Iniciativa de ley vs el acoso escolar: ¿superficial o factible?

La propuesta es un dechado de buenas intenciones, parece más una compilación superficial de todas las medidas que ya existen contra el acoso escolar y no tanto un instrumento estratégico y coherente a fin de ayudar a atender el problema desde sus distintas y complejas aristas

Por: Patricio Toussaint

El 4 de junio, senadores del PRI, PAN y PRD presentaron ante la Comisión Permanente una iniciativa de ley para la prevención y atención de la violencia escolar. Para los senadores, el propósito de esta ley es “contar a nivel nacional con un marco jurídico general que prevenga, atienda y erradique el problema creciente de violencia en el entorno escolar”. Para hacerle frente al problema, la ley se enfoca en la prevención, desarrollo de capacidades, participación comunitaria, atención tanto a víctimas como a agresores, y sanciones para los que contribuyan en diferentes niveles a la violencia en el entorno escolar (maestros, padres de familia, agresores). Sin embargo, a pesar de que la propuesta es un dechado de buenas intenciones, parece más una compilación superficial de todas las medidas que ya existen contra el acoso escolar y no tanto un instrumento estratégico y coherente a fin de ayudar a atender el problema desde sus distintas y complejas aristas.

Otro de los aspectos que muestra falta de contenido de fondo en la iniciativa es la creación del Programa Nacional para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar, el cual pretende ser la base de política pública para reducir y prevenir el acoso escolar (se diseñará tomando en cuenta los insumos de todos los sectores involucrados en el tema). Sólo hasta después de que se apruebe la ley, se podrán evaluar los contenidos de éste. Lo mismo ocurre con el artículo dedicado a la prevención. Además de describir lo que significa la prevención y su importancia en el acoso escolar, la única medida concreta que expone es la obligatoriedad para las escuelas de colocar anuncios visibles exponiendo los derechos y obligaciones de toda la comunidad educativa. Esto, por sí mismo, no tendrá impacto disuasivo alguno (tal vez ni siquiera marginal).

La iniciativa también propone la creación de una serie de órganos a nivel federal, estatal y escolar con una serie de obligaciones complejas. A nivel federal, se plantea la creación de un organismo integrado por los titulares de las secretarías federales de Salud, Educación Pública, Desarrollo Social, Gobernación, Procuración de Justicia (PGR) y Desarrollo Integral de la Familia (DIF), llamada la Red. Entre las muchas tareas que se le han dado, la Red estaría a cargo de crear, aprobar y evaluar políticas contra el acoso escolar, capacitar a servidores públicos, realizar investigaciones, implementar campañas informativas y crear programas extraescolares. De igual manera, y a nivel local, se obligará a que las entidades instalen un observatorio sobre convivencia en el entorno escolar que, de manera parecida, contiene un sinnúmero de obligaciones como realizar diagnósticos, elaborar estadísticas, informes y recomendaciones para prevenir y erradicar el acoso escolar. En sí, el contenido no es perjudicial, pero lo que se propone tampoco es factible en el corto plazo. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo hay que esperar para que la Red empiece a operar y dar resultados? ¿No sería mejor enfocarse primero en esfuerzos existentes contra el acoso escolar e irlos complementando con legislación y políticas públicas? Además de lo ya mencionado, la iniciativa de ley obligaría a todas las escuelas a crear comités de convivencia escolar compuestos por estudiantes, padres de familia y maestros. El propósito de éstos es el de internalizar diferentes reglamentos y protocolos para atender y prevenir el acoso escolar.

Lo que sí se vislumbra es la creación de una carga administrativa importante para implementar todas las medidas que la ley requiere (talleres de capacitación para el personal escolar, sesiones para sensibilizar a los estudiantes contra el acoso y mucho más papeleo). Más aún, ¿cuáles serán las métricas para mostrar la eficacia de las medidas emprendidas por tales instituciones? Por si fuera poco, para complicar más la implementación, también está prevista la creación de unidades de atención integral y restaurativa en cada centro educativo, las cuales estarán conformadas por un trabajador social, un médico escolar y un psicólogo educativo. Antes de enredarse más para resolver el problema, es fundamental cuestionar qué tanto servirán las medidas propuestas para capacitar a los padres de familia, maestros y estudiantes. La pregunta fundamental es: ¿existen capacidades reales para implementar estas medidas en las más de 200 mil escuelas en todo el país (especialmente en las zonas pobres)? ¿Se cuenta con el capital humano suficiente en magnitud y capacitación en la atención de un tema tan sensible? En caso de no existir, ¿habrá alguna política que pretenda desarrollar estas capacidades? ¿Bajo qué criterios y parámetros?

Por último, en términos de sanciones, éstas van dirigidas contra cualquiera que contribuya de alguna forma u otra (no reportar, infligir, permitir, negar ayuda) a la violencia en el entorno escolar. Las sanciones involucrarían una amonestación pública, multa por cinco mil días de salario mínimo, clausura de servicio educativo e inhabilitación del cargo hasta por cinco años. A los agresores se les brindará ayuda psicológica y deberán elaborar actividades a favor de la comunidad escolar. Pero lo que realmente no se contempla y que en oportunidades anteriores ha generado una gran impotencia es que en casos fatales de acoso escolar no se pueda castigar a los agresores debido a su condición de menores de edad y, en no pocos casos, ni siquiera contar con la edad suficiente para ingresar en el Consejo Tutelar. Esta situación es muy diferente en países como Estados Unidos. En un ejemplo reciente donde dos niñas de doce años apuñalaron a una de sus compañeras y la dejaron al borde de la muerte, las niñas enfrentan cargos por intento de homicidio y han sido acusadas como adultas, ni más, ni menos.

La iniciativa contra el acoso escolar deja más dudas que las que pretende resolver, y también demuestra la ausencia de una estrategia definida para afrontar el problema de manera práctica. Por ejemplo, las áreas más importantes como las políticas y mecanismos para prevenir y atender la violencia en el entorno escolar no se han definido. El éxito de dicha ley radicará en la implementación, no en las buenas intenciones de su texto. Por desgracia, la complejidad de su diseño y la tentación de querer resolverlo todo con la formación de instituciones por doquier, parece replicar el modelo que suele seguirse en otros ámbitos de la vida nacional.

Más instituciones no necesariamente derivan en un mejor entorno de atención a una problemática. Aunque suene paradójico, tal vez sería adecuado hacer una pausa en esta obsesión por generar órganos, consejos, institutos y demás, y tratar de trabajar desde la base donde nos encontramos parados. Por qué no mejor invertir en la generación de mejores condiciones de vida en los entornos sociales más complicados. A fin de cuentas, la conducta agresiva de un menor suele estar muy influida por su entorno fuera de la escuela. El acoso escolar sí pasa por la disuasión de una conducta, pero también tiene un componente significativo en que el mismo menor conozca la relevancia del respeto, la tolerancia y la convivencia armónica. Con una nueva ley, nuevos consejos y nuevos lineamientos para los centros docentes, los legisladores, primero, y las autoridades educativas, después, tendrán todo tipo de medallas para colgarse al cuello. De eso a haber avanzado en una solución realista y eficaz, todavía hay un buen trecho.

 

* Patricio Toussaint es investigador de @CIDAC

 

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