Tres mitos económicos de Internet gratis para todos

¿Por qué tanto énfasis en que el mercado de las telecomunicaciones opere en un contexto de competencia en vez de ser subsidiado por el Estado? Porque ha sido la solución más efectiva que se ha encontrado en casi todos los países: libertad empresarial que responde a las necesidades con mayor premura que el Estado burocrático y en competencia presta un mejor servicio a mejor precio, e intervención del Estado para sancionar prácticas anticompetitivas.

Por: Ana Lilia Moreno (@analiliamoreno)

En febrero de este año, unos días antes de que la coalición de ciudadanos Internet para Todos presentara su primera iniciativa de ley ante el Congreso de la Unión, cuestioné en este espacio el modelo económico que pretende dar vida a la seductora intención de labrar en la Constitución el derecho en México al acceso universal y gratuito a Internet.

Para fortuna de Internet para todos, durante el mes de marzo, el Ejecutivo también envió al Congreso su propia iniciativa para reformar la Constitución en materia de telecomunicaciones. Esto dio lugar a una convergencia de temas respecto del derecho a acceder a las tecnologías de la información, y abrió la posibilidad de que la iniciativa de Internet para todos sea incluida en la reforma constitucional. En el debate, palabras van y palabras vienen pero, argumentos económicos sólidamente justificados encontramos muy pocos. En réplica a los comentarios que he recibido a mi artículo pasado, agradezco su interés por el diálogo y el sano debate. Empero, convencida del legítimo derecho a la información y de los beneficios de la  inclusión digital de toda la población, me permito reiterar mis suspicacias. La propuesta de subsidiar el  servicio puede causar graves confusiones al definir el acceso a Internet como un derecho. El Internet no es un derecho, como no lo es tampoco el tener una televisión, un radio o un ipod. El auténtico derecho es el de acceder a la información. A mi parecer, en torno al debate público sobre este tema se han creado ciertos mitos que vale la pena observar:

Mito #1: El modelo económico abierto-neoliberal es la razón de que el sector sea ineficiente

La iniciativa del Ejecutivo, y que actualmente se discute en el Senado, considera la inclusión digital de todos los mexicanos como “un derecho cuyo ejercicio debe darse en condiciones de competencia efectiva, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad y acceso libre”. ¿Por qué tanto énfasis en que el mercado de las telecomunicaciones opere en un contexto de competencia en vez de ser subsidiado por el Estado? Una de las razones principales es que frente a los súbitos avances tecnológicos del sector, y la necesidad de garantizar el derecho al acceso de la información, la solución más efectiva que se ha encontrado en casi todos los países ha sido abrirlo al actuar regulado de empresas privadas o asociaciones público-privadas. En este sentido, la libertad empresarial en su carácter de prestador de soluciones, actúa con eficacia cuando, ante cambios tecnológicos, responde a las necesidades con mayor premura que el Estado burocrático; y en la fricción de la competencia, busca prestar el mejor servicio a los mejores precios a sus usuarios. Asimismo, con el fin de prevenir y castigar abusos de poder ocasionados por excesivas concentraciones, la solución óptima desde la política pública ha sido la intervención del Estado como regulador a fin de prevenir el delito y sancionar las prácticas anticompetitivas.

La postura ideológica es en este sentido intermedia entre la participación del Estado, (desempeñándose como protector de los derechos de los consumidores y del proceso de competencia), y el actuar libre empresarial como oferente de soluciones rápidas y eficaces que contribuyan a elevar la calidad de vida, como sucede en las sociedades más avanzadas. 

Mito #2: Pocos proveedores en el mercado ocasionan daño por su poder monopólico

Esta industria se caracteriza por tener estructuras de altos costos de inversión y una compleja estructura operativa, factores suficientes para considerar al sector en términos particulares, al ser “natural” que la oferta en el mercado esté compuesta por pocos competidores capaces de arriesgar en proyectos de inversión altas sumas de capital. Esta cuestión da lugar a toda una sofisticada disciplina de estudio económico y del derecho. Definir los mercados y calcular el poder dominante y sus implicaciones requiere formación técnica de alto nivel. Si los proveedores de los servicios actúan de forma eficiente o pro-competitiva, entonces el bienestar de los consumidores se ve beneficiado al gozar de precios bajos, más calidad e innovación en los servicios recibidos, aún cuando los competidores tengan una participación alta en el mercado.

Nuestra tarea como sociedad civil debe ser exigir que la regulación sea efectiva, y que se castiguen con rigor y proporcionalidad las prácticas que obstaculizan el buen desempeño de los mercados. Un fortalecimiento de las herramientas legales e institucionales de defensa de los consumidores provocaría avances en términos democráticos al activar contrapesos necesarios para asegurar progreso, velocidad en la adaptación a cambios tecnológicos, sustentabilidad de los sistemas,  y protección a los derechos de los ciudadanos.

Mito #3: La red de fibra óptica de CFE debe utilizarse para dar Internet gratis a todos porque ya fue pagado por los ciudadanos por medio de impuestos

La red de CFE difícilmente puede abastecer a todo el mercado de forma directa toda vez que se esperaría una saturación por un crecimiento exponencial de datos. La reforma que plantea el Ejecutivo sí considera el uso de la red de CFE pero desde un ángulo distinto. Se propone su gestión gobernada por una empresa paraestatal para que los operadores puedan utilizarla y comercialicen los servicios a los usuarios, permitiendo los beneficios de una mayor competencia. Actualmente la red pertenece a Telmex, lo que sí afecta negativamente los costos y la competitividad del sector. Al considerar la red de CFE como un bien púbico que funja como plataforma para generar una red de transporte de datos al mayoreo, se buscará presionar a la baja los precios de los enlaces de datos. Será tarea del órgano regulador y nosotros como sociedad civil, presionar y observar para que dichas disminuciones en costos sean repercutidas al usuario final para su bienestar.

Por otro lado, ¿Cuáles serían las implicaciones de garantizar Internet para todos con subsidio del erario? México es el país miembro de la OCDE con el más bajo nivel de recaudación tributaria (OCCDE Revenue Statistics. Special Feature: taxes paid and social transfer (1965-2011). Aproximadamente 60% de la población económicamente activa no paga impuestos. Internet para todos afirma que la red de CFE se ha construido con el dinero de todos. Precisemos: la red de CFE se ha pagado con el dinero de los pocos contribuyentes que sí pagaron impuestos en el pasado. ¿No sería un gran riesgo depositar en el gobierno la responsabilidad de proveer a todos los mexicanos Internet de calidad si el gobierno recauda tan pocos ingresos? ¿Sería capaz el gobierno de reinvertir rápidamente ante cambios tecnológicos que exijan soluciones rápidas a los usuarios?

Pedir que el gobierno nos subsidie a todos es camino fácil. Focalicemos nuestras exigencias desde la sociedad hacia la optimización de un sistema económico que equilibre fuerzas con base en soluciones económicamente realistas y sostenibles. Abro la invitación a confiar en que un sistema donde la competencia es efectiva, es un sistema donde aumentan las probabilidades de generar más ganadores.

 

*Ana Lilia Moreno es investigadora y coordinadora de la Red Mexicana de Competencia en @CIDAC. [email protected]

 

 

Close
Comentarios