La Iniciativa

Con todo y el proceso de perfeccionamiento que necesariamente deberá seguir, la iniciativa de regulación de la mariguana en nuestro país es racional: representa un avance sustantivo en el combate al mercado negro y abre, como no se veía en el país desde los años cuarenta del siglo pasado, una vía de solución alternativa.

“El objetivo no puede ser erradicar el consumo de una sustancia con tal prevalencia como la tiene la cannabis”.

 

La Iniciativa de regulación de la mariguana presentada el jueves 8 contiene todos los puntos que, atañendo al más puro sentido común, cualquiera querría ver como parte de una legislación de corte progresista destinada a cambiar el tradicional paradigma que señalaba (se siente bien conjugar el verbo en pasado) a la mariguana como una de las sustancias más peligrosas del planeta. Naturalmente pasará mucho tiempo antes de que quienes sigan considerando al alcohol y el tabaco como elementos menos dañinos toleren el hecho de que un semejante prefiera la mariguana por encima de las sustancias hoy legales en el país, pero esa arista (que llevará a muchos a suponer que a partir de su legalización, súbitamente a todos les va dar por ponerse pachecos en todos lados, todo el tiempo) será una de las muchas rebabas que la normalización deberá limar con el tiempo.

La propuesta, largamente esperada, sienta las bases para implementar una regulación que busque abarcar todos los aspectos que, circunscritos al ámbito de la ley, contribuyan al establecimiento de una industria local que genere impuestos y no ganancias para criminales, pero por encima de todo parte de su acierto consiste en privilegiar los derechos del consumidor y autoconsumidor: treinta gramos de portación permitida implican un gran paso adelante en un país en el que antaño la sola posesión de un churro podía significar cárcel. Veinte plantas de cannabis permitidas en casa hablan de una propuesta legislativa mucho más realista y asentada que incluso la canadiense, donde la ley tolera tan solo cinco plantas dentro de cualquier domicilio.

Con todo, ciertos aspectos podrían ser matizados dentro de la iniciativa. La prohibición asentada en el artículo 28 a la venta de productos comestibles derivados del cannabis se antoja desproporcionada si tomamos en cuenta que el etiquetado podría constituir una herramienta útil de diferenciación para evitar confusiones, independientemente de que la venta de tales productos  -como ocurre en Canadá y los territorios estadunidenses donde la sustancia es legal- se destine, como es natural, a mayores de edad.

Con todo y el proceso de perfeccionamiento que necesariamente deberá seguir, la iniciativa de regulación de la mariguana en nuestro país es racional: representa un avance sustantivo en el combate al mercado negro y abre, como no se veía en el país desde los años cuarenta del siglo pasado, una vía de solución alternativa, muy útil en tiempos en los que el respeto a la libertad individual debe ser parte esencial de cualquier nuevo orden.

 

@elimonpartido

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