Dictamen médico-psicológico al investigar tortura

¿Es la “práctica obligatoria del dictamen conforme al Protocolo de Estambul” un incentivo perverso para el estancamiento de las investigaciones de los casos de tortura en las instituciones de procuración de justicia mexicana? No debería serlo.

Por: Ernesto Cárdenas Villarello y Héctor Alberto Pérez Rivera

Pensemos en la investigación penal en casos de tortura como una partida de ajedrez. ¿Cuál es la jugada con la que queremos terminar la partida? ¿Abrimos nuestro juego intentando dar jaque mate a nuestro adversario o necesitamos de ciertos movimientos para llegar hasta allá?

En la actuación de la autoridad frente a casos de tortura, se ha repetido como un mantra lo indispensable de realizar dictámenes médico-psicológicos conforme a las reglas del Protocolo de Estambul. Organizaciones de derechos humanos, agentes del ministerio público, víctimas y hasta jueces han insistido en que es un componente esencial de la investigación y, por lo tanto, el personal pericial capacitado y certificado que puede realizarlo se ha visto rebasado al grado que, en ciertas instituciones, ¡la lista de espera para estos dictámenes llega a septiembre de 2019! De aquí surgen nuevas interrogantes ¿es posible realizar una investigación exitosa por tortura sin esta pericial?, ¿tenemos que esperar periodos de hasta un año para que se realice y entonces decidir si se trata o no de un caso de tortura y judicializar la investigación?

Recientemente la Suprema Corte de Justicia emitió ─en una votación dividida de 7 a 4─una tesis cuyo rubro es Tortura, mecanismos para probarla dentro del proceso penal en el que se denuncia, la cual señala que:

“…el Protocolo referido constituye una de las vías mediante las cuales puede comprobarse la existencia de tortura, sin que obste la posibilidad de realizar otros exámenes o pruebas que permitan, en su caso, sancionar a los responsables, tales como la mecánica de hechos y de lesiones…”

En la misma tesis se afirma que el referido examen médico-psicológico puede resultar revictimizante, por lo que se debe recurrir a métodos menos invasivos.

Consideramos que la realización del dictamen médico-psicológico, conforme a las reglas del Protocolo de Estambul, es la jugada del jaque mate en la investigación criminal de la tortura, nunca el movimiento de inicio de la partida.

La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en sus artículos 36 a 47 establece las disposiciones para la realización del dictamen médico-psicológico, el cual indica deberá ajustarse a lo indicado por el Protocolo de Estambul; sin embargo existe una confusión sobre el momento procesal para la realización del mismo y la mayoría de las autoridades han considerado que la investigación de la tortura comienza con esta pericial, lo que ha generado un verdadero cuello de botella entre las carpetas de investigación averiguaciones previas iniciadas por este delito y aquellas en las que sanciona a los responsables. Según los datos oficiales, hasta el mes de abril de 2018, la Procuraduría General de la República contaba con 2450 expedientes por tortura y sólo en 18 se había obtenido sentencia, es decir el 0.73% ¡menos de uno por cada 100! ¿Es la “práctica obligatoria del dictamen conforme al Protocolo de Estambul” un incentivo perverso para el estancamiento de las investigaciones de los casos de tortura en las instituciones de procuración de justicia mexicana? No debería serlo.

El estándar para la vinculación a proceso en el sistema de justicia penal es muy bajo. Requiere que existan elementos de la existencia de un delito y sobre la posible participación de una persona en éste, nada más. Es decir, para iniciar el proceso penal en un caso de tortura se requieren indicios de que dicha conducta existió y que la persona imputada (agente del Estado) participó en ella. Para cumplir con ese estándar me bastaría comprobar ─por ejemplo─, que la víctima del delito presenta algún tipo de afectación en su integridad personal, lo cual se puede acreditar con un certificado médico o una valoración psicológica, que ésta afectación ocurrió durante el período en que estuvo bajo custodia de agentes estatales acreditado con los mismos certificados y las actas de puesta a disposición de la autoridad, los registros de detención o de ingreso a una institución pública, y si queremos establecer el nexo de causalidad podemos atender lo que dice la Suprema Corte y realizar una mecánica de lesiones, mecánica de hechos y posición víctima/victimario por medio de un perito criminalista a fin de establecer si las lesiones que presenta la víctima son compatibles con los hechos que denuncia. Con ello podríamos tener suficientes elementos de que un agente de autoridad causó un dolor o sufrimiento y/o un acto tendiente a disminuir la personalidad o resistencia de la víctima con un fin determinado, es decir los elementos del delito de tortura conforme a la Ley General.

Por lo que hace a la posible participación de los agentes estatales imputados, bastaría con el reconocimiento de la víctima junto con elementos que los ubiquen en circunstancias de tiempo y lugar, como pueden ser los registros que indiquen que tuvieron bajo su custodia a la víctima.

En los casos que la víctima no pueda identificar a sus agresores, los elementos tecnológicos como la ubicación de los GPS de las unidades policiales, el rastreo de sus aparatos de telefonía celular, las frecuencias radiofónicas o las cámaras de video vigilancia, entre otros proporcionan datos de prueba valiosos para establecer que determinadas personas estuvieron en un lugar determinado en un momento específico, si éste corresponde con el relato de la víctima, ello nos basta para configurar la posible participación en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Este tipo de datos de prueba se suelen reunir en las investigaciones realizadas por Comisiones Públicas de Derechos Humanos, cuyos registros pueden ser de gran ayuda en la documentación de casos de tortura.

Si logramos reunir esos elementos como autoridad investigadora, o los aportados desde la asesoría victimal, tenemos materia para formular ante una autoridad jurisdiccional una imputación por el delito de tortura y solicitar la vinculación a proceso de las personas imputadas, es decir, iniciar un proceso judicial en su contra, ya con supervisión de la autoridad administradora de justicia en un plazo determinada por esta (investigación judicializada).

Esto permitiría a las instituciones de procuración de justicia priorizar los casos en que se requiere realizar el estudio médico-psicológico conforme a lo establecido en el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Así, una vez reunido los datos de prueba suficientes para vincular a proceso un caso de tortura y que la autoridad jurisdiccional ha concedido un plazo para el cierre de la investigación, éste permite presionar a los servicios periciales de atender en el caso la realización del dictamen, ya que hay un término judicial que debe cumplirse.

Si se realizara el dictamen conforme al Protocolo de Estambul sólo en aquellos casos que tienen posibilidad real de irse a juicio, no sólo la saturación del sistema de peritos se reduciría drásticamente y la calidad de sus dictámenes mejoraría (al tener mayor tiempo y menor carga de trabajo) sino que obligaría a la autoridad ministerial a realizar actos de investigación tendientes al esclarecimiento de los hechos, en vez de sólo esperar su lugar en la larga fila a que se realice el estudio multireferido mientras se retarda el acceso a la justicia de las víctimas.

El uso del estudio médico-psicológico, conforme al Protocolo de Estambul, como el medio de prueba que consolida la investigación, permite construir casos más sólidos, ya que no es el único dato de prueba existente sino la culminación de una tarea metódica y planeada, en la que se obliga a la autoridad a que previo a solicitar esta probanza ha realizado una indagación exhaustiva de los hechos. Esto daría pie a poder iniciar más juicios por el delito de tortura o en su defecto, frente a investigaciones contundentes, obtener sentencia mediante proceso abreviados, siempre pensando en satisfacer los objetivos del sistema penal que son: verdad, justicia y reparación del daño a las víctimas.

Es por ello que planteamos que quienes operan el sistema de justicia penal deben erradicar ese mito de que sin la realización del dictamen médico-psicológico conforme al Protocolo de Estambul no se puede avanzar en una investigación, sino que deben ver a esta probanza como la jugada final de una serie de pasos encaminados a dar jaque mate a una práctica constitutiva de una violación grave a los derechos humanos como lo es la tortura.

 

* Ernesto Cárdenas V. es director del Área de Justicia Penal y Derechos Humanos del Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. @InsydeMx y coordinador del Programa de Protección a Víctimas de Tortura y Desaparición Forzada, #PROTECT. Héctor Alberto Pérez Rivera es consultor asociado de Insyde, especialista en delitos relacionados con violaciones graves a derechos humanos y director de la clínica de trata del ITAM.

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