Los científicos forenses como actores sociales

¿Cómo crear instituciones forenses autónomas y dotarlas de personal con un claro perfil de investigación científica cuando tenemos instancias de procuración de justicia que entienden la investigación como una mera recopilación de anécdotas de nota roja y que concluyen por anticipado apelando a una retahíla de prejuicios?

Por: Diana Bustos-Ríos

El momento actual en México nos presenta una empresa única en cuanto a la persecución de conductas penales. Enfrentamos un momento histórico donde convergen tres procesos críticos: el descrédito del sistema de justicia que ha operado de manera ineficiente, la crisis humanitaria desencadenada por la llamada “guerra” contra el narco y la reforma del Estado, que desde 2008 ha instrumentado la adecuación del sistema procesal penal, desembocando a partir de junio de 2016 en la instauración de un sistema procesal penal acusatorio donde “los derechos del procesado no son amenazados por el ejercicio del poder público, sino que las autoridades persecutorias y jurisdiccionales están colocadas en un nivel de igualdad legal con respecto de la defensa y del inculpado”[1]. Esto no significa un salvoconducto para los delincuentes, sino que subraya la dignificación humana en un país acostumbrado a llenar sus cárceles de inocentes. En todo esto ¿qué papel juegan las ciencias forenses y quienes las detentamos?

En el nuevo sistema se espera que la autoridad juzgadora tenga elementos probatorios de la culpabilidad de un imputado, es decir, que exista una lógica entre los elementos ofrecidos como prueba. Las opiniones técnicas requieren ser integradas de una manera sistemática y lógica conforme a las conclusiones de la línea de investigación. Esto implica mucho más que un cambio de siglas (de “Procuraduría” a “Fiscalía”), la publicación de protocolos de intervención o la promulgación de nuevas leyes, se trata de crear instituciones forenses autónomas y dotarlas de personal con un claro perfil de investigación científica. Pero ¿cómo avanzar en ese sentido cuando tenemos instancias de procuración de justicia que entienden la investigación como una mera recopilación de anécdotas de nota roja; que concluyen por anticipado apelando a una retahíla de prejuicios?

El 3 de mayo pasado hemos sido testigos de cómo ante el asesinato de una mujer en Ciudad Universitaria, la Procuraduría de la Ciudad de México se apresuró a lanzar tuits para informar que se trataba de una joven que no estudiaba, vivía de pasear perros y era alcohólica… además la prensa, irresponsablemente, hizo eco de tales declaraciones reportando que fue identificada por su novio con el cual vivía en concubinato. Pareciera ser entonces que lo normal es que en las Carpetas de Investigación se privilegie la lógica del chisme, mientras que lo escandaloso es la inusual hora para salir a pasear a la mascota.

La situación es muy similar en el resto de los estados: en la mayoría, las líneas de investigación son un cúmulo inconexo de peritajes y oficios que no trascienden jamás a teorías del caso y por ende no prosperan hacia las vinculaciones a proceso: nadie sabe, nadie supo.

Este entorno es el que permite que crezca el nivel de impunidad: asesinatos, levantones, desapariciones forzadas y feminicidios que se replican sin fin por todos los rincones del país. Las carpetas de investigación están integradas tomando minuciosa nota de datos tendientes a exponer como “lógica” la ausencia de un ser querido: era narco, andaba de noche, tenía malas juntas, era marimacha, no estudiaba, salía muy seguido, era policía, tenía muchas fotos coquetas en Facebook, estaba desempleado, se vestía de mujer, quién sabe en qué andaría y así hasta que terminamos hartos, frustrados, enjaulados en el silencio.

La ausencia de un criterio científico entre los profesionales encargados de analizar los indicios recabados en contextos criminales es grave en la actual coyuntura. Baste mencionar que en el Foro Universitario La UNAM y los Desafíos de la Nación, llevado a cabo recientemente en la Facultad de Derecho, el exmagistrado Guillermo Ortiz Mayagoitia señaló que en el país hay más de 29,000 personas desaparecidas, 850 fosas clandestinas y 60,000 desplazados: se ha roto la seguridad como valor fundamental de lo jurídico. En palabras del ministro de la Suprema Corte José Ramón Cossío Díaz, en este contexto al Poder Judicial se le dificulta garantizar los derechos humanos, pues “Ni las policías, ministerios públicos, defensores públicos y forenses han adquirido las habilidades indispensables para contender, actuar y ser asertivos en un nuevo sistema de justicia como el que hoy tenemos, por lo que no se ve como un sistema completo y funcional”[2].

Ahora bien, respecto al tema de las desapariciones forzadas y levantones, debemos decir que “lo forense” es mucho más que la identificación de cuerpos. Este fenómeno criminal ha colocado los temas de la búsqueda de los desaparecidos y de la localización de fosas en el centro de la discusión pública, convirtiéndose por ello en el ámbito donde la palabra forense cobra sentido, pues en sí remite al foro, espacio de la antigua civilización griega donde se deliberaba en torno a los problemas de la ciudad. Es por ende un deber ético de toda la comunidad académica y científica participar orientando a la opinión pública e informando a los agraviados sobre cómo debieran ser los procesos de investigación penal. En suma, creando pensamiento crítico en una sociedad que ha perdido el rumbo y la esperanza.

Enfrentamos un complejo escenario donde, por un lado, se encuentran las víctimas indirectas buscando a sus familiares y, por otro, se recuperan cuerpos (y a veces únicamente fragmentos de ellos) de los que se desconoce por completo su identidad. Pareciera tratarse de dos mundos condenados a errar por diferentes derroteros sin posibilidades de reencontrarse jamás. En medio de la confusión generalizada, los actores involucrados no están llegando a puntos de entendimiento que permitan trazar soluciones sólidas que fortalezcan el sistema de justicia. El Estado mexicano está empecinado en una biopolítica autoritaria, donde los cuerpos y sus identidades “le pertenecen”: los familiares no deben intervenir fosas porque “contaminan” la escena del crimen. Este discurso monolítico es falaz e impide la comunicación efectiva, pues no hay motivo para seguir ocultando un secreto a voces: la realidad es que hay un lamentable nivel de rezago en la capacidad de investigación, construcción de hipótesis y argumentación en los servicios periciales de todas las procuradurías del país; que dichas instituciones carecen de personal suficiente y, por supuesto, que el nivel de violencia hace prácticamente imposible recuperar en un lapso corto 30,000 cuerpos y sus identidades. Si partimos desde aquí, se abren las posibilidades de entendimiento, de otro modo se está enviando un mensaje de intención por la opacidad.

En el otro lado del escenario, las miles de familias de agraviados no han tenido el respaldo suficiente de organismos de Derechos Humanos ni de la comunidad académica para romper con esa biopolítica de la opacidad. Como instituciones solidarias tampoco hemos sabido llevar la discusión más allá de la búsqueda de soluciones paliativas: es de vital importancia fomentar la discusión bioética sobre los procesos de identificación humana y con ello, empezar a hablar de un indispensable manejo científico y certero de información biológica propiedad del donante (vivo o fallecido).

El derecho a la verdad, es decir, el derecho humano de los agraviados a saber qué fue lo que pasó, comienza en la identificación del fallecido y la pericial en genética es en realidad la última etapa de un proceso de investigación forense. Es decir, la confiabilidad de una muestra no comienza con su manejo en el laboratorio, sino desde el espacio mismo donde es recuperado un cuerpo. Más aún, la obtención de un perfil genético no es el objetivo del proceso de identificación, sino contar con diferentes pruebas científicas que nos permitan recuperar la identidad de una persona. Es decir, se trata de un proceso de investigación donde se recuperan evidencias culturales (objetos asociados) e información somatológica, osteológica y genética. Los datos derivados de este análisis nos permiten sostener científicamente la probable identidad de un desconocido involucrado en una controversia legal: no basta con integrar perfiles genéticos en una base de datos para recuperar las identidades de las personas fallecidas en calidad de desconocidos.

Por ende, la resolución de los casos de desaparición es un proceso largo que deberemos afrontar con madurez, no legislando al vapor ni ofreciendo paliativos indulgentes a una sociedad profundamente lastimada. Sin embargo, debido al descrédito de las autoridades y la opacidad con la que se conducen para explicar la lentitud de sus reacciones, han surgido fenómenos como el de las “búsquedas ciudadanas” e incluso de las bases de datos genéticas “ciudadanas”. Se trata de iniciativas de profesionales de las ciencias biológicas y antropológicas que tampoco hacen una reflexión bioética respecto a las expectativas que ofrecen a las personas ni esclarecen sus mecanismos de consentimiento informado para pedirle a los familiares muestras de saliva que supuestamente se van a usar para hacer confrontaciones con perfiles de desaparecidos, sin esclarecer cómo es que van a tener acceso a esta clase de información, dado que por su naturaleza es de competencia de los actores involucrados en un proceso legal (fiscales, peritos comparecidos en la Carpeta de Investigación y abogados defensores).

Creo que el origen de este problema está en las expectativas fantasiosas creadas por la creciente ola de telenovelas de investigación criminal donde pareciera que la investigación forense no sólo es sencilla, sino casi milagrosa. Ello ha sobredimensionado las posibilidades de los estudios genéticos para la identificación de restos humanos.

La industria del entretenimiento estadounidense emprende una campaña mediática donde se representa su sistema de justicia como altamente eficaz en razón de la tecnología disponible para uso forense: el resultado obtenido a través de un ensayo se torna no en elemento de prueba, sino en “la verdad” revelada tecnológicamente, sin que medie mínima alusión a la importancia de las capacidades interpretativas del perito investigador para plantear una hipótesis y sustentarla. Así, en el imaginario popular el resultado proporcionado por una máquina es la condición sine qua non para la identificación de los desaparecidos fallecidos, la consignación de culpables y por ende, la justicia.

Más allá de la habilitación de infraestructura, incluso además de la adopción de protocolos internacionales en la normatividad mexicana, lo que se requiere es posibilitar la institucionalización de los peritos como científicos, no como operarios de instrumental forense y es esto lo que académicos y organizaciones sociales debemos priorizar cuando las organizaciones de agraviados nos buscan para pedir orientación y ayuda. Considero que orientar la opinión pública hacia la petición de eficiencia técnica en la obtención de perfiles genéticos constituye un atropello al consentimiento informado. Las organizaciones civiles que promueven las bases de datos genéticas como un elemento aislado que resolverá todo de manera casi instantánea, no ofrecen a los agraviados la oportunidad de considerar ir por la estrategia de exigir un alto perfil de investigación en los peritos involucrados en las periciales de identificación: médicos legistas, antropólogos, odontólogos y genetistas.

Más aún, también es importante plantear los aspectos bioéticos y jurídicos relacionados con la toma de muestras: lo ideal es pedirla a las víctimas indirectas una vez que se tiene información suficiente sobre las circunstancias de hallazgo y probable identidad de los fallecidos. Esto es sumamente relevante si partimos de que se trata de una muestra que contiene información biológica sobre las personas que puede constituirse en instrumento de poder en manos de terceros. El genoma de un individuo representa la más íntima expresión de su estado de salud, no solo actual, sino también futuro. Miles de enfermedades revisten carácter hereditario y pueden quedar reflejadas en los análisis realizados, además la muestra biológica tiene potencialmente datos sobre la persona a analizar, pero también sobre sus familiares consanguíneos. Por este motivo, la información obtenida ha de ser pertinente para la finalidad perseguida por el análisis, en resguardo de la autonomía del sujeto y privilegiando su derecho a la protección de su intimidad.

En suma, considero que el tema de las bases de datos genéticas requiere una profunda discusión bioética que nos haga tornar la mirada a las maneras en que –voluntaria o involuntariamente-, estamos actuando desde una postura paternalista o francamente coercitiva al limitar el conocimiento de las familias agraviadas respecto a lo que implica un proceso de identificación humana, donde es la integración de muchos tipos de información lo que permitirá recuperar la identidad de los cuerpos no identificados y no sólo la colecta de datos biométricos que requieren un marco legal preciso, el cual tampoco está construyéndose en lo inmediato. Es momento pues de que los científicos y académicos forenses hagamos parte de nuestra práctica cotidiana el comportamiento ético en el sentido socrático: fomentar el pensamiento crítico entre los ciudadanos para crear una mejor sociedad.

 

@bioeticaunam

 

* Las opiniones publicadas en este blog son responsabilidad únicamente de sus autores. No expresan una opinión de consenso de los seminarios ni tampoco una posición institucional del PUB-UNAM. Todo comentario, réplica o crítica es bienvenido.

 

 

[1] Montes Nanni, Carlos, “El sistema procesal penal acusatorio y oral en México”, Pluralidad y Consenso, v.3 n.17.

[2] Hernández, Mirtha y Laura Romero. “Hay grave crisis en seguridad y justicia”, Gaceta UNAM, 20 de abril de 2017.

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