¿Y los derechos del policía en el sistema penal?

¿Qué hay de los derechos del personal policial cuando intervienen ante la comisión de un delito? ¿Qué derechos les asisten dentro del sistema de justicia penal? ¿A qué violaciones de sus derechos se exponen? ¿Quiénes los violentan y por qué?

Por: Rodolfo Basurto Carmona

La Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia de 2008 se caracteriza por establecer un sistema garantista de los derechos humanos. En el artículo 20 constitucional establece en tres apartados los principios generales del proceso penal, los derechos de toda persona imputada (que incluye la presunción de inocencia) y los derechos de la víctima u ofendido (en el cual se precisan nuevas garantías judiciales de las víctimas como la reparación del daño, su seguridad personal, el resguardo de sus datos personales e identidad y la impugnación de acciones del ministerio público).

En cumplimiento a dicho mandato constitucional, de manera concreta y extensa el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla en el artículo 109 los derechos de la víctima u ofendido, entre los que destacan el ser informado de sus derechos, que se le facilite el acceso a la justicia, recibir atención por personas del mismo sexo y que le sea brindada atención médica y/o psicológica de urgencia. El artículo 113 señala los derechos del imputado, tales como ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad, ser comunicado con un familiar o su defensor en el momento de la detención, declarar o guardar silencio según su conveniencia y ser asistido por su defensor(a) en el momento de su declaración, entre otros.

Por otro lado, en el artículo 132 del mismo ordenamiento y en concordancia con el artículo 21 constitucional, se mencionan las obligaciones de los cuerpos de policía especializados en la investigación de delitos, así como los cuerpos de seguridad pública de los fueros federal o común, durante el proceso penal, entre las que destacan: recibir denuncias, realizar detenciones en los casos que autoriza la constitución política, impedir que se consumen los delitos, practicar inspecciones y actos de investigación, preservar el lugar de los hechos o del hallazgo, realizar entrevistas a testigos de un delito y proporcionar atención a víctimas. Así mismo, el artículo 127 de la Ley General de Víctimas, establece obligaciones para la policía de los distintos órdenes de gobierno en relación con las víctimas.

Finalmente, el Protocolo Nacional de Actuación de Primer Respondiente define los distintos procedimientos operativos a seguir por los policías ante el conocimiento de un delito, ya sea por denuncia, por flagrancia, por descubrimiento o localización de un indicio, con la finalidad de iniciar correctamente la investigación para la construcción de la Teoría del Caso en auxilio del ministerio público, todo ello en apego al respeto y protección de los derechos humanos.

Derechos policiales

Sin embargo, ¿qué hay de los derechos del personal policial cuando intervienen ante la comisión de un delito?, ¿qué derechos les asisten dentro del sistema de justicia penal?, ¿a qué violaciones de sus derechos se exponen?, ¿quiénes los violentan y por qué?

Las preguntas pueden parecer ilógicas o incongruentes considerando que las policías tienen la obligación de proteger los derechos de víctimas e imputados, pero tienen sus motivaciones ya que las malas condiciones de trabajo, el poco o nulo equipamiento, mandos sin capacidades tácticas y estratégicas necesarias para liderar, entre otras deficiencias, son una realidad cotidiana que obligan a la reflexión sobre el tema.

El pasado 1° de octubre, durante la inauguración del Foro de Escucha para Policías, llevado a cabo en el municipio de Nezahualcóyotl, María Elena Morera presentó datos contundentes sobre el Índice de Desarrollo Policial (INDEPOL) realizado por Causa en Común, el cual muestra que la tercera parte de los policías del país ganan menos de 10 mil pesos al mes y que destinan parte de su salario a la adquisición de equipamiento, aun cuando las instituciones tienen la obligación de dotarles de todo lo necesario para ejercer sus funciones.

Estas deficiencias nacionales fueron evidentes el pasado 17 de octubre, cuando policías municipales de Naucalpan llevaron a cabo un paro de labores exigiendo el pago de su salario en tiempo y forma, ya que, según sus declaraciones, de ahí compran gasolina para poder circular en sus patrullas. No podemos dejar de mencionar que, generalmente, cada policía absorbe los gastos ocasionados por la papelería que utiliza, específicamente cuando hace una puesta a disposición ante el ministerio público y en relación al Informe Policial Homologado y sus anexos.

En este contexto, cabe destacar el papel de los mandos como administradores de la actuación del policía antes, durante y después de su intervención ante un hecho delictivo. Los mandos tienen entre sus funciones principales planear, organizar, dirigir y controlar el proceso conforme a las normas jurídicas establecidas para ello, sin embargo, no siempre es así. Tal vez debido a su escasa preparación y capacitación, o respondiendo a otros intereses, se han registrado casos en que es el mando quien violenta los ordenamientos con instrucciones contrarias, las cuales pueden afectar severamente al policía y son en detrimento de la misma sociedad a la que se debe.

Un ejemplo de ello se dio la semana pasada, con la filtración de una grabación en la que se escucha la voz de una mujer, presumiblemente del sector Mixquic de la policía preventiva de la Ciudad de México, amenazar a un policía con arrestarlo si permite que se denuncie el robo de un vehículo, con lo que no sólo violenta el derecho del policía a un trato digno y respetuoso, sino que lo obliga a incumplir los principios constitucionales de actuación, violentando así el derecho de la víctima a acceder a la justicia, todo con el propósito de no verse afectada por la incidencia delictiva de su zona.

Durante la Tercera Cumbre Ciudadana, la propuesta 7.9 hizo énfasis en el mejoramiento de las condiciones laborales de los policías como medio para valorizar el aspecto humano de la función policial, ya que, se consideró importante salvaguardar los derechos de los policías para que ellos puedan proteger los derechos de la ciudadanía.

Algunos de los derechos a respetar, proteger y garantizar al personal policial en el sistema de justicia penal, son:

  • A un marco jurídico que le respalden y guíen en el uso de la fuerza al realizar detenciones.
  • A una capacitación integral adecuada a las condiciones sociales prevalecientes en su jurisdicción.
  • Al equipamiento completo para todas y cada una de las funciones a desempeñar.
  • Al acompañamiento jurídico institucional en todas las etapas del proceso por parte de abogados especializados en materia penal.
  • A contar con mandos operativos éticos y preparados, que ejerzan efectivamente tareas de coordinación, supervisión y asesoramiento técnico-jurídico.
  • A continuar con preparación académica de cualquier nivel sin restricciones laborales de ningún tipo.
  • A participar en el diseño de protocolos de actuación tendientes a mejorar los procesos a seguir.
  • A la reparación integral del daño en caso de sufrir lesiones, cualquier menoscabo a sus derechos o incluso la muerte en el cumplimiento de sus funciones.

Por último, considerando la importancia de respetar, garantizar y proteger los derechos del personal policial para la seguridad ciudadana, se debe reflexionar sobre la pertinencia de contar con mecanismos institucionalizados para la defensa de sus derechos laborales, por ejemplo, la figura de un sindicato policial. Al respecto y ante la actual imposibilidad legal para ello, la alternativa ha sido la constitución de organizaciones civiles integradas, parcial o totalmente, por policías en activo y/o en retiro que, a pesar de las limitantes jurídicas, intentan mejorar las condiciones del trabajo policial.

 

* Rodolfo Basurto Carmona, es Presidente de la Red Nacional de Profesionistas en Seguridad Pública A. C. (@RedNPSP), dirigente de la Unión Nacional de Policías e integrante de la  @Red_SJP, red multudisciplinaria dedicada a la investigación, análisis y divulgación del Sistema de Justicia Penal.

 

@InsydeMx

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