones de víctimas para fortalecer procesos y hacer valer sus derechos. La CEAV puede, y creemos que debería desarrollar procesos innovadores que replanteen mejores condiciones en sus procesos, por difícil que pueda parecer. Voluntad es lo que falta y esperamos que pronto exista.  No obstante, hoy es una lamentable realidad el desinterés de la actual élite política y burocrática en la atención que se brinda a las víctimas.

Actualmente, las personas afectadas por un delito o por violaciones a sus derechos humanos a nivel local se encuentran en desprotección debido, principalmente, a que los esfuerzos se han dirigido a generar normas locales de atención a víctimas, sin que se lleve a cabo un proceso de armonización legislativa, lo cual se repite a nivel federal, pues tampoco se han realizado las modificaciones en distintos rubros operados por dependencias federales.

Podemos mencionar que hay estados como el de Baja California, que es un caso crítico, donde han optado por ignorar o posponer totalmente las disposiciones de la Ley General de Víctimas y no han realizado alguna acción para homologar los estándares que dispone la Ley en su territorio. En otras entidades federativas, la ley estatal existe pero no es implementable pues aún no opera una Comisión Ejecutiva, como lo es la Ciudad de México; asimismo, también encontramos estados que tienen ley estatal y Comisión Ejecutiva pero no cuentan con un fondo de reparaciones, situación que se replica en la mayoría de las entidades federativas. El estado que ejemplifica dicha problemática es, sin duda, Veracruz donde se informa de la realización de un sinnúmero de reuniones de trabajo y existen diversos convenios, pero sin resultado alguno: no se hacen públicas cifras oficiales sobre lo que realmente importa, contraviniendo el marco normativo en materia de transparencia. Finalmente, están los casos en los que se tiene ley estatal, Comisión Ejecutiva, fondos de reparaciones, pero por cuestiones aparentemente burocráticas (sic) no se ejercen los recursos.

En las recientes reformas a la Ley General de Víctimas, destacan ejemplos de buenas prácticas, como mantener y fortalecer las compensaciones subsidiarias, que abre una ventana para que, a través de convenios entre la federación y los estados, pueda tenerse un espacio para que se repare a quienes se encuentran en situación de víctima en los estados, pero aun cuando existen las opciones legales, éstas se encuentran en desuso por la poca conveniencia que la medida pueda implicar para los gobernantes.

Consideramos que es necesaria una reingeniería del aparato estatal con las víctimas que no sólo genere normas, sino que dote de recursos y de una estructura funcional y eficiente a la CEAV y a las comisiones estatales en un marco de rendición de cuentas y transparencia auditable públicamente, con un claro mecanismo de control interno y responsabilización bajo esquemas de auditoría civil especializada, más allá de los mecanismos de participación actuales, buenos como iniciales, pero a la fecha insuficientes.

Es necesario garantizar una operación que cumpla con los estándares considerados en la LGV, de tal forma que el fondo se erogue en las miles de víctimas de desaparición forzada, tortura, ejecución extralegal, trata, violencia sexual, feminicidio, entre otros delitos de alto impacto y violaciones graves a los derechos humanos, sin distinguir enfáticamente si es local cuando éstas no han sido atendidas en sus estados, que rebase obstáculos administrativos y garantice un efectivo acceso a sus derechos de manera integral. La reingeniería es necesaria, de otra manera los recursos judiciales vía amparo y otras medidas provocarán un nuevo escenario a corto plazo ante el hartazgo, como ya lo hemos observado en fechas recientes.

 

* Ernesto Cárdenas es director de Justicia Penal y Derechos Humanos del Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C., y Antonio Rueda es consultor experto de Insyde en materia de víctimas.

 

@InsydeMx

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