Mediación penitenciaria, una necesidad psicosocial

El sistema penitenciario necesita generar alternativas a las actuales formas de relacionarse entre personas privadas de libertad y autoridades, generar espacios de diálogo para manifestar conflictos e inconformidades, lo cual contribuirá en disminuir la prevalencia de conductas disruptivas y no involucrarse en delitos dentro de la prisión.

Por: Martha Vanesa Díaz Padilla

Somos seres sociales, nos apropiamos y desarrollamos ciertas habilidades para incorporarnos en cualquiera de las instituciones socializadoras en que nos relacionamos. Por lo cual, el conflicto puede ser comprendido como inherente al desarrollo humano, las habilidades o herramientas psicosociales con las que contemos o desarrollemos contribuyen en hacer frente a situaciones problemáticas, en la deliberación de toma de decisiones, tolerancia, búsqueda de acuerdos y consensos para solucionar los conflictos en cualquier área de nuestra vida. Sin embargo, la cultura actual ha llevado a la sociedad a ser individualistas, hedonistas (realizar conductas que favorezcan el placer sin restricción) y regirnos por la gratificación inmediata, entendida esta como la poca capacidad en demorar las acciones de bienestar y atender de forma intempestiva las acciones alrededor.

En este contexto, es necesario abordar el análisis del conflicto y denotar que la violencia social es exacerbada. Como sociedad pareciera que nos estamos desensibilizando ante la cotidianidad de los conatos violentos, lo cual está estrechamente ligado a la casi inexistente prevención delictiva y victimal, que a su vez favorece la falta de habilidades psicosociales para hacer frente a las adversidades y controversias en nuestro entorno, y finalmente, la falta de políticas públicas que incentiven alternativas ante la serie de actos violentos. Lo anterior hace comprender que en todos los ámbitos que nos desempeñemos, incluyendo el sistema penitenciario (tema que nos ocupa), prevalece el mal abordaje de los conflictos, donde la prisionalización (Clemmer 1940, mencionaba que la prisionalización es el efecto de asimilación de hábitos, usos, costumbres, cultura en prisión, lo cual es parte de una etapa prolongada en el centro penitenciario) es parte activa de los conflictos penitenciarios, los cuales pueden verse reflejados de forma indirecta a la sociedad que no se encuentra en prisión, permeando aún más la estructura psíquica y los procesos de socialización.

Entre los conflictos penitenciarios más comunes se encuentran las riñas, motines, nueva comisión de un delito, corrupción, amenazas, comunicación inadecuada, falta de comida y de espacios para dormir, entre otros. En México durante el 2016, estos incidentes provocaron un total de 54 fallecidos y 57 heridos al interior de los centros penitenciarios estatales, según los datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatal 2017.

Hay que precisar que en su gran mayoría las personas privadas de libertad son quienes nuevamente se reinsertan en la sociedad con habilidades sociocognitivas propias del entorno penitenciario, que en muchos casos prevalece menor tolerancia a la frustración que favorece e incentiva la generación de conductas violentas. En el actual Sistema de Justicia Penal, garante de Derechos Humanos y que promueve la igualdad, desarrollar alternativas para la solución de conflictos y generar habilidades para hacer frente a los mismos mediante el diálogo debe ser prioritario para disminuir la reiteración de conductas disruptivas y de trasgresión de la estabilidad penitenciaria.

En cambio, los datos estadísticos sobre la población privada de libertad reflejan la poca eficiencia del sistema penitenciario mexicano, así como la carente plantilla del área de seguridad y custodia. En 2015, cada agente de seguridad y custodia debía hacerse cargo de al menos 9 personas privadas de la libertad, tal como lo refiere el siguiente gráfico.

Según la Ley Nacional de Ejecución de Penas, la mediación penitenciaria, al igual que los diferentes enfoques de mediación, está diseñada para que los involucrados ante una controversia puedan gestionar sus conflictos ponderando la práctica de habilidades sociocognitivas de forma positiva, accionando la interdependencia de posturas y posiciones ante el conflicto.

Nuestros recursos psicosociales determinan gran parte del proceso socializador por el que nos regimos los seres humanos. Nos enseñan patrones de comportamiento y son una herramienta para funcionar en sociedad. Por ello el sistema penitenciario necesita generar alternativas para que personas privadas de libertad y autoridades puedan relacionarse; generar espacios de dialogo para manifestar conflictos e inconformidades que permitan disminuir la prevalencia de conductas disruptivas y el involucramiento en delitos dentro de la prisión. La mediación penitenciaria deberá estructurarse con visión de eficacia medible, cuantificable, con proyección longitudinal y no solo unas horas o de forma aislada para cubrir criterios presupuestales de tipo gubernamental. Brindar capacitación constante al personal penitenciario, y seguridad y custodia a quienes serán los mediadores penitenciarios más allá de los 940 servidores públicos capacitados, como señalan los datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatal 2017.

La Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal A.C (AMPJyDP) considera necesario atender los conflictos con las personas privadas de libertad dentro del sistema penitenciario mexicano, con la finalidad de establecer habilidades, estrategias que fomenten y fortalezcan la empatía entre las personas privadas de libertad, así como la no polarización de los conflictos, y brindar alternativas para solucionar los conflictos desde un enfoque de Mediación Penitenciaria, el cual puede ser entendida como un método de solución pacífica, basado en el diálogo y respeto, que permita a las personas privadas de libertad asumir la responsabilidad de sus actos y generar posibles soluciones ante los mismos. El proyecto de la AMPJyDP es de tipo longitudinal -ya que será indispensable el seguimiento de la sociedad civil y el monitoreo de las instancias gubernamentales- y va más allá de una charla o un Curso-Taller toda vez que está enfocado al modelo formador de formadores con personas privadas de libertad, con la finalidad de trabajar las habilidades socio-cognitivas para la gestión de conflictos penitenciarios

La AMPJyDP apuesta por generar alternativas para la solución de conflictos, promoviendo un clima de comunicación pacifica inherente al proceso de reinserción social. Aunque al aplicar la mediación penitenciaria no se cambiará el contexto penitenciario (relacionadas con las limitaciones presupuestales y la necesidad de una óptima implementación que requiere modificar todo el aparato jurídico del sistema penitenciario), sí podemos pensar que la relación entre las personas privadas de libertad podrá generarse con mejor comunicación y llegar a acuerdos en pro de una mejor convivencia, para disminuir correctivos y sanciones disciplinarias. Es por ello que aquellos profesionistas que deseen colaborar en procesos de mediación penitenciaria deberán contar con instrucción teórico-práctico, como el psicólogo jurídico, quien tiene un papel muy importante en el desarrollo del Sistema de Justicia Penal.

Si el término reinserción social atiende a generar cohesión social entre las personas privadas de libertad y la sociedad en el exterior de un centro penitenciario, la mediación penitenciaria deberá ser parte de cualquier plan de actividades de las personas privadas de libertad de acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal, y no solo quedar en buenas intenciones o utopías legales. Por ello la mediación penitenciaria es una necesidad psicosocial que requiere de actores comprometidos, con formación y vocación en la solución de conflictos, así como la participación de diversos actores que generen programas enfocados a disminuir los conflictos penitenciarios.

 

* Martha Vanesa Díaz Padilla es Integrante de la @Red_SJP, directora y fundadora de la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal (AMPJyDP) y directora científica en México de la Asociación Latinoamericana en Psicología Jurídica y Forense (ALPJF).

 

@InsydeMx

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