Plan de Investigación sobre desaparición de personas

En México la probabilidad promedio de que un delito se denuncie y se resuelva es de 1.14 %. Este porcentaje es un indicador de que las investigaciones que realizan las fiscalías son incompletas o deficientes.

Por: Ernesto Cárdenas y Romeo Utrilla

La investigación de hechos delictivos es una actividad que el Estado realiza a través de la institución del Ministerio Público, la cual se auxilia de las policías, preventivas y de investigación, así como de los servicios periciales de la propia institución o externos, con el objeto de esclarecer los hechos, proteger al inocente, sancionar a los responsables y que se repare el daño a la víctima de delito. Como tal, esta actividad puede dividirse en investigación ministerial, que busca la acreditación de los requisitos legales del delito; investigación policial, cuya función es la obtención de información de los hechos delictivos mediante técnicas propias de los agentes policiales, como la vigilancia, la entrevista, la inspección de lugares u objetos, entre otras, y la investigación pericial, que es la aplicación de ciencias, artes, técnicas u oficios para el estudio de aspectos diversos relacionados con los hechos delictivos.

Debido a la diversidad de perfiles que integran una Fiscalía, la falta de claridad entre las funciones y los tramos de responsabilidad, así como la ausencia de metodologías institucionales, la investigación de los hechos delictivos en México no tiene la efectividad necesaria para garantizar un Estado de Derecho en el que las personas que cometan delitos sean procesadas y eventualmente sancionadas, en la búsqueda de Verdad, Justicia y Reparación.

De acuerdo con el Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías 2018, realizado por Impunidad Cero y Jurimetría, en México la probabilidad promedio de que un delito se denuncie y se resuelva es de 1.14%. Este porcentaje es un indicador de que las investigaciones que realizan las fiscalías son incompletas o deficientes. Ahora bien, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que se ha denunciado la desaparición de 36,265 personas al 30 de abril de 2018, de acuerdo con registros relacionados con averiguaciones previas, actas circunstanciadas y carpetas de investigación. A pesar del número de denuncias en 10 años sólo se han dictado 9 sentencias condenatorias.

La complejidad de las circunstancias en que ocurren los hechos delictivos de Desaparición de Personas, conjugada con las deficiencias en las capacidades de investigación de las fiscalías, conllevan a considerar que la impunidad en estos hechos es prácticamente absoluta.

Investigar la desaparición de personas de la misma manera en que se investiga un homicidio, un secuestro o un robo, hacen que la investigación fracase. También es un error investigar todos los hechos de desaparición de personas con los mismos procedimientos, ya que, aunque algunos casos tengan similitudes e incluso conexidad, cada hecho tiene peculiaridades, circunstancias y contextos propios que exigen una investigación única, con técnicas de investigación acordes a cada caso en concreto.

La investigación de estos hechos delictivos debe tener como principales objetivos, de manera simultánea, la localización de la persona desaparecida y la identificación de los responsables. Ante estos dos objetivos, las autoridades deben partir de la noticia o denuncia como primer elemento de su investigación y a partir de este conocimiento generar una serie de actos de investigación de manera coordinada, estratégica y con respeto a los derechos humanos de las personas involucradas. Sin embargo, desde la entrevista de los familiares o testigos que denuncian el hecho se encuentran deficiencias en su realización por no existir una metodología para la obtención y valoración de la información de la entrevista, lo que resulta en errores, confusiones o contradicciones que afectan el desarrollo de la investigación.

Para mejorar la efectividad de las autoridades debe emplearse una metodología de investigación aplicada al fenómeno delictivo llamada Plan de Investigación Criminal, la cual se utiliza en países como El Salvador, Colombia, Bolivia, Honduras y Paraguay, a través de esfuerzos conjuntos con la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito.

Recogiendo las buenas experiencias de esta metodología, el Protocolo Homologado de Investigación para los delitos de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por Particulares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2018, incorporó como obligación de la autoridad ministerial la creación de un Plan de Investigación en cada expediente en trámite por estos delitos, como un instrumento para que las autoridades encargadas de su investigación puedan definir las acciones y diligencias necesarias para allegarse de la información básica y complementaria para determinar que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito e identificar al responsable, coordinar y ordenar la intervención a las áreas correspondientes para acreditar la hipótesis del caso, diseñar y elaborar una estrategia con enfoque diferenciado y especializado en la investigación con base en una perspectiva de derechos humanos, y por último, generar las acciones necesarias de comunicación, coordinación, cooperación y de intercambio de información con las demás autoridades, que permitan la elaboración de planes conjuntos para la búsqueda de la persona desaparecida.

Sin embargo, el Protocolo no señala la manera en que debe realizarse un Plan de Investigación, por lo que es necesario se fijen las directrices específicas de cómo desarrollar y aplicar esta herramienta, ya que la homologación pretende que todas las fiscalías especializadas en delitos de Desaparición de Personas, sean federal o estatales, actúen de conformidad a lineamientos generales para la investigación. Estos lineamientos generales serán la base para cumplir con los objetivos de la investigación, realizando los ajustes necesarios para cada caso en concreto.

En algunas Fiscalías especializadas el uso del Plan de Investigación como instrumento de trabajo ha permitido concentrar información contenida en archivos de hasta 5,000 páginas en un documento con una extensión no mayor a 60 páginas, a través de un proceso cronológico y definido para el uso y obtención de la información, lo que permite coordinar las actividades de los agentes de policía, peritos y agentes del Ministerio Público, distribuir las responsabilidades y establecer tiempos de cumplimiento de cada una de las actividades designadas. Es necesario que durante toda la investigación los responsables realicen reuniones periódicas de seguimiento para corregirla, mejorarla y alcanzar los objetivos a través del intercambio de información y opiniones de acuerdo a su área de conocimiento y su experiencia, y que funcione también como mecanismo de control interno, transparencia, en el marco que la ley permite, y auditoría de los avances de las investigaciones.

De manera general, un Plan de Investigación se construye en un primer momento con el procesamiento la información existente sobre el caso específico, atendiendo a tres preguntas básicas: ¿quién es la víctima?, ¿qué ocurrió?, ¿quiénes son los responsables? Con esa información se elabora una hipótesis principal – la más lógica de acuerdo con la información obtenida y la experiencia en casos similares – e hipótesis complementarias, que no cuentan con solidez en este momento, pero son alternativas de cómo ocurrieron los hechos.

A partir de la información con la que se cuenta y también los datos que se desconocen, se elaboran fichas de investigación de las personas, lugares, objetos, vehículos, comunicaciones, redes de vínculos y demás elementos de relevancia dentro del hecho. Para recabar la información desconocida se formulan preguntas de investigación sobre la persona desaparecida, sobre la agresión y sobre los agresores, cuyas respuestas se obtendrán mediante la aplicación de técnicas de investigación policial, pericial y ministerial, en tiempos establecidos de acuerdo con los recursos humanos y materiales con los que cuente la institución. Estas técnicas deberán aplicarse las veces necesarias hasta cumplir los objetivos de la investigación.

Una vez que se logre conocer todo lo relevante sobre la persona desaparecida, todas las circunstancias en las que la agresión ocurrió y la identificación de los responsables, existirán los elementos documentales y materiales para elaborar una Teoría del Caso con suficiencia fáctica, jurídica y probatoria para la solicitud de una orden de aprehensión y un eventual proceso penal para imponer una pena al responsable, así como la localización de la persona desaparecida. Esto puede parecer un sueño, tal vez despierte sonrisas en algunas autoridades irresponsables, pero estamos seguros que a las víctimas no.

El Plan de Investigación también debe ser una muestra de compromiso y transparencia hacia las y los familiares de las víctimas directas, porque les permite conocer qué es lo que las autoridades están haciendo, cómo lo están haciendo, cuáles son los resultados que se esperan obtener y, primordialmente, los tiempos en que se cumplirán estos objetivos, lo que también conlleva un marco de exigibilidad y rendición de cuentas a los familiares.

También es cierto que muchas policías de investigación saben cómo hacerlo, tienen experiencia y, por diversas falencias de todo tipo no lo hacen. Es necesario insistir en la aplicación de esta metodología y romper las barreras que impiden elevar la eficacia de las investigaciones y, en su caso, fincar las responsabilidades administrativas o penales por cualquier tipo de negligencia, opacidad, ocultamiento, tortuguismo o desviación de las investigaciones, en este sentido solo las víctimas organizadas y asesores jurídicos en su representación, tiene todas las prerrogativas de ley para lograrlo, aunque tarde, es cuestión de voluntad de la autoridad y de presión organizada de la víctima. Ya veremos si así cambian las cosas.

 

* Ernesto Cárdenas es Director de Justicia Penal y Derechos Humanos de @InsydeMx e integrante de la @Red_SJP. Romeo Utrilla es Consultor del INSYDE experto en Derecho Penal y Sistema Penal Acusatorio.

 

@InsydeMx

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